Parafraseando a Eduardo Mendoza, podríamos hablar de La Catalunya de los milagros. Ya que es un milagro que con la batalla de egos —sólo grandes bajo una lupa—, personalismos y falta de generosidad, el Govern de Catalunya pueda sacar adelante políticas que, contra todo pronóstico, vistos los referentes, mejoren el bienestar de los ciudadanos. Cuando uno sale de la acción de gobierno, se entra en un agujero negro de reproches con tanta base como la nada, fruto de una chapucería infantil que se nutre de la inflamación de lo que se cree el mundo real: Twitter.
Eso genera una distorsión de la realidad, un desconcierto, que impide avanzar la gobernanza en beneficio de los ciudadanos. Para salir de esta confusión haría falta que Junts hiciera una profunda reflexión y autoaclaración de base. A lo que ERC, con generosidad, tendría que contribuir, quizás rehaciendo un acuerdo, menos espumoso, de legislatura. En fin, una cosa es tener principios claros que la realidad impone siempre flexibilizar, y más en coalición y más si eres el segundo en discordia, y otra es, mirándolo bien, dar palos de ciego que no aportan nada. Bueno, sí que aportan: confusión y daño a la sociedad a la que todos dicen servir.
Dicho lo anterior, me centraré en algunas de las inexactitudes proclamadas como verdad verdadera desde el martes en el debate de política general. La primera es que el acuerdo de gobierno, de angustiosa negociación, si tengo la edición correcta del 17 de mayo de 2021, no habla, contrariamente a lo que se afirma, de culminar la independencia en esta legislatura, sino de fortalecer las bases en esta legislatura para conseguir la independencia. El acuerdo no dice lo que pretende la ANC, es decir, proclamar la república el segundo trimestre del 2023 —cosa rechazada por todos los partidos—, es decir, incluso antes de que acabe la presente legislatura. El acuerdo reitera, una y otra vez, el esfuerzo por la independencia. Por ejemplo: "Los socios de la coalición reconocemos que tenemos diversidad de opiniones sobre las políticas públicas y la estrategia de país para alcanzar la independencia. Sin embargo, aceptamos esta diversidad y respetamos el derecho de cada formación política a mantener su posición, pero nos comprometemos a resolver la diversidad en una posición de consenso, a través de los mecanismos que se crean para tal efecto" (pág. 6). Prosigue: "El objetivo es conseguir la independencia de Catalunya y alcanzar la República Catalana" (pág. 8). Por lo tanto, será necesario "disponer de un punto de encuentro, debate, análisis, coordinación y consenso de todo el independentismo donde se pueda acordar la estrategia política imprescindible para alcanzar la independencia y para la cual habrá que prepararnos" (pág. 9). Así, "hay que recuperar de manera inmediata estos espacios compartidos de análisis y dirección política entre formaciones y asociaciones independentistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo estratégico entre todas después de la consecución del 52% en las elecciones del 14 de febrero" (pág. 9 y 10). Finalmente, para llevar a cabo el embate democrático, "uno de los objetivos del independentismo es poder sumar más apoyos y más fuerza. Eso nos tiene que permitir trabajar para generar las condiciones ganadoras en el marco de esta legislatura para plantear un nuevo embate democrático de confrontación cívica y pacífica" (pág. 13). Pero generar estas condiciones ganadoras esta legislatura, como nos recordaba apenas hace un mes Alex Salmon, no supone tener la independencia al alcance de la mano.
Todo lo que no sea continuar con un gobierno independentista, respetando sin imposiciones todas las sensibilidades, será una derrota del independentismo que se pagará en las urnas
Dicho esto, se crean mecanismos de coordinación entre ERC y Junts en el ámbito parlamentario, de acción de gobierno, de estrategia o de comunicación. Además se quiere —pero no consta implementado— un espacio para el embate —indefinido— democrático. "Este espacio queremos que sea a 5 y cuente con la participación de las organizaciones políticas independentistas con representación en el Parlament de Catalunya y las dos entidades civiles soberanistas más representativas, de modo que signifique este liderazgo compartido necesario para representar la diversidad del proyecto colectivo". Pero una cosa es querer crear un espacio compartido y otra que este espacio, todavía no concretado, en parte, por la participación del Consell de la República, poco transversal, sea al que todo el mundo y todos los órganos estén sometidos. Sería una inversión del principio democrático someter a los elegidos a un tipo de órgano en el que hay elegidos y no elegidos, con mayoría de no elegidos. Eso, como la salida que supone recurrir a la decisión de las bases, disfrazándolo de gran proeza democrática, tiene mucho de retorno a los tiempos prerrevolucionarios, de la representación estamental y al, desde 1789, prohibido mandato imperativo —tema sobre el cual habría que hablar más adelante.
Transcritos creo que fielmente los puntos esenciales del acuerdo de mayo del 2021, no soy capaz de encontrar un rechazo por parte de Junts a la mesa de diálogo. Escepticismo, sí, pero rechazo, no. Un escepticismo, dicho sea de paso, ampliamente compartido, no sólo por Junts, sino por la mayoría de actores políticos. Otra cosa, obviamente, son los resultados efectivos, que no se pueden ver, ni mucho menos a estas alturas. Como la propuesta, a opinión mía inteligente, de un acuerdo de claridad, propuesta no original de ERC, sino del PSC y de los comunes, que La Moncloa rechazó media hora después de hacerla pública. Este rechazo casi automático es una buena señal, es una idea que hace mella. El rechazo frontal será algo que La Moncloa se tendrá que tragar antes o después, ya que la pone en evidencia ante la comunidad democrática internacional. Rechazar un acuerdo pactado es contraproducente para el estado español. Queda partido y mucho, ya que se juega dentro y fuera.
Pero la andanada de Junts no iba por aquí. Iba por la falta de coordinación en Madrid, cuando esta coordinación parlamentaria en Madrid no se puede leer en ningún sitio del acuerdo, ni siquiera implícitamente. Como tampoco es demostrable, al contrario, que no se esté permanentemente poniendo encima de la mesa la autodeterminación y la amnistía, que diría que es el tema primordial, puerta de todo lo demás. Confundir esfuerzos con resultados es, dicho muy educadamente, miope. Volvemos al leitmotiv de siempre: no hay nada rápido, sino que todo precisa tiempo, mucho tiempo. Dicho claramente, quizás, si se trabaja sin descanso e inteligentemente, hará falta una generación. De todos modos, sea como sea, son temas políticos, redactados con dosis masivas de retórica, de difícil implementación jurídica en el sentido en el que lo son los contratos. Esta forzosa vaporosidad permite, en consecuencia, amplias zonas de plasticidad a la hora de implementarse.
Encima, para concluir, distorsiona los vínculos y vehículos de buena fe exigir al president de la Generalitat que se someta, si no cumple a gusto de los demandantes, a una moción de confianza, mecanismo constitucional cuyo el único responsable para iniciarlo, como las convocatorias electorales, por ejemplo, es el propio presidente. Si se quiere echar a un presidente, hay que ir a la moción de censura, llamada constructiva, ya que hay que proponer un candidato. Eso es lo que hicieron los liberales alemanes, todavía en coalición con los socialistas de Helmuth Schmidt, que votaron a favor de la moción de censura encabezada por Helmut Kohl. Eso supuso, en la práctica, la desaparición de los liberales y la égida de Kohl durante más de dieciséis años como canciller federal. ¡Jugada maestra!
Sin embargo, la moción de confianza —a la cual nadie puede obligar, pues sería un fraude constitucional— no figura ni explícita ni implícitamente en el acuerdo de mayo del año pasado. Fue una condición reclamada por la CUP para dar apoyo al nuevo Govern, apoyo que saltó pocos meses después por los aires al no votar los anticapitalistas los presupuestos para el 2022. O sea, que, una vez más, Junts hace gala de una especie de radicalismo impostado, no infrecuente, pero insólito, en una formación de centro (como mucho). En efecto, imponer al socio de gobierno una especie de acto de fe, de todo menos amistoso, leal y, por encima de todo, fomentador de la desunión de acción, resulta más que chocante.
A estas alturas, es difícil vaticinar qué pasará con el ultimátum negociador que propone Junts a Aragonès. Ultimátum, dado que la consulta a las bases —reitero, falsa democracia— está prevista para los próximos 6 y 7. Todo lo que no sea continuar con un gobierno independentista, respetando sin imposiciones todas las sensibilidades, será una derrota del independentismo, que se pagará en las urnas, anulando muchos de los pasos que ahora parecen escasas, pero que, con el cambio electoral, nos lamentaremos amargamente durante mucho y mucho tiempo.
Todo eso el día que celebramos la mayor victoria popular en Catalunya, el 1-O. Si alguien quería una anticelebración, hay que reconocer que ha dado en el clavo.