La judicatura se sobra

“Dos reglas sobresalen por ser fundamentales en una democracia que funciona: la tolerancia mutua y la contención institucional”

Levitsky y Ziblatt. Cómo mueren las democracias

Una observa con perplejidad y cierto asomo de temor cómo la judicatura ha decidido de forma corporativa salir en masa a conseguir, como sea, una reivindicación propia, para la que no hay consenso político, y que ahora pretenden presentar como la panacea para resolver la bronca y el secuestro institucional propiciado y sostenido por el Partido Popular. Digamos que mientras las formaciones con capacidad de obtener los 3/5 necesarios para la renovación tironean a un lado y otro de la puerta, la carrera judicial ha decidido que era el momento de meter el pie junto a la jamba y forzar que se acepten sus reivindicaciones como única solución posible.

Ha quedado claro tras los comunicados emitidos por las asociaciones conservadoras y mayoritarias —con la titubeante excepción de JpD— y no me parece ni mal que desde el ámbito de reivindicación profesional que tienen tales instancias se aproveche para lograr obtener una parcela de poder que agrandaría el de la corporación. Lo que ya se sale totalmente de los carriles institucionales es el hecho de que utilicen para hacer oposición a un proyecto de dos partidos políticos, presentado en forma en el Congreso, órganos gubernativos que no tienen competencias para ello. Los jueces sobran y rebosan la ley con estas declaraciones expresadas por las salas de gobierno de los tribunales superiores de Madrid, Extremadura y Castilla y León, hasta el momento, porque el movimiento es tan “espontáneo” y tan poco orquestado que en todos los territorios se plantean si llevar a cabo o no un pronunciamiento semejante.

Las salas de gobierno son —junto a los decanatos— los únicos órganos gubernativos que eligen directamente los jueces entre los jueces. Eso le suma importancia al análisis a la extralimitación de uso que les están dando, porque nos puede dar una leve idea de lo que nos preparan si finalmente consiguieran el control corporativo del CGPJ. Los jueces están obligados exclusivamente por el imperio de la ley, esa que también les dice qué cosas pueden hacer las salas de gobierno de los TSJ y, por ende, deja claro que todo lo demás no lo pueden hacer. Creo que de esto se sabe bastante en Catalunya.

Ese es el juego de las competencias tasadas del artículo 152 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial). En ese artículo no se contempla, desde luego, que los TSJ se pronuncien sobre proyectos de ley presentados en el Congreso de los Diputados. Así las cosas, los representantes gubernativos de los jueces se están reuniendo y votando textos en los que consideran que la propuesta de PSOE y Podemos es “anticonstitucional” —que para qué querremos un TC con competencia si están ellos—, piden que se retire el proyecto y que “impere la razón jurídica”, afirman que “la independencia sólo se logrará devolviendo la designación directa de los doce magistrados”, dicen que tal iniciativa legislativa “supone una merma de las garantías de la independencia judicial” y realizan, en resumen, todo tipo de pronunciamientos políticos que, además, les están vedados por el artículo 395 de la LOPJ que prohíbe a los miembros de la carrera judicial “dirigir a los poderes (…) felicitaciones o censuras de sus actos”. ¿Qué están haciendo aquí sino censurar al legislativo?

Ellos pueden juzgar y ejecutar lo juzgado y controlar al resto de los poderes y a los ciudadanos y además pueden hacer política y excederse de sus competencias para conseguir más poder... Y todo ello lo harán por el bien del pueblo y el sostenimiento de la democracia

Verán que los jueces son la boca de la ley, pero de oído ensordecen a la hora de aplicársela a ellos mismos. La sentencia del Tribunal Supremo 937/2019, por otras, ya dejó claro que las declaraciones públicas ajenas al ámbito de las competencias de los órganos son nulas de pleno derecho. ¿Les suena qué pasó con una declaración de las universidades catalanas? Pues, ya ven, resulta que los universitarios o los ayuntamientos no pueden hacer esas cosas pero al parecer los jueces cuando van a la batalla corporativista sí. ¿Saben lo que pasa? Que ni siquiera nadie puede recurrirles tal declaración porque no estarían habilitados y así nos lo dirían los llamados a resolver el recurso, o sea, sus compañeros de carrera.

No voy a extenderme mucho con la convocatoria de un pleno del CGPJ, a petición de siete vocales conservadores, de los cuales cuatro cobran 6.000 euros netos al mes mientras este enredo no se solucione y cesen en sus cargos, que no sé yo si tendrán algún interés además del político. En el pleno van a “examinar la reforma planteada por Unidas Podemos y el Grupo Socialista”, aunque no terminamos de saber aferrados a qué legalidad, porque la ley dice que informarán los anteproyectos de ley y éste no lo es porque es una proposición de ley. De nuevo van a sobrarse, rebasando los límites competenciales para efectuar una declaración política en la que manifestarán, según el borrador enviado ya a los vocales, que “utilizarán todos los medios a su alcance para defender la separación de poderes y garantizar así la independencia judicial”. Y se quedarán tan panchos porque aquí los únicos que pueden hacer lo que quieran aunque no sea de su competencia son ellos. Ya saben ustedes por qué, porque ellos son los encargados de controlar el exceso de esos actos y saltarse la LOPJ para criticar una reforma de la LOPJ es lo que les piden sus designios toreros. Sucede además que, en palabras del magistrado Diego Íñiguez, “es una ideología típicamente conservadora la que confunde una pretensión de autonomía de la función judicial con las ideas de separación de poderes y la independencia de los jueces. Esa posición es también puramente política”.

Pero no se preocupen, porque ellos lo valen. Ellos pueden juzgar y ejecutar lo juzgado y controlar al resto de los poderes y a los ciudadanos y además pueden hacer política y excederse de sus competencias para conseguir más poder y hacer huelga y mantener la más amplia libertad de expresión —en artículos, en Twitter, en la televisión, con seudónimo— sin que eso afecte a su función, nunca los recusen, y a la vez pueden quejarse al CGPJ —como García-Castellón— de que los periodistas critican sus resoluciones y pueden también pretender convertirse en un poder sin contrapeso alguno y todo ello lo harán por el bien del pueblo y el sostenimiento de la democracia. Y no rechisten.

No rechisten porque lo hacen para defender una independencia judicial que deberían defender con sus propios actos. Aún no he conseguido saber por qué si al juez Pepe Pótamo lo votan para el CGPJ sus compañeros será independiente y apolítico y benéfico, pero si a Pepe Pótamo lo votan en el Parlamento, saldrá manchado de un fango que sólo puede emanar del pueblo. ¿Pepe Pótamo es decente, honesto y está dispuesto a defender la independencia en un caso y por contra, en el otro es un sumiso vasallo del político? ¿Les han oído alguna vez reunirse a criticar a Pepe Pótamo que ha logrado hacer carrera mucho más rápido que ellos, usando las lianas que ha necesitado para trepar, no todas procedentes del árbol de la independencia y la neutralidad? Pepe Pótamo pueden ser ellos.

Ya veremos hasta dónde están dispuestos a llegar los miembros de la carrera judicial, o sus representantes, para lograr la independencia. De momento, van forzando los artículos y las competencias a buena marcha. Es un pena que olviden que la separación de poderes se diseñó para que no juzgara ni el ejecutivo ni el legislativo, pero también para que el judicial no pretendiera suplantarlos a ellos.

Todo esto sea dicho con la coda de que a mí no me gusta esa reforma, además de por otros motivos, por proporcionarles la oportunidad de crear a ellos y al PP esta tormenta perfecta.