No está claro si fue Napoleón o fue el general Perón el autor de la siguiente frase: "Si quieres resolver un problema, nombra a un responsable, pero si quieres que algo no funcione, crea una comisión". Reducir los llamados Pactos de la Moncloa para la Reconstrucción a una comisión parlamentaria en el Congreso es la mejor idea que ha tenido quien, como Pablo Casado, sólo piensa en sacar provecho político del desastre. No se entiende que Pedro Sánchez haya caído en la trampa, más allá del interés por recentralizar aún más la gestión de la crisis.

La última comisión parlamentaria que se anunció para resolver una crisis de estado fue cuando el Parlament de Catalunya hizo un simulacro de declaración de independencia. Mariano Rajoy, entonces presidente, y Pedro Sánchez, jefe de la oposición, acordaron aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Catalunya y para lavarse la cara, el PSOE proclamó que había arrancado de Rajoy la creación de una comisión para reformar la Constitución que debía terminar sus trabajos en seis meses. Obviamente, Rajoy tuvo claro que debía acceder a crear la comisión, porque no tenía ningún interés en resolver "el problema catalán". De la comisión nunca más nada se supo y el conflicto catalán ha continuado más allá que el propio Rajoy.

Se nota el miedo de los propietarios del Estado y de sus capataces a perder el negocio, por eso están tan alarmados y actúan a la defensiva

Ubicar el esfuerzo colectivo para hacer frente a la tragedia en una comisión parlamentaria implica renunciar a la idea de un acuerdo horizontal donde todos debían comprometerse a remar en la misma dirección. De hecho, todo apunta a que la iniciativa de Casado aceptada por Sánchez funcionará al revés. Los Pactos de la Moncloa suscritos cuando la Transición se plantearon con un criterio opuesto al actual. Se trató entonces de establecer precisamente una tregua política para poder hacer frente a la galopante crisis económica que amenazaba el proceso político recién estrenado. Y Adolfo Suárez tuvo el acierto, la generosidad y el coraje de nombrar a un responsable con autoridad moral, Enrique Fuentes Quintana. Primero se firmaron los pactos y después el Congreso los desarrolló. Ahora se empieza la casa por el tejado.

Con todo, la gran diferencia entre los pactos de 1977 y los que se plantean ahora radica en los participantes. Reducir el acuerdo a un debate político en el Congreso deja fuera de la primera fila a patronales y sindicatos y entidades de la sociedad civil afectadas y / o implicadas en la gestión de los acuerdos. Pero sobre todo, expulsa del escenario a las comunidades autónomas que, se mire por dónde se mire, serán las principales encargadas de implementar las medidas que haya que aplicar. Es un nuevo esfuerzo centralizador compartido por los líderes del PSOE y del PP, que han advertido que son sus correligionarios, los barones regionales, quienes están poniendo en evidencia no sólo sus incompetencias. Pablo Casado no es nadie en Galicia comparado con Núñez Feijóo y en Madrid Isabel Díaz Ayuso le ha arrebatado todo el protagonismo. A Pedro Sánchez, el presidente catalán, Quim Torra lo pone en evidencia tres veces por semana, pero también lo han hecho el valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol.

Sánchez y Casado, persuadidos por los auténticos propietarios del negocio del Estado, han tenido que sacar los militares a la calle porque es prácticamente el único poder, el de la fuerza, lo que justifica su existencia. Todo el mundo es consciente de que se nos viene encima una catástrofe económica y que el Gobierno de España no tiene instrumentos, ni capacidad para hacerles frente. La única cosa que puede hacer es pedir ayuda. Del mismo modo que tampoco está sus manos detener la pandemia. Como no puede hacer nada de lo que es importante, el Estado se empeña ahora en controlar a la gente, incluso a los niños, desde ministerios ficticios, Sanidad, Educación, Cultura... entes burocráticos sin competencias ni conocimientos que ponen cada día al descubierto la obsolescencia y la inutilidad de sus estructuras funcionariales...

Se nota el miedo de los propietarios del Estado y de sus capataces a perder el negocio, por eso están tan alarmados y actúan tan a la defensiva.

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Xoán-Antón Pérez-Lema
Opinión Centralismo y militarización Xoán-Antón Pérez-Lema