Es obvio que tanto Pedro Sánchez como Quim Torra no querían echarlo todo a perder el primer día. De hecho, no se lo podían permitir, sobre todo el presidente del gobierno español, que necesita los votos soberanistas para ir tirando hasta el año 2020. Tampoco ninguno de los dos presidentes estaba en condiciones de acordar nada fundamental con su interlocutor, así que lo que han hecho ha sido inaugurar el retorno a la política, a las relaciones políticas entre adversarios políticos, valgan todas las redundancias y, como dice la canción del cantautor, "cada loco, con su tema".

Las buenas palabras del president Torra como las optimistas versiones de la Moncloa han creado un clima de distensión que consiste en conjurarse para evitar que las iniciativas a las que está obligado cada uno, sean declaraciones políticas soberanistas, sean impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, como pasó la semana anterior, no desemboquen en una nueva ruptura de relaciones. Dicho sea sin acritud ni para suministrar pólvora los hiperventilats, es una especie de entente cordiale que ya practicaron Felipe González y Jordi Pujol tras la querella de Banca Catalana. En cada encuentro, se inventaban una nueva comisión bilateral, que es una manera de chutar la pelota muy lejos.

Ahora hay una pregunta muy fácil de hacer: con este nuevo clima que se acaba de estrenar, ¿a quién le interesa la extradición de Carles Puigdemont?

Esto puede enfurecer a buena parte del soberanismo sin saber la parte secreta de la reunión. En todo caso, Sánchez y Torra no habrían estado dos horas y media hablando si no tenían ganas de dar la sensación de que se abren nuevos caminos, que no convergerán en las cuestiones políticas, pero que serán imprescindibles desde el punto de vista procesal. Ya pueden ir diciendo unos y otros ―y por razones opuestas― que los presos no son materia negociable, pero si lo fueran tampoco lo dirían. Sánchez y Torra son conscientes de que la existencia de presos y exiliados hará imposible la normalización política y desde el ejecutivo español todavía hay mucho margen de actuación a pesar de que la última palabra la tengan los jueces. Nada de esto tendría sentido si no fuera por los presos. Es difícil imaginar que en las estrategias de ambos presidentes no figure la situación de los encarcelados como una prioridad. Ahora hay una pregunta muy fácil de hacer. En este nuevo clima que se acaba de estrenar, ¿a quién le interesa la extradición de Carles Puigdemont?

Por otra parte, la nueva fiscal general, María José Segarra, ya ha dicho que no está decidido ni mucho menos cómo se formularán las calificaciones de los delitos que se atribuyen a los líderes independentistas y los que la conocen aseguran que no comparte con sus antecesores en el cargo la existencia del delito de rebelión ni la prolongación de la prisión provisional.

Llegados a este punto, al igual que la transición del 78 se desarrolló bajo vigilancia militar, ahora parece que los jueces, amparándose en el jefe del Estado, quieren ser ellos los que fijen el criterio oficial. Hay buen clima político. Sánchez y Torra ha asumido riesgos, pero sí puede echarlo todo a perder y muy pronto el juez Llarena si suspende en sus funciones parlamentarias a los diputados encarcelados. Sería un acto de sabotaje. Aunque también podría evitarlo ordenando la libertad provisional. A ver

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