Pues yo sí que estoy a favor de la reciente regularización extraordinaria de migrantes porque no creo que beneficie a nadie la no-existencia legal de medio millón de personas en el Estado español o 24.000 en la ciudad de Barcelona. El afloramiento de esta realidad beneficiará, de entrada, al erario público, en tanto que estos trabajadores ahora sí que cotizarán a la Seguridad Social porque podrán ser legalmente contratados. He aquí una medida que no sé si es o no es humanitaria, pero es enormemente práctica. De entrada, porque los migrantes contribuirán al sostenimiento de los servicios públicos como usted y como yo. Actualmente, hay 3.135.000 trabajadores extranjeros en la Seguridad Social española de un total de 21.884.000 cotizantes, según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Durante 2025, el incremento fue de 208.000 cotizantes extranjeros, un récord histórico. Son un 14,1% del total de los afiliados al sistema. Suman el 28,8% de los afiliados en la hostelería; el 26% de la agricultura; el 23,2% en la construcción o el 17,7% en Transporte y Actividades Administrativas. También crece el número de extranjeros en actividades cualificadas: un 25,9% en Información y Comunicaciones; un 22% en Suministro de Energía; un 19,2% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas y el 14,2% en Actividades Financieras y de Seguros. Podríamos continuar hasta aburrir al lector con datos que remiten a un fenómeno que, guste o no, no solo ha venido para quedarse, sino que, además, es imprescindible para que la economía funcione. ¿Quién ocupará los puestos de trabajo de estas personas cuando sean “deportadas”, como reclama la extrema derecha de Vox (que incluye a los migrantes legales si se quedan en el paro y sus hijos) y Aliança Catalana, los dos partidos más trumpistas de toda la Europa occidental?
Es muy cómodo culpar a la inmigración —que no tiene por qué gustarnos, de entrada, que quede claro— del colapso y la degradación de los servicios públicos, de las dificultades de acceso a la vivienda, del retroceso en el uso de la lengua catalana o de la precarización global de los salarios. Y es obvio que los incrementos poblacionales masivos y en poco tiempo, sin ningún control, tienen efectos negativos sobre el conjunto, empezando por los mismos recién llegados. El resurgimiento del barraquismo en Barcelona y su entorno los últimos años, un fenómeno que prácticamente se daba por erradicado, es la prueba. Pero es más fácil sacar esta conclusión que no señalar directamente a los caraduras que se benefician de todo esto: empezando por quien los contrata con salarios para llorar y quien les pide por el alquiler de una habitación el 80% de ese sueldo irrisorio. También es más fácil señalar a los migrantes que a los gestores públicos que entre 2009 y 2023 dejaron de invertir 42.486 millones de euros en infraestructuras en Catalunya, como las ferroviarias. O pedir cuentas por el déficit de plazas para aprender catalán al conseller del ramo o variar de raíz la actitud de los catalanohablantes, que cambiamos de lengua enseguida que un venezolano o un pakistaní se nos dirige o nos responde en castellano. O cuando un expat —que también es un extranjero, aunque no suele tener la piel oscura y también reside entre nosotros desde hace tiempo—, nos pide en un perfecto inglés (el suyo) cuál es el camino más corto para ir de la Rambla la Boqueria. En fin, también es más fácil asimilar en bloque a los inmigrantes al incremento de la delincuencia que pedir al político de turno que haga su trabajo para que las calles sean seguras para todos.
Mantener a cientos de miles de personas en situaciones de ilegalidad es perpetuar el descontrol sobre las migraciones y favorecer a la extrema derecha
Ciertamente, la regularización extraordinaria de migrantes pactada por Pedro Sánchez con Podemos dentro del plan de choque para recuperar los antiguos aliados, es un movimiento que va en sentido contrario al de toda Europa, que cada vez cierra más las fronteras. Pero, esto, que es lo que piden las extremas derechas populistas e incluso partidos socialdemócratas en el gobierno como el de Dinamarca practican, puede hacer colapsar economías como la española, y la catalana, claramente faltadas de mano de obra. Ahora bien. La gente lo sabe. No es idiota. Y, a pesar de todo, por qué no votar a Orriols o a Abascal, se pregunta. La tentación populista para responder a un fenómeno de alta complejidad como los que nos ocupa es fuerte. Y es normal que así sea. La incomparecencia de la política convencional ayuda. Y no es fácil aplicar aquella máxima de Kant: “Atrévete a pensar por ti mismo (Sapere aude!)”. El mismo filósofo de Königsberg añadía en su famosa respuesta a qué es la Ilustración (1784), que, a menudo, la pereza y la cobardía nos lo impiden a lo largo de toda la vida: “Es tan cómodo ser menor de edad”. Las migraciones sin control acaban beneficiando a los que siempre pescan en aguas turbias. Sin ir más lejos, los partidos extremistas de derecha, con su explotación intensiva de los miedos —lógicos— y las dudas —que todos podemos tener—. Pero a menudo, nos tapamos los ojos y preferimos que nos guíen. La IA también nos lo pone fácil en la medida en que permitimos que sea ella quien responda, y piense por nosotros. Los nuevos extremismos y la tecnología actúan como una pareja letal en este tiempo oscuro que vivimos, tan poco ilustrado.
A los males que asociamos al fenómeno migratorio podemos añadir este: el crecimiento de la antipolítica y el extremismo. Pero, ¿estamos dispuestos a cargarnos la democracia porque hemos decidido que alguien o algo piense por nosotros? ¿O simplemente, para desahogarnos? Como evidencia el caso de Trump en Minneapolis, la reacción autoritaria no resolverá los muchos errores y desatinos de la política de siempre que pretende reemplazar. Que esta caiga a pedazos, que necesite reformas más que urgentes, no hace bueno al relevo ultra. Hay quien dice que, por eso, es mejor que los extremistas manden. El problema es que una vez llegan al poder instrumentalizando la democracia, cuesta mucho que salgan. En medio de esta pinza, los déficits de la política democrática, y la amenaza del relevo autoritario, mantener a cientos de miles de personas en situaciones de ilegalidad es perpetuar el descontrol sobre las migraciones y favorecer a la extrema derecha. No se trata ni de aplicar los "papeles para todos" sin la más mínima racionalidad. Ni, tampoco, de obviar los deberes de ciudadanía, indisociables de los derechos a los que da lugar la residencia legal: entre ellos, de entrada, el respeto a la lengua y la cultura no sé si de acogida pero sí de llegada. Pero el culpable de que los trenes de Rodalies y de Alta Velocidad se hayan convertido en máquinas de matar por la falta de mantenimiento e inversión se llama Óscar Puente, y no Mohamed Salah, que, como todo el mundo sabe, es un extremo egipcio que juega en el Liverpool F.C.
