El presidente de la patronal catalana Foment del Treball y de la Sociedad barcelonesa de Estudios Sociales y Económicos de Foment del Treball (SBEES), José Sánchez Llibre, ha defendido este jueves un gran pacto social para afrontar los cambios que se están produciendo en la economía a consecuencia de la transformación demográfica. Este pacto pasa, entre otras cosas, por contar con las nuevas realidades demográficas en las que la inmigración tiene un papel importante.
Tanto es así, que Sánchez Llibre ha planteado tres condicionantes a tener en cuenta. En primer lugar, que “España y la economía española necesitan inevitablemente la inmigración para progresar económicamente”. En segundo lugar, “que las empresas necesitamos sí o sí la inmigración para poder ser más productivas, más competitivas, para la generación de riqueza y al mismo tiempo para la creación de puestos de trabajo, y para poder reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social”, ha destacado Josep Sánchez Llibre. Finalmente, el líder empresarial ha dicho que “la inmigración es necesaria para la sostenibilidad de la sociedad del bienestar y la inmigración es también una solución para nuestro futuro económico y social”.
El presidente de Foment ha abordado este tema durante la presentación del informe La España de los 50 millones de habitantes, que analiza los cambios demográficos que determinarán la economía española en las próximas décadas. El análisis lo ha impulsado SBEES y lo ha llevado a cabo la consultora Opina 360. Para los responsables de la SBEES, “el estudio se convierte en una oportunidad para que las organizaciones públicas, los partidos políticos, las empresas y los actores sociales redefinan y reorienten sus políticas ante unos cambios demográficos que ya son visibles pero no irreversibles”.
Un déficit de 1,4 millones de trabajadores
Entre las evidencias que pone de manifiesto el análisis queda claro que en la próxima década se producirá un desequilibrio en el mercado laboral entre las personas que se jubilarán y las que se incorporarán, produciendo un déficit de 1,4 millones de trabajadores, de manera que un 6,3% de los puestos de trabajo totales no podrán ser cubiertos y habrá que incorporar cada año cerca de 140.000 personas en edad laboral para cubrir este déficit de trabajadores. Asimismo, según el informe, el aumento de pensionistas y el gasto en prestaciones continúan siendo un reto para la sostenibilidad financiera del sistema.
Es por ello que el director de Opina 360, Juan Francisco Caro, que ha coordinado el estudio, ha expuesto los factores clave que según el informe explican el reto demográfico de la España actual, en que la baja natalidad, el envejecimiento acelerado y una creciente dependencia de la inmigración, junto con la necesidad de retener talento para reducir la emigración, son factores determinantes que impactarán en el tejido empresarial.
El informe, que aborda las previsiones demográficas para los próximos años, prevé que la población española alcance los 50 millones de habitantes en las dos décadas venideras, con un saldo migratorio neto positivo. Si se cumplen estas previsiones, significa que en el año 2035 la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que supone que un tercio de la población estará vinculada –en primera o segunda generación– a la inmigración.
La acogida y la vivienda
Ante esta proyección y el contexto poblacional que habrá, Josep Sánchez Llibre ha sido contundente al destacar que “este gran pacto social que impulsamos debe corregir todas las cuestiones que van en la dirección de asociar inmigración con inseguridad, delincuencia y violencia, y evitar la tentación de las soluciones fáciles”. Para Josep Sánchez Llibre se deben incluir aspectos que favorezcan la convivencia como ayudar a las personas que llegan a integrarse; no ignorar las dificultades lógicas de acoger culturas diferentes; abordar el choque de valores que afectan a la igualdad de género; atender la sobrecarga de los servicios públicos como en el caso de la educación y la sanidad; evitar el aumento de la economía sumergida y resolver la saturación del acceso a la vivienda en España.
El informe incluye una encuesta que revela que la ciudadanía cree que el aspecto más positivo de la inmigración es su aportación al crecimiento económico (40,5%) y, los más negativos, el aumento de la inseguridad (27,9%) y la mayor presión sobre los servicios públicos (23,5%). Así, preguntados por cómo abordar la llegada de extranjeros, los encuestados se decantan principalmente por facilitar los permisos de trabajo limitando las concesiones de nacionalidad (38,4%).
El director de la SBEES, Fèlix Riera, ha explicado que "el estudio permitirá pensar con datos y no solo con percepciones” a la hora de hacer frente a las nuevas políticas. “El estudio se convierte en una oportunidad para que las organizaciones públicas, los partidos políticos, las empresas y los actores sociales redefinan y reorienten sus políticas ante unos cambios demográficos que ya son visibles, pero no irreversibles”, argumentan desde SBEES.