Hacía mucho tiempo que una Conselleria d'Educació no concitaba tanta unanimidad... en contra. La mayor parte de los miembros de la comunidad educativa: maestros de primaria y profesores de secundaria en bloque, los sindicatos más representativos del sector e, incluso, el máximo órgano consultivo del país, el Consejo Escolar de Catalunya, han manifestado su sorpresa y oposición a la decisión del departament de modificar el calendario escolar para el próximo mes de septiembre.

"La decisión está tomada" ―las negritas son declaraciones textuales del conseller hechas este 11 de febrero―, pensando siempre en las necesidades del alumnado, el curso escolar empezará el 5 de septiembre en primaria y el 7 en secundaria. Y punto. Prescindamos de momento del qué de la cuestión, si el hecho de avanzar el inicio de las clases es la solución a los graves problemas que tiene la enseñanza en nuestro país: infrafinanciación crónica, masificación en las aulas, deriva pedagógica, falta de prestigio social, etc.; o si con el adelanto nos asimilamos a nuestro entorno europeo, sin tener en cuenta las condiciones climáticas que sufrimos o que quizás habría que repartir estas vacaciones a lo largo del curso. Lo que de verdad sorprende es cómo se ha tomado la decisión, de manera completamente unilateral, sin diálogo ni consenso, porque "si lo hubiéramos llevado a debate" con la comunidad educativa, todavía no se habría decidido. Y sorprende también cómo se ha dado a conocer, no a las partes interesadas sino directamente a los medios de comunicación generalistas (TV3). Este modo de proceder demuestra tanto el talante autoritario del departament como que la decisión se ha tomado claramente desde la política y no desde la pedagogía.

El conseller justifica la falta absoluta de debate por el hecho de que él, como mínimo, se ha puesto a trabajar y "no ha venido a dejar pasar los días", lo que está bien saberlo (!), y además admite que ya "no quería esperar más" para llevar a cabo una transformación del sistema educativo, como si las prisas estuvieran justificadas y fueran garantía de éxito. Sin embargo, lo que más ofende es la deslegitimación del colectivo educativo, al cual se considera que no hay que consultar previamente y ni siquiera convocarlo en una "mesa de diálogo" (ahora que están tan de moda). El conseller sostiene que "los gobiernos tienen que impulsar cambios y no tener miedo a hacerlos, una afirmación que parece obvia, pero que esconde un talante antidemocrático en la toma de decisiones con criterios exclusivamente políticos. El mismo talante que, ante las críticas y las dudas que generan las medidas apresuradas y poco meditadas, le hace decir que "es legítimo que todo el mundo dé su opinión"; ahora bien, ¿de qué sirve si a priori ya se advierte de que no será tenida en cuenta? Negarse a someter a debate una reforma del calendario escolar y laboral (y de mala gana un borrador del nuevo y discutible currículum), demuestra el autoritarismo con el que el departament gestiona la política educativa de este país.

Generando este revuelo con el calendario se quiere enmascarar una deriva de la escuela que trabaja sin presupuesto y sobre la cual recaen unos cambios inmediatos en el currículum que diseñan una enseñanza básica de fachada tecnológica pero de bajo nivel educativo y democrático. Y todo por imposición

Y me pregunto cuáles son los valores democráticos que el conseller está ejemplarizando con esta actuación y si se adecuan con los que predica para la escuela catalana, que quiere que sea un ejemplo de consenso, diálogo, pacto, equidad, tolerancia y respeto al otro. Desgraciadamente, la prepotencia del departament no es nueva, pero ahora las formas autoritarias propias de un estilo de hacer política se han consolidado también en la gestión de la escuela.

Que la cosa va de política y poco más lo demuestra también cómo se ha comunicado a la opinión pública este avanzamiento del calendario escolar. Que maestros y profesores se enteren por unas declaraciones del conseller en TV3 es chocante y un menosprecio importante hacia su trabajo. Ninguna información previa ―si es que una circular interna enviada a las direcciones de los centros educativos media hora antes de su declaración se puede considerar tal― y ningún proceso de discusión o debate con una de las partes interesadas. ¿A qué se deben estas "formas comunicativas" tan expeditivas y tan poco respetuosas con las condiciones laborales del colectivo? De nuevo prevalecen los criterios políticos. Anunciar "a bombo y platillo" que desde este septiembre la escuela empezará la actividad docente una semana antes (asumiendo todos los gastos que comporta) tiene la intención de predisponer la opinión pública a favor del departamento, porque supone una ayuda a todas aquellas madres y padres que tienen que hacer acrobacias para conciliar la vida laboral y familiar. Pero también predispone contra maestros y profesores si osan oponerse, como de hecho ha pasado con una amenaza de huelga inminente. La maniobra comunicativa pretende cortocircuitar antes de tiempo la oposición y colabora en dinamitar la poca reputación que les quedaba, favoreciendo argumentos populistas como la extensión de sus vacaciones o la falta de sensibilidad con una realidad laboral tan complicada y a menudo precaria.

Maquiavelismo político en funcionamiento, porque si se anuncia una huelga de docentes no es sólo por un adelanto del curso no previsto ni consensuado, sino sobre todo porque generando este revuelo con el calendario se quiere enmascarar una deriva de la escuela (pública) que trabaja sin presupuesto, que justo sale agotada de la gestión diaria de dos cursos de pandemia, y sobre la cual recaen unos cambios inmediatos en el currículum que diseñan una enseñanza básica de fachada tecnológica pero de bajo nivel educativo y democrático. Y todo por imposición.

Hace tiempo, en medio de lo más duro del confinamiento, me preguntaba por qué a las maestras nadie las aplaudía; ahora me pregunto por qué además Cambray las castiga así.