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"Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión"
Paul Auster

Con Begoña varada en Moncloa —a la espera de la decisión de la Audiencia de Madrid— y David Sánchez esperando también en palacio su propio destino —en manos de la Audiencia de Badajoz— comiendo la sopa boba, hagamos un alto en el viacrucis judicial de este gobierno para reparar en el destino que da no ya a nuestros impuestos, sino a los más altos conceptos a los que guardamos devoción.

Había pasado desapercibido, al menos para mí, que la gran idea del Plan de Acción por la Democracia no ha consistido en aplicarse el cuento o, al menos, en recordar cuáles son las premisas básicas de un régimen basado no solo en la voluntad popular, sino en la existencia de contrapoderes y contrapesos que controlen al poder emanado de las urnas; no, la idea estrella de un plan que ha costado doce millones de euros ha sido la creación de una marca de ropa streetwear llamada Dmocracia. Una colección cápsula de sudaderas, camisetas y pantalones tipo chándal que pretenden entroncar "la democracia como cultura popular" y establecer "una reflexión sobre cómo transmitir memoria democrática en una época de nuevos valores culturales". Si cada ropa comunica, "¿por qué no utilizarla para recordar valores democráticos?". No se veía nada igual desde que en el gobierno de Zapatero —todo rima, al final— se les ocurriera paliar el problema de la vivienda lanzando las Keli Finder, las zapatillas para patearte la calle buscando piso.

Se me amontonan los motivos. Mola mazo ser moderno con la pasta de todos y contratar a influencers de esos —Marina Rivers— y hacer shooting en el Congreso de los Diputados con unas prendas que, la verdad, para la cárcel cómodas son. Después de gobernar por TikTok, era un paso hasta lógico. Lo que no es tan admisible es todo lo que esto nos dice de un gobierno para el que los valores constitucionales y el sistema de gobierno son un rebranding de conceptos sagrados para pretender que el joven ya no es tanto un ciudadano como un consumidor de identidades emocionales. Además, es mentira que ningún joven sea tan lerdo como para pensar que la democracia es una marca o un estilo desenfadado de estar en el mundo. Esto no pasaría de ser una frivolidad —que ha gastado un montón de pasta y la ha distribuido en forma de publicidad en los medios adecuados— si no fuera porque la democracia no es un estado emocional, por muy joven que seas, sino un sistema que abarca elecciones libres, separación de poderes, independencia judicial, libertad de prensa, control parlamentario, órganos reguladores independientes y rendición de cuentas. Justo lo que el gobierno molón se está cargando.

La democracia convertida en ropa de trapillo. Toda una metáfora visual de lo que les importa

La democracia como eslogan. Ahí reside el meollo de la actitud de Sánchez. La democracia de quita y pon. Así la entiende y la practica este gobierno. Mientras emprenden campañas cloaqueras y comunicativas para impedir ser controlados, pretenden venderles a las nuevas generaciones unos chandales caros y posados como idea democrática. Instagram como nuevo parlamento. Las prendas se sortean —supongo que pretenden hacerlas virales como los plásticos de Audemars— en una rifa que propone "vestir Dmocracia". Fungible, sustitutible, rediseñable, perecedera como lo es la misma moda. Un gobierno adolescente, preñado de adolescentes, que no entienden que su tarea no es transformarse en lo que pretenden atraer, sino comportarse de modo que atraiga. Y la seriedad, la honestidad, la capacidad de gestión, la solución de problemas también de los jóvenes, la esperanza, la visión de futuro sí que sería una forma de crear adeptos al mejor de los sistemas de gobierno posibles.

En un sistema constitucional, la democracia pertenece al conjunto de la ciudadanía y de las instituciones, no al ejecutivo de turno. Una campaña que presenta la democracia como un relato propio, próximo a un tipo de juventud y no a otros, da toda la impresión de identificar la defensa de la democracia con la defensa de su acción política. O sea, de buscar votos. No obviemos que el uso de recursos públicos para construir un relato político merece un escrutinio especialmente exigente. La comunicación institucional es legítima cuando informa sobre derechos, servicios o campañas de interés general, y es verdaderamente más discutible cuando busca moldear percepciones políticas mediante técnicas de publicidad comercial, especialmente si no existen indicadores claros sobre su utilidad. Propaganda. Un viejo enemigo de la democracia.

No sé por qué me han venido a la memoria los delitos de malversación imputados a los líderes del procès: recuerden que la Fiscalía cifró una y otra vez en algo más de dos millones los gastos de dinero público para el referéndum. Con esa definición tan apretada que hizo el Supremo de malversación, no sé yo si emplear siete veces más en acciones absurdas para "promocionar" la democracia, sin ninguna constatación de efectividad real, será mucho más lícito.

Más les valdría asumir que llevan deteriorándola años. Que están dispuestos a arrollar el sistema de contrapesos con tal de defender las trapacerías de los suyos y puede que las propias. Que sus intentos legislativos solo pretenden evitar las consecuencias penales de oscuras tramas de corrupción y ataque a la esencia democrática que terminarán por aflorar totalmente. Que mienten, que soslayan cualquier responsabilidad y que permanecen en el poder sin respaldo parlamentario. Todo en modo six-seven, faltaría más.

La democracia convertida en ropa de trapillo. Toda una metáfora visual de lo que les importa. Aunque, insisto, la colección, para el uso en el módulo, es totalmente adecuada.