En estos momentos el mundo independentista divisa y prepara las movilizaciones de las simbólicas fechas de otoño: el 11 de septiembre y el 1 de octubre. Sin embargo, si pudiéramos mirar por un agujero el día más importante de la Catalunya del futuro, el de los fuegos artificiales más espectaculares, seguramente veríamos que este año esta fecha es todavía un día laborable. El día de la independencia de Catalunya no ha llegado todavía. La fecha está por fijar. La independencia está por hacer.

Las dos festividades históricas que nos hacen salir a la calle tienen en común que fueron ocasiones en que la ciudadanía de Catalunya defendió e intentó su independencia efectiva del estado español. Acción real. No sólo pensamiento. Son también puntos máximos de represión española contra la ciudadanía de Catalunya. Ya lo vamos sabiendo.

¿Qué ha cambiado? ¿Los indultos y el diálogo en democracia pueden marcar un escenario hasta ahora desconocido? ¿Hay opciones reales de conseguir una independencia de Catalunya acordada? La observación de los mensajes jurídico-políticos nos proporcionan algunos datos de análisis.

Una mirada atenta al discurso a lo largo del tiempo nos revela que la posición de los poderes estatales españoles es bastante clara y estable. Antidemocrática en bastantes ocasiones, sí, pero coherente. Concretamente, con la llamada "Transición", y con la aprobación de la Constitución del 78, se legalizó la ideología catalanista, e incluso independentista, en base a los derechos fundamentales de la libertad ideológica y de expresión y opinión, y el principio democrático. Así se alegó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ocasión de la impugnación de la ley de partidos políticos del 2002, exhibiendo en el pleito "la coexistencia pacífica en territorio español de partidos nacionalistas e independentistas, que ejercen su actividad con normalidad". Normalidad que se acabó abruptamente cuando se ha querido hacer efectiva la independencia de Catalunya. Incluso cuando se intenta por medios democráticos. De hecho, en la STS 459/2019, y en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre temas del procés, se niega que haya ningún medio democrático para poder alcanzar la independencia. Sólo lo habría si se reformara la Constitución. Toda actuación que la pretenda, aunque se origine en las instituciones democráticas, será perseguida penalmente, o a través del Tribunal de Cuentas, o cualquier vía posible. Y no se puede ni hablar de ella en el Parlament de Catalunya. De hecho, los derechos fundamentales también están en cuestión si su finalidad es cuestionar la unidad del estado español o, peor todavía, pretender la independencia efectiva de Catalunya.

El cambio de Gobierno reciente indica que consideran ya hecho el "gesto" hacia Catalunya. Ahora sólo quieren recoger frutos en forma de apoyo político y un diálogo basado en el hecho de que no se vuelva a intentar hacer la independencia

La anterior filosofía provocó una reacción sin fisuras en relación al referéndum del 1 de octubre de 2017, que comportó la imposición de las penas máximas posibles del Código Penal, encajaran o no las conductas en los tipos delictivos, y haciendo un juicio de proporcionalidad basado en su supuesta condición de enemigos de la unidad de España y de la convivencia española. Esta pauta de análisis se extendió a todos niveles del ordenamiento jurídico, como se interesó en señalar el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. El objetivo, el típico de la represión: que entienda toda la población que no puede haber independencia de Catalunya, y que no lo tienen que intentar. Solo la pueden pensar.

La movilización continuada del independentismo y la gran variedad y dureza extrema de la represión ejercida, junto con el exilio, han contribuido a la internacionalización de la causa y a la de las vulneraciones de derechos fundamentales. Finalmente, el Gobierno ha valorado que quizás era hora de matizar el discurso, otorgar los indultos, y aplicar la máxima lampedusiana de cambiar para que todo continúe igual. Lo dicen claramente. Esta es la nueva normalidad, igual que la de siempre: pactar, o fingirlo, presupuestos y leyes autonómicas y estatales concretas, con la fuerza de quien tiene todos los poderes de su lado.

Así se expresó el presidente P. Sánchez el 16 de junio de este año en el Congreso, reprochando a los políticos del PP que eran "indolentes" con la unidad de España cuando gobernaban, mientras él sacaba pecho de que con el Gobierno de coalición PSOE-Podemos se había conseguido erradicar los referéndums de autodeterminación, las declaraciones de independencia, y el hablar de estos temas en el Parlament de Catalunya. Parecido discurso hizo el pasado 30 de junio en el Congreso, cuando compareció para dar cuenta de los indultos, donde dejó claro que estaban en contra totalmente del referéndum de autodeterminación, sólo posible con una reforma de la Constitución a la que no pensaban apoyar nunca. La realidad es que todas las instituciones españolas avalan esta postura: legislativo, ejecutivo y poder judicial. Es una posición tangible, no escondida ni disimulada. Y enmarca todos los escenarios de reuniones y diálogos que hay en el horizonte.

Ahora mismo, el cambio de Gobierno reciente indica que consideran ya hecho el "gesto" hacia Catalunya. Ahora sólo quieren recoger frutos en forma de apoyo político y un diálogo basado en el hecho de que no se vuelva a intentar hacer la independencia. Tolerar el pensamiento y basta. Como siempre. No hay engaño.

¿Todo esto dónde deja al independentismo? ¿Cómo reaccionar ante esta táctica?

Esta legislatura nace marcada por una primera etapa de diálogo, y esta tendría que servir para determinar una segunda de decisión. El peligro es el inmovilismo

De entrada estaría bien no menospreciar la posición institucional española, y entender que el diálogo real que se ha planteado intentar durante estos dos primeros años de legislatura sólo se puede producir en forma de embate constitucional, como ya pasa en otros países como Canadá o Francia en relación con la autodeterminación y los elementos plurinacionales. Recordar que el Parlament de Catalunya tiene poder de iniciativa de reforma de toda la Constitución española o parte de ella. Cualquier otra posición nos hará caer en la represión o en el autonomismo.

En segundo lugar, el estado español es prepotente y se cree invencible. Y no lo es. No supo reconocer la oportunidad de pacificación y acuerdo que se ofreció con el Estatuto de Autonomía del 2006, y ahora tampoco reconoce el esfuerzo de proponer un referéndum de autodeterminación después de haber ya votado el 1 de octubre de 2017. Un referéndum significa un compromiso independentista de respetar un resultado favorable a la unidad. Sin embargo, los referéndums pueden tener sentido cuando la voluntad independentista roza el 50%, como es el caso actual de Catalunya. Pero el independentismo no para de crecer en Catalunya. En las últimas elecciones en el Parlament el 52% de votos indepes se registraron incluso con más de medio millón de abstenciones de personas con esta ideología. Y los referéndums no son la única manera de expresar la voluntad de un pueblo.

La represión de estos últimos cuatro años ha sido durísima y, a pesar de los indultos, no ha acabado. Así lo demuestra el actual embate del Tribunal de Cuentas, y las causas contra personas activistas, políticos, funcionarios, artistas y manifestantes. Si dejamos de intentar la independencia, la represión nos habrá vencido.

Esta legislatura nace marcada por una primera etapa de diálogo, y esta tendría que servir para determinar una segunda de decisión. El peligro es el inmovilismo. El reto es encontrar una fecha para volver a hacerlo. Ni que sea el último día de la legislatura. El de las próximas elecciones. La fecha pendiente de la independencia de Catalunya.