Este rincón del sur de Europa que se llama España, del que desgraciadamente Catalunya forma parte, vuelve a hacer el ridículo mundial a raíz de la cancelación de un contrato de compra de armas a una empresa de Israel. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha podido aguantar el pulso de la lideresa de Sumar, Yolanda Díaz, y ha cedido a la presión para evitar que el Gobierno que preside se le rompiera en mil pedazos y se viera obligado a adelantar las elecciones, que es lo que está demostrado que de ninguna de las maneras quiere hacer. Al conglomerado de fuerzas mal llamadas de izquierda que se reúnen en Sumar —entre ellas los Comuns— le ha bastado con hacer correr bajo mano que saldría del Gobierno para obligar al actual inquilino de la Moncloa a cambiar de posición y a dar marcha atrás en un asunto especialmente delicado que le deja en evidencia ante el mundo entero.

Que un país esté en manos de un grupo de activistas con ínfulas elitistas que no representan ni mucho menos el sentir mayoritario de la población —en España obtuvieron el 12,33% de los votos en los comicios de 2023 y en Catalunya, el 14,04%— es la prueba de que se trata de un país en quiebra. Hoy Pedro Sánchez es rehén de este escuálido porcentaje para poder acabar la legislatura en 2027, de aquí a dos años, y lo que es capaz de hacer para conseguirlo está visto y comprobado que no tiene límite, como desautorizar sin paliativos a uno de sus ministros, en este caso el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Una situación que concede a Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno español, un poder que las urnas no le han otorgado. Y, visto lo efectivo ha sido el acoso que ha ejercido esta vez, no hay duda de que lo volverá a poner en práctica tantas veces como le haga falta para salirse con la suya. Al menos ella consigue algo a cambio, a diferencia de JxCat y ERC, que, pese al papel decisivo que se supone que tienen ambos, hasta ahora todavía no han logrado nada, a excepción de cuatro migajas para el propio consumo.

La rescisión del contrato formalizado concretamente para la compra de balas con una firma de Israel da de España la imagen de país nada fiable y poco serio y daña su reputación, si es que le quedaba. Internamente, además, representa un disparo en el pie, en la medida en que para cancelarlo debe indemnizar a la empresa afectada con una cantidad equivalente prácticamente al precio total del pedido, según un informe de la Abogacía del Estado que desaconsejaba, precisamente por este motivo, la anulación. Es decir, el Gobierno español habrá hecho el negocio de Roberto y las cabras y la compañía israelí el negocio del siglo, porque cobrará la mercancía sin tener que entregarla y podrá volver a venderla a otro cliente. Y, al parecer, habría un total de cuarenta y seis contratos de compra de armamento con empresas relacionadas con Israel, suscritos desde el 7 de octubre de 2023 hasta ahora, por un valor de más de 1.000 millones de euros, y que, si también se deben rescindir e indemnizar, tendrán un coste millonario. Todo ello con el agravante de que se trata de dinero público, que, debido a estas prácticas, no debería ser difícil demostrar que se está malversando.

La excusa de Yolanda Díaz para cancelar el contrato de marras es, según ella, el genocidio del que es objeto el pueblo palestino por parte de Israel. Pedro Sánchez, por su parte, había asegurado hace meses que a partir del 7 de octubre en cuestión España había dejado de comprar armas a Israel. Aparte de mentir, ¿qué implican con todo esto? ¿Ya no se acuerdan de que el 7 de octubre de 2023 Israel no comenzó nada, sino que fue Hamás quien abrió las puertas del infierno con un ataque nunca visto contra la población israelí y el secuestro de civiles inocentes, algunos de los cuales aún hoy siguen siendo rehenes en manos palestinas? ¿Genocidio? ¿De qué genocidio hablan? ¿Del genocidio que, después del Holocausto y como si no hubieran aprendido la lección, vuelve a sufrir el pueblo judío? Porque, si genocidio es la aniquilación intencionada de un pueblo, Hamás, y todos los palestinos que lo apoyan —que al parecer son la inmensa mayoría tanto en Gaza como en Cisjordania—, cometen un genocidio al querer aniquilar a Israel.

El propio secretario general de la ONU debería ser encausado como cómplice de terrorismo y de genocidio

Y todos los que en Occidente corean y se hacen suyo el lema del río (Jordán) hasta el mar (Mediterráneo) son también cómplices de genocidio, porque el eslogan no implica nada más que exterminar a toda la población que habita en este territorio, que es la israelí, sea judía, árabe o cristiana. Y, si la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA de acuerdo con las siglas en inglés, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está claro a estas alturas que ha mantenido una colaboración estrecha con Hamás en su lucha contra Israel, el propio secretario general de la ONU, António Guterres, debería ser encausado como cómplice de terrorismo y de genocidio. Y todos los que siguen subvencionando con recursos públicos la causa palestina —entre ellos, y haciendo bandera de ello, también España—, a pesar de saber que son ayudas económicas que van a parar directamente a las arcas de Hamás, deberían seguir el mismo camino.

Si a todo ello se le añade el anuncio de Pedro Sánchez de que este año el Estado español aumentará el gasto militar hasta un 2% del PIB —que es lo que exige la OTAN y el límite que ha fijado Donald Trump para que los Estados Unidos sigan contribuyendo, sin que haya especificado de dónde saldrán las misas, pero que lo harán invariablemente de los impuestos que pagan los contribuyentes—, el cóctel para que la oposición moje pan es perfecto. El PP, de hecho, ya se ha apresurado a advertir de que llevará justamente la anulación del contrato con la empresa israelí al Tribunal de Cuentas por posible malversación. Sin embargo, no hace falta ser del PP ni actuar en nombre de ninguna sigla partidista para darse cuenta de que el caso es, en realidad, un nuevo escándalo político, que se cerrará, aunque —como ocurre siempre en este rincón del sur de Europa que se llama España, del que desgraciadamente Catalunya forma parte— sin que tenga ningún tipo de consecuencia.

Es lo que ocurre, en todo caso, cuando se empieza a hablar alegremente e impunemente de genocidio, confundiendo expresamente los términos entre víctima y verdugo y atribuyéndolo descaradamente a quien no toca, y se acaba cayendo en un escenario que puede desembocar peligrosamente en un delito —presunto, por si acaso— de malversación de caudales públicos.