Parliament can do anything that is not naturally impossible
William Blackstone
Hace años, un viejo y sabio magistrado, ya fallecido, me dijo muy serio: “Elisa, en este país, cuando se quiere que algo parezca serio, se le cuelga delante la palabra “tribunal”, se les encasqueta a sus miembros unas puñetas y se les dice que dicten autos y sentencias; así la confusión está servida y el ciudadano cree que se rigen por los principios de los verdaderos tribunales cuando no es así”. Eso era cuando nadie dudaba de la seriedad de los propios tribunales. Lo he recordado porque venía a cuento de organismos de creación constitucional como el Tribunal de Cuentas y otros muchos similares de índole administrativa, incluso en el ámbito del deporte, y en otro sentido también del Tribunal Constitucional, que podía haber sido perfectamente un Consejo Constitucional, y así nos hubiéramos ahorrado mucha parte de su evolución posterior.
Era pertinente por las noticias que se amontonan sobre acciones de ambos organismos y, fíjense, a última hora se me acaba de sumar de nuevo la Junta Electoral Central que también se une al grupo, no por el nombre, sino porque al introducir personas de oficio magistrado en ella, parece haberse contagiado también del mal que les contaba y, diciendo dictar hasta autos, ahora se enfrenta al propio TJUE. Todo lo que sucede es para volverse loco. De verdad. Y tiene mala solución, porque deshacer lo que ya parece una conjura de resoluciones, algunas disparatadas, para salvar la integridad territorial de España, y para arrimar el hombro a los políticos, está más que complicado.
Vamos por partes. De más reciente a más antiguo.
La Junta Electoral Central ha decidido, de una forma escandalosa, comunicarle a Clara Ponsati que si no viene a jurar el jueves, le quitarán su acta electoral. Así, sin vaselina. Es una pataleta, claro. En su resolución se permiten afear la conducta del Parlamento Europeo porque no les ha oído, ¡a ellos!, a la JEC, y dicen que además los tribunales españoles no han declarado inaplicable el artículo de la LOREG que obliga a jurar. Pues que lo anulen. Ellos nos dicen que no tienen capacidad para declarar inaplicables artículos pero sí que dicen tenerla para arrebatar actas de electos como si en una democracia eso pudiera hacerse como quien come pipas. La buena noticia es que Ponsatí fue publicada en el mismo BOE que Puigdemont y Comín y que dado que no está en España podrá tomar posesión de su escaño igualmente. Aún así, la actitud y las formas de la Junta Electoral Central deben ser revisadas por las Cortes, porque un órgano creado de forma pragmática para solucionar con rapidez las fricciones en las elecciones y para evitar el abuso de cada uno de los partidos, no se puede convertir en una pseudojurisdicción electoral autoproclamada como estamos observando.
No cabe duda de que el legislador, a instancias de los partidos a los que aún les queda cabeza, debe intentar revertir lo que parece una revuelta o bien un apoyo cerrado de organismos e instituciones a la oposición política
Luego está la cuestión de la reclamación de 4,1 millones de forma provisional a Puigdemont y Comín por parte del Tribunal de Cuentas, y la fianza que se solicita con amenaza de embargo. Esta sí que es una parajurisdicción de manual. Porque considerándose que es una jurisdicción desde el 2000 por el TC, lo cierto es que no cumple ninguna de las premisas de imparcialidad ni inamovilidad. La instructora que ha decidido declarar “responsables” a los políticos catalanes es un cargo de libre designación del Tribunal de Cuentas, ese órgano mayúsculo del nepotismo, y podría ser cesada en cualquier momento. ¿Inamovilidad? Hasta la Sala III vio en esto un problema. Por no hablar de los consejeros nombrados por el Congreso, directamente por los partidos, que enjuician y sentencian y lo mismo declaran “responsables” a unos señores que no han sido juzgados y de los que existe presunción de inocencia que decide que pueden hacer este acto sin presencia de su abogado, aunque este tuviera que darle prioridad a otra cita de índole penal. Una “instructora contable” que dicen tiene pensado intentar embargar los sueldos de los eurodiputados sin reparar, quizás, en que si extienden los efectos de sus extraños actos al exterior, se le pueden pedir responsabilidades allí fuera.
Que da igual, pero que alguien va a tener que retrotraer todas estas excrecencias jurisdiccionales a su justo término, porque, en términos democráticos, está claro que el poder judicial ejerce el control sobre los ciudadanos y juzga y ejecuta lo juzgado, pero también que tiene unas notas características, inamovilidad, imparcialidad, independencia, que protegen a los ciudadanos así como la obligación de actuar sin vulnerar los derechos fundamentales ni procesales. Las parajurisdicciones no ofrecen ninguna de estas seguridades.
Hablando de términos democráticos, termino con la decisión del Tribunal Constitucional de deducir testimonio a la Fiscalía por si Torrent y el resto de la Mesa cometieron un delito de desobediencia al TC. De los polvos, vienen los lodos. Comienza Rajoy realizando una reforma en solitario y apresurada de las atribuciones del TC, por el asunto catalán, y acabamos intentando convertir en delito lo que se haga desde una mesa de un Parlamento. Miren que el Consejo de Estado se lo dijo, aunque no les hicieran ni caso, “la eventual respuesta que se dé a una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, debe ser igualmente política”. Y es que ya le dijeron a Rajoy que “la eventual inconstitucionalidad de los actos parlamentarios sólo es relevante si concluye con una resolución que entre en el ordenamiento jurídico”. Lo cual es muy lógico pues en un Parlamento democrático se debe poder hablar y debatir de todo y con anular sus efectos a posteriori no permitiéndole entrar en el ordenamiento sobra. El derecho penal no pinta nada y los jueces deberían ser los primeros en no aceptar encargos que no les competen en una democracia.
Todo es muy paranormal, muy enloquecido. No olviden que, más allá de la furia españolista, ahora hemos añadido otro elemento que resulta sustancial: dar a los catalanes es poner en apuros al gobierno de coalición progresista, ¡dos objetivos por el precio de uno! El problema es que el control jurisdiccional efectivo de estos actos paralocos debe realizarse en un Tribunal Supremo que ya se ha mostrado campeón de lo esotérico.
No cabe duda de que el legislador, a instancias de los partidos a los que aún les queda cabeza, debe intentar revertir lo que parece una revuelta o bien un apoyo cerrado de organismos e instituciones a la oposición política. Arduo trabajo al que podemos contribuir mostrándonos calmados. Al menos que no consigan lo que parecen buscar.