"Se lo pasarán por el forro". Esta es la frase que durante todo el día del jueves he oído más repetida coincidiendo gente corriente y sabios juristas. Lo más interesante de las reacciones a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo es que prácticamente todo el mundo acepta su consistencia jurídica, incluso los que la lamentan dramáticamente y amargamente, pero la mayoría expresa al mismo tiempo la escasa confianza en que el Tribunal Supremo rectifique la injusticia cometida. El análisis, hecho con brocha gorda, es el siguiente: si antes han hecho todas las trampas imaginables, no van a proclamar ahora el mea culpa. Entonces, la pregunta deberá ser: y si se lo pasan por el forro, ¿qué hacemos? He aquí el debate para las próximas semanas.
Antes se trataba de defender la soberanía española ante el desafío catalán. Ahora la defensa de la injusticia se disfraza de defensa de la soberanía española ante Europa. Como describía más que opinaba el colega Zarzalejos, "por encima de la verdad está la unidad de España". Ahora la unidad de España también pasa por encima de la justicia. Sin embargo, no estamos ante un problema de soberanía, como sostienen los diversos portavoces de la caverna política, mediática y judicial, sino ante una flagrante vulneración de derechos fundamentales. Sin derechos, los que se consideran depositarios de la soberanía no son más que usurpadores.
No estamos ante un problema de soberanía, como sostienen los diversos portavoces de la caverna, sino ante una flagrante vulneración de derechos fundamentales. Sin derechos, los que se consideran depositarios de la soberanía no son más que usurpadores
Y que el Tribunal de Justícia de Catalunya haya esperado a que se haga pública la sentencia de Luxemburgo para comunicar la condena de inhabilitación al president de la Generalitat por colgar unos carteles que pedían libertad, también pone en evidencia la coordinación política de un poder judicial que ha asumido el papel de centinela ante un enemigo inventado por necesario.
Con todo, se nota en algunos sectores conservadores y de la derecha mediática una íntima satisfacción con todo lo que está pasando, no porque les guste la sentencia del tribunal europeo, sino porque han recuperado la esperanza de que todo este lío haga imposible la investidura de Pedro Sánchez, que ahora mismo en el Madrid ensimismado es lo único que ocupa y preocupa.
Y a pesar de todo, pase lo que pase, no se pueden pasar por alto las consecuencias de un descrédito tan enorme de una institución de la importancia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo plantea un caso que, dependiendo de las estrategias jurídicas, podría desembocar en una acusación en el Tribunal Supremo de prevaricación. El delito de prevaricación se comete cuando un servidor público dicta una resolución sabiendo que es injusta. El mismo tribunal que autorizó a Oriol Junqueras tomar posesión de su escaño como diputado en el Congreso, le negó al mismo Junqueras hacer lo mismo para tomar posesión como eurodiputado y lo hizo por razones arbitrarias y políticas. Los argumentos fueron que pondría en "irreversible peligro", los objetivos del proceso penal contra el líder de ERC, precisamente porque la condición de eurodiputado podría implicar la inmunidad de Junqueras y ya no lo podrían condenar como pretendían. Aun así, el mes de julio, cuando aún Oriol Junqueras y demás procesados independentistas no habían sido condenados, el magistrado Manuel Marchena presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Prejudicial significa antes del juicio, por lo tanto tenía que haber esperado a resolver estas cuestiones previas antes de dictar sentencia, pero no lo hizo por las mismas razones expuestas cuando le impidieron a Junqueras recoger el acta de parlamentario europeo. Ahora la sentencia de Luxemburgo pone en evidencia no sólo que la decisión del Supremo no era correcta, sino que estaba determinada por un objetivo político. Seguramente por eso, me comentaba ayer un vecino de Gràcia, "a Marchena le darán otra medalla”.