Los misterios, las dudas y las sospechas sobre los atentados del 17-A han abierto finalmente un debate mediático en vez de una comisión de investigación que unas y otras informaciones no hacen más que justificar. Y esto se debe, tal y como han reconocido ElDiario.es y La Vanguardia, a las exigencias de los lectores que quieren saber la verdad y se quejan de que se la oculten. Es precisamente el silencio institucional el que alimenta las teorías, que, ciertamente, algunas son conspirativas, pero otras no lo son en absoluto. La función social primordial de los Estados es proteger a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho a saber si su Estado hace bien el trabajo que le tiene confiado.

Hay que descartar que el CNI lo sabía todo y dejó hacer para que un atentado yihadista detuviera el proceso soberanista. El mismo periodista de Público que ha levantado las investigaciones, Carlos Enrique Bayo Falcón, se ha desmarcado desde el principio de la conspiración. La cuestión es si las cosas se hicieron bien y qué es lo que falló y quiénes son los responsables, teniendo en cuenta que el imán de Ripoll era confidente del CNI y de la Guardia Civil. De todo lo publicado habría que aclarar de una vez por todas si el CNI o la Guardia Civil sabían que Es Satty utilizaba la casa de Alcanar. Y sería grave que lo supieran y también que no lo supieran teniendo como tenían al imán como interlocutor privilegiado. Los Mossos no pudieron entrar en el edificio hasta dieciséis horas después de la explosión de gas, una vez los bomberos habían hecho su trabajo, y no disponían de ningún dato que relacionara la casa con el imán.

Hay un asunto que hay que destacar sobre el mal funcionamiento del Estado en su conjunto y que ha sido objetivamente perjudicial: la negación sistemática de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los Mossos. Si la policía catalana hubiera tenido toda la información de la que disponía el CNI y la Guardia Civil sobre el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty habría estado más vigilado, lo habría tenido mucho más difícil para llevar a cabo sus objetivos terroristas e incluso quizás, quizás, quizás los Mossos habrían podido impedir la tragedia del 17 de agosto. No es una cuestión banal. Este es el fondo de la cuestión que, habida cuenta de la gravedad de los hechos, deriva en escándalo.

Si la policía catalana hubiera tenido toda la información de la que disponía el CNI sobre su confidente, el imán de Ripoll lo habría tenido mucho más difícil para llevar a cabo sus objetivos terroristas e incluso, quizás, quizás, quizás los Mossos habrían podido impedir la tragedia del 17 de agosto

No informar a los Mossos era una irresponsabilidad temeraria. Lo confirma el hecho de que después de los atentados, el Estado no ha tenido ya suficientes argumentos para continuar aislando la policía catalana de las informaciones relacionadas con la lucha antiterrorista y ha accedido finalmente a incorporar al cuerpo policial catalán en el Centro Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Durante todo el tiempo que esto no era así, los ciudadanos, no sólo de Catalunya, estaban estúpidamente más desprotegidos, a pesar del grado de alerta de amenaza terrorista, que era de 4 en una escala de 5.

Es una obviedad que la sustitución de la Policía Nacional y la Guardia Civil por los Mossos, fruto del pacto del Majestic entre la CiU de Pujol y el Gobierno de Aznar nunca fue bien digerida. Enseguida surgieron obstáculos permanentes pera su financiación. Después, los Gobiernos de Rajoy impidieron el crecimiento del cuerpo catalán. Durante seis años no se aprobaron nuevas promociones dejando la ratio catalana de policías por habitante en los niveles más bajos de Europa. Ahora suben las estadísticas sobre criminalidad, un fenómeno motivado por varios factores, entre ellos, la falta de efectivos policiales, sobre todo en Barcelona.

Si la función social primordial de un Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Estado se ha comportado con negligencia en Catalunya. No ha hecho ni ha dejado hacer y todo por una desconfianza política atávica. Es la mentalidad separadora que siempre ha considerado ajena no sólo la policía catalana, también las instituciones de autogobierno, la lengua y cualquier expresión autóctona diferente, que obviamente ha alimentado las ansias soberanistas.

Al día siguiente de los atentados, se celebró una cumbre de las autoridades políticas con los responsables de todos los cuerpos policiales. Asistieron los presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Zoido, el conseller Joaquim Forn y la alcaldesa Ada Colau. Tenían que informar de la situación los jefes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los Mossos. Ante las vaguedades de los mandos de las fuerzas estatales, el major Trapero dio una lección de profesionalidad, con informes precisos sobre lo que había pasado, lo que podría pasar, los dispositivos que se habían puesto en marcha, la situación de las víctimas, el apoyo a las familias, los contactos con los consulados... No sólo no le felicitaron sino que aún no le han perdonado dejar en ridículo a sus homólogos estatales. La respuesta fue el envío de miles de policías estatales para combatir el referéndum del 1 de octubre y la venganza contra el cuerpo de Mossos y especialmente contra el major Trapero. Le acusan ante los tribunales de todo lo contrario de lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional. Es un servidor del Estado y le acusan, por rencor, de rebelarse contra el Estado.

Jordi Galves
República belga (210) No ha sido un crimen de Estado, dicen Jordi Galves