La democracia liberal perdió no solo presencia cuantitativa en el mundo en los últimos quince o veinte años, sino también calidad incluso donde constituye la base del sistema jurídico-político. Antes existía el autoritarismo de mercado, dirigido por el Partido Comunista Chino, y la dictadura personalista de su Estado asociado (Corea del Norte), junto a la teocracia iraní, las monarquías feudales de la península Arábica y del golfo Pérsico y la dictadura cubana. En estos últimos quince o veinte años, la democracia en la Federación Rusa dejó paso, primero, a un régimen híbrido, y ahora ya a un sistema autoritario, donde la oposición no tiene ya posibilidad de competir electoralmente. Lo mismo que está pasando en la República de El Salvador o en la Nicaragua de Ortega, mientras que en Turquía o Hungría los alargados mandatos de Erdoğan y Orbán debilitaron las instituciones democráticas, pese a que la hibridación entre praxis autoritaria e instituciones democráticas heridas pueda ser denominada autoritarismo competitivo, pues, aunque la oposición pueda competir en un país en una forma muy desigual, aún es posible la alternancia, como consiguió en 2023 en Polonia el primer ministro liberal D. Tusk.

Ahora la Unión Europea (hace quince años la primera potencia comercial del mundo) afronta la realidad de su falta de peso político, que pueda defender como corresponde su aún importante —pese a que menguante— poder económico. Frente a la UE, los autoritarismos ruso y chino adoptan la fasquía de imperios, y EE.UU. (todavía primera potencial militar y económica del mundo) transita a correr, desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump, este último enero, hacia el autoritarismo competitivo y, en el exterior, hacia formas puramente imperiales y de confrontamiento, liquidando la diplomacia, el diálogo y el soft power, y destruyendo los sistemas de alianzas y equilibrios definidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

Un precedente indudable, el final del primer mandato de Trump (enero, 2021) fue el cuestionamiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, culminando en el asalto violento al Capitolio el 6 de enero de 2021. Un evento sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, que tuvo como objetivo impedir la transferencia pacífica de poder. Un golpe de Estado del que el Tribunal Supremo de EE.UU. (con una mayoría de seis magistrados conservadores de los nueve in office, de ellos, tres nombrados en el primer mandato de Trump) eximió al actual presidente de toda responsabilidad, mientras el propio otorgaba el perdón presidencial a los condenados y dejaba sin efecto los procesos de los que quedaban pendientes de juicio.

Según algunos expertos, la deterioración de las instituciones democráticas estadounidenses no será fácilmente reversible y puede requerir décadas y generaciones

Pero desde el inicio del actual mandato (basado en una corta mayoría en la Cámara de Representantes y otra algo más cómoda en el Senado y en la propia mayoría asfixiante del Tribunal Supremo), las órdenes ejecutivas de Trump desarrollaron una campaña policial para la expulsión de millones de personas residentes en EE.UU. —en algunos casos, desde decenas de años atrás—, un programa de reducción de la administración federal que despidió a decenas de miles de empleados públicos, liquidando programas esenciales para las personas más vulnerables, mientras la constante deslegitimación de la América ajena al trumpismo MAGA (minorías racializadas, mujeres feministas, colectivos LGTB, Universidades, Partido Demócrata, opinadores, periodistas, jueces y abogados liberales y progresistas) polariza la sociedad y la política y tacha de antiamericana a la América no trumpista (a fecha de hoy aún mayoritaria, según los sondeos de este verano).

Al tiempo, el cuestionamiento de la independencia judicial y el desprecio por las normas legales y constitucionales tienden a la concentración del poder y están rompiendo el propio Estado de derecho, mientras una ola de autoritarismo populista recorre el país, basada en una retórica que apela directamente al “pueblo” frente a élites percibidas como corruptas, junto con la tendencia a concentrar el poder. Pese a que algunas órdenes ejecutivas fueron suspendidas o incluso declaradas inconstitucionales por varios tribunales federales, la tendencia del Tribunal Supremo es la de ratificar casi toda clase de inconstitucionalidades.

Por otro lado, la difusión de noticias falsas o teorías conspirativas y el ataque a la prensa independiente y liberal (considerada enemiga del pueblo) como fuente de información fiable, está limitando sustancialmente la libertad de expresión, mientras que la invasión de los espacios propios del control judicial o parlamentario deteriora sustancialmente las instituciones democráticas. En este contexto, la profesora Lilian Bobea (Fitchburg State University, Massachusetts) pronostica que la deterioración de las instituciones democráticas estadounidenses no será fácilmente reversible y puede requerir décadas y generaciones.

En la cumbre de la UE y de los gobiernos de los principales Estados miembros confían, por lo menos, en la pérdida de la mayoría trumpista en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato, en otoño de 2026. Pero algunos Estados con mayoría conservadora, como Texas, están aprobando legislaciones electorales que quieren blindar esa mayoría, mientras el amplio tejido empresarial, industrial, financiero y tecnológico norteamericano parecen inertes —cuando no pasivamente conformes— frente a esta deriva autoritaria, como si fuese la única forma con la que EE.UU. pueda combatir su tendencia menguante.