¿Estáis encantados, pitufos, independentistas todos, por la destitución del coronel Pérez de los Cobos, estáis contentos, a que sí? O sea que pensáis que de alguna manera remota, ya que Dios escribe con renglones torcidos, ahora, por pura casualidad, porque se acerca la Navidad, ahora se ha hecho un poco de justicia y se está restituyendo la verdad, y se está castigando a uno de los responsables de la represión contra Catalunya? ¿Lo pensáis en serio? Porque a vosotros, de hecho, os importa mucho quién es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, ¿cierto? Su sustituto seguro que os gustará y ahora el mundo será mucho mejor. Muy bien. ¿Y me queréis hacer creer que quien ha comenzado esta operación de limpieza contra la ultraderecha armada, de la ultraderecha financiada por el presupuesto del Estado, no es sino un gran amigo nuestro y de Catalunya, el defensor de la verdad y de la justicia, el conocido ministro-juez, el conde-duque Grande Marlaska? ¿El hábil represor que hizo detener a independentistas hace pocos meses, sin pruebas, y que siempre ha aplaudido y defendido la brutal represión del primero de octubre de 2017? Que santa Lucía os conserve la vista. Que el gobierno de Pedro Farsánchez mienta a cada momento no quiere decir que nos tengamos que tragar las falsedades de su propaganda. Que los de Vox y los de Podemos se peleen no evita que siempre terminen uniéndose cuando lo requiera la ocasión. Porque todos ellos están de acuerdo en una cosa muy importante, significativa: que la mejor contrapropuesta, práctica, realista, al proyecto de independencia de Catalunya es la destrucción de Catalunya como nación, como identidad colectiva y como autogobierno. La velocidad y la intensidad de la destrucción varía, según sea tu interlocutor, según la mala conciencia de quien tengas delante, pero éste es el gran proyecto que une a España. El anticatalanismo sin complejos.
Una jueza, Carmen Rodríguez-Medel, hija de guardia civil, quiere saber si el gobierno del PSOE-Podemos actuó —o no actuó— de manera temeraria decretando el confinamiento contra la pandemia, demasiado tarde, de manera imprudente y criminal. Quiere saber si se habrían podido salvar muchas vidas y buena parte de la economía del Estado si se hubiera actuado bastante antes. Si Madrid no se hubiera convertido en un foco mundial de muerte. Quiere determinar si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, si el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, si el gobierno español, en su conjunto, ocultó información a los ciudadanos por motivos políticos, por razones de oportunismo político. Concretamente durante la manifestación feminista del 8 de març. Y para saber si la información de la que disponían, realmente, los responsables era diferente de la que proclamaron a los cuatro vientos, la juez toma la iniciativa y habla con la policía judicial, con la guardia civil, concretamente con Pérez de los Cobos y le pide un informe. Un informe que, necesariamente, debe ser secreto. Una jueza, ella sola, se pone a investigar al gobierno de España. Y cuando el ministro-juez Marlaska se entera de que el tercer poder está investigando la actuación del primer poder, del ejecutivo, hace lo que se suele hacer en una república bananera. Pedir a la policía que le deje ver el informe. Quiere saber el contenido del informe, porque usted no sabe con quién está hablando, que yo soy ministro. Y exige al coronel Pérez de los Cobos que le entregue los papeles. Y se ve que el coronel se niega. Precisamente él, un coronel que llegó tan alto gracias a Alfredo Pérez Rubalcaba, que todo el mundo sabe que fue un gran benefactor de la humanidad. Y como el coronel se niega el ministro le destituye de manera fulminante. Pero sin declarar el auténtico motivo, que Pérez de los Cobos es despedido por negarse a saltarse la ley.
Parece que la credibilidad del gobierno de Farsánchez no puede reducirse aún más, un poco más, pero la verdad es que lo consigue cada día que pasa. El juego de las mentiras, de la propaganda desvergonzada y de las ilegalidades no parece tener freno. Las explicaciones del gobierno, siempre cambiantes, siempre provisionales y contradictorias me demuestran que estamos ante una inacabable bola de falsedades que cada día tratan de tapar de manera improvisada. Y desvergonzada, porque ya les da igual que se vea bien que están mintiendo. Cuando el hombre con las manos más limpias de Eurasia, José Zaragoza, acusó a Puigdemont y a los suyos de haberse contaminado colectivamente en Perpinyà el 29 de febrero, contra cualquier evidencia médica, contra cualquier información a ambos lados de la frontera, estuve seguro de un hecho. Que la acusación era una mentira que intentaba tapar la culpabilidad de lo ocurrido en Madrid el 8 de marzo. Una ciudad entonces ya fuertemente contaminada. Y que asociar el virus al independentismo era una posibilidad para ocultar la auténtica verdad. Que el centralismo de Madrid, que el españolismo, ha causado muchas muertes y una catástrofe económica sin precedentes.
Pérez de los Cobos no es nadie en este conflicto. Ni es el responsable de la represión contra Catalunya, aunque su facha de fanfarrón le hizo ganar, merecidamente, todas las antipatías. En una sociedad de derecho, democrática, en una sociedad civilizada, la justicia es para todos, también para los fascistas. Porque si no fuera así, entonces entraríamos en el territorio del abuso, de la justicia a la carta, en el territorio de la justicia del juez Marchena. Según quién sea el acusado, así es la justicia. Una justicia que condena a Jordi Cuixart y a Jordi Sànchez a muchos años de cárcel porque son independentistas y, en cambio, tolera, sin consecuencias las manifestaciones del otro día. La justicia que yo quiero para mi país no puede ser la de Pancho Villa, que era tan expeditiva como temperamental, tan superficial como criminal, tan espontánea como terrorista.