La fiscalía de la Audiencia Nacional ha afirmado que no se puede juzgar a los acusados del 'procés' en Catalunya por la presión ambiental a la que estarían sometidos los jueces. Literalmente, el fiscal Pedro Rubira ha preguntado "Puede haber imparcialidad y serenidad, si se manda la [causa por] rebelión y sedición a Catalunya? Ustedes piensan que puede haber esta serenidad? ¿Que puede haber esta imparcialidad?". Después, el fiscal ha tenido que rectificar y ha retirado la acusación de parcialidad de los jueces pero no el argumento de fondo, según el cual la justicia es impracticable en Catalunya por la presión externa.

Seguramente, el fiscal Rubira tendría en mente algunos antecedentes. En el año 2012, por primera vez en décadas, un fiscal conservador, Martín Rodríguez Sol, fue nombrado fiscal superior de Catalunya. Era conservador pero conocía bien la Constitución y de la misma manera que lo escribieron el catedrático Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos, y Francisco Rubio Llorente, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, opinó que existían vías constitucionales para hacer una consulta en Catalunya, dentro de la ley. Su opinión le costó el cargo. El entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, lo destituyó después de que el diario El Mundo publicara un editorial exigiendo la cabeza de Rodríguez Sol. Después, una vez se celebró el "proceso participativo" del 9N, la fiscalía de Catalunya rechazó por unanimidad presentar una querella contra Artur Mas por considerar que no existía base legal para iniciar acciones penales. Torres-Dulce tuvo que desautorizar entonces la fiscalía de Catalunya y, argumentando la "unidad de actuación y dependencia jerárquica", impuso la presentación de la querella que ha comportado la condena conocida ayer de trece meses de inhabilitación para el presidente Mas, nueve para la vicepresidenta Ortega y seis para la consellera Rigau.

Aplicando la doctrina del fiscal Rubira y haciendo una comparativa entre la presión ambiental en uno y otro lugar, llegaremos a la conclusión de que si en Barcelona la justicia es impracticable, en Madrid no pasa de ser, como dijo aquel, "un cachondeo ".

Queda claro, pues, que los criterios cambian mucho si se aplican desde Barcelona o desde Madrid y está claro que por esa razón la parte principal del procés se ha trasladado a la capital del reino, donde, según los argumentos del fiscal Rubira, los jueces están libres de presión. Tan libres como que el 3 de octubre de 2017 el rey Felipe VI declaró, sin juicio previo, que las autoridades de Catalunya "han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado". Después, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, advirtió que "La unidad de la nación española es un mandato directo para los jueces". El mismo escrito de acusación de la fiscalía general del Estado contra los líderes independentistas se ampara en la reclamación hecha por el Rey "a los poderes del Estado". Es en Madrid donde responsables gubernamentales como la secretaria de Estado Irene Lozano dan por condenados los acusados y también suele ocurrir en Madrid que el líder del PP, Pablo Casado,  el de Ciutadans, Albert Rivera, y la gente de Vox reclaman cada día condenas ejemplares. Y también fue en Madrid donde el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, afirmó que "controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo desde atrás"

Aplicando pues la doctrina Rubira y haciendo una comparativa entre la presión ambiental de uno y otro lugar, llegaremos a la conclusión de que si en Barcelona la justicia es impracticable, en Madrid no pasa de ser, como dijo aquel, "un cachondeo".