Hay quien piensa que la República Catalana es una cuestión que no tiene nada que ver con sus ciudades y pueblos. Que Barcelona, por ejemplo, podría aspirar a ser lo que quiera dentro de este estado; entre otras cosas, a ser cocapital y disfrutar con eso de un futuro esplendoroso.

La realidad es exactamente otra. Basta con tres hechos de esta semana pasada para ilustrarlo: la reapertura del CIE de Zona Franca, la declaración de subastar los locales del frente marítimo de la ciudad y la "generosa" autorización para que los ayuntamientos puedan destinar un 7% de su superávit del 2019 a la compra de vehículos no contaminantes.

En los tres casos, decisiones radicalmente contrarias a la voluntad y las necesidades de los barceloneses. Incluso contrarias al gobierno de Barcelona, aunque sean correligionarios. Y es que el interés de estado pasa por encima de todo, incluyendo afinidades políticas. Por eso no basta con que cambien los partidos que gobiernan, por mucho que quieran cambiar el Estado, sino que hay que cambiar de estado.

A principios del siglo XX, Max Weber decía que Berlín no era propiamente una ciudad, porque no podía decidir su destino. Esta es, a día de hoy, la triste realidad de Barcelona

Porque en vez del CIE, lo que la ciudadanía pide es una ley de extranjería que no condene a los inmigrantes a la explotación laboral, la prostitución o la delincuencia, como pasa con la ley actual y con la exigencia de estar tres años viviendo aquí, no se sabe cómo, antes de poder obtener papeles.

Porque en vez de consolidar el ocio nocturno en la franja marítima, subastando los locales al mejor postor, lo que la ciudadanía pide pasa por recuperar este espacio para la ciudad y dedicarlo a actividades de futuro; es decir, intensivas de conocimiento y ejemplos de sostenibilidad social y medioambiental.

Porque en vez de poder gastar un 7% de los superávits acumulados, los ayuntamientos piden la autonomía financiera que les fue arrebatada en 2012, formando parte del austericidio empezado con el cambio exprés de la Constitución, y poder utilizar "sus" superávits y "su" capacidad de endeudamiento para poder hacer frente a la crisis.

Desde todas las instancias en las que tenemos alguna capacidad, desde ERC lucharemos contra estas decisiones y contra tantas otras que afectan directamente a la vida de nuestros conciudadanos. Y sobre todo lo lucharemos en Barcelona, con la fuerza de haber sido la formación política que ganó las elecciones; aunque no la alcaldía, por una aritmética construida, precisamente, al servicio del Estado.

A principios del siglo XX, el sociólogo Max Weber decía que Berlín no era propiamente una ciudad, porque no podía decidir su destino. Esta es, a día de hoy, la triste realidad de Barcelona. Una Barcelona que hoy no podría hacer unos Juegos como los de 1992, porque el Estado le impide endeudarse; que no puede hacer una reconversión de futuro en los espacios que ganó al mar, porque el Estado quiere subastarlos; y que no puede integrar una población inmigrada y exigirles el cumplimiento de los deberes, porque el Estado les niega sus derechos.

En el pleno del Ayuntamiento tenemos en contra al PP, Cs, Valls y todos aquellos del PSC que, jacobinos como son, les bastaría con una cocapitalidad nominal. También muchos de los comunes que hoy anhelan hacer la Barcelona de los cinco millones de habitantes, a la vez que renuncian a ser la capital de los siete y medio del país y un hub de referencia de una eurorregión de veinte. Pero, por suerte, tenemos una ciudadanía barcelonesa que nunca ha renunciado a poder decidir su destino, ni lo hará ahora.

 

Ernest Maragall es presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona

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