Entre este miércoles de San Valentín, 14 de febrero, y el martes 20, tendrá lugar en el Tribunal Supremo una nueva ronda de comparecencias de líderes independentistas en relación con la causa que llevó a la cárcel a medio govern Puigdemont y al exilio al otro medio, amén de los Jordis y Carme Forcadell. En esta ocasión el círculo se amplía a exdiputadas de la CUP (Anna Gabriel y Mireia Boya -hay dudas sobre si comparecerán o no-), las dirigentes de ERC y el PDeCAT Marta Rovira y Marta Pascal -ya hay quien reza por que no se las llegue a conocer como “les Martes”-, el expresident Artur Mas -ya condenado a inhabilitación por la consulta del 9-N- y Neus Lloveras, expresidenta de la AMI -ha renunciado al cargo hace pocos días-. Tienen cita con el juez Pablo Llarena (¿se acuerdan de cuando se lo tenía por el juez “bueno”, “garantista”, etc., que iba a enmendar los "errores" de la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional?) por su presunta participación en una suerte de comité estratégico del procés.

La Guardia Civil ha elaborado, además, una lista de 32 personas “de interés para la investigación”. Entre los relacionados está Elsa Artadi, mano derecha del president Carles Puigdemont -y posible candidata a la presidencia “efectiva”-, pero también un buen número de responsables de los segundos escalones del Govern, candidatos claros a continuar, como es el caso del secretari d’Economia, el republicano Pere Aragonès. Estos próximos días, en fin, sabremos si el dispositivo judicial de descabezamiento del independentismo conoce algún límite en su acción represora. Veremos. Aunque haya pocos motivos para el optimismo, sino más bien para todo lo contrario.

En las últimas semanas, la tenacidad de Puigdemont para hacer valer sus derechos políticos tanto ante el Estado español -negándose a entregarse a la policía- como de una parte del independentismo -negándose a asumir una presidencia "simbólica" - ha servido de cínica coartada al juez Llarena para justificar la continuidad en prisión de los Jordis, Junqueras y Forn. La estrategia judicial contra el independentismo es tan perversa que evoca aquella maldad en estado puro y, sin embargo, banalizable y banalizada, que describió la filósofa y escritora Hannah Arendt. Cuidado. No hace falta estar en un campo de concentración nazi para percibir los oscuros destellos de la maldad gratuita: puede bastar con el patio de una cárcel de la España “democrática”. No hace falta estar en la Alemania de 1933: basta con darse una vuelta por las redes sociales para calibrar hasta qué punto se banaliza la privación de las libertades más básicas a los Jordis, Junqueras o Forn.

La tenacidad de Puigdemont para hacer valer sus derechos políticos ha servido de cínica coartada al juez Llarena para justificar la continuidad en prisión de los Jordis, Junqueras y Forn

Cualquier jurista medianamente serio sabe que las delirantes resoluciones de Llarena se pueden leer como un insulto a la verdad. Y es ante decisiones semejantes cuando se entiende por qué "justicia" y "ley" no son exactamente lo mismo e incluso pueden devenir términos antagónicos. Pero, se nos intenta hacer ver, cada vez con más insistencia, que es el “prófugo” Puigdemont el culpable de que sus compañeros sigan en Estremera y Soto del Real. Grave, muy grave. La siniestra “razón de Estado” lo aguanta todo y, además, como dijo Rubalcaba, ese Fouché redivivo que sigue mojando en todas las salsas del poder español, sin reparar en coste alguno. Puede que la república de Puigdemont sea muy Polònia, pero la brutal reacción del Estado español la ha convertido en una arma cargada de futuro, por más incierto que aparezca su presente.

Puede que la república de Puigdemont sea muy Polònia, pero la brutal reacción del Estado español la ha convertido en un arma cargada de futuro

La dureza del trato a los líderes independentistas aún en prisión -y la amenaza que se cierne sobre los demás- condiciona y atenaza todos los movimientos en el tablero político de la Catalunya pos-21-D. Es evidente que la batalla desatada entre el PP y Cs por ver quién la tiene más rojigualda -y perdonen el símil- repercute claramente en el futuro penitenciario y judicial de los líderes del procés. Por primera vez en décadas, el ganador de las próximas elecciones españolas no lo decidirá el centro sociológico sino la extrema derecha aznarista que el PP aspira a retener y Cs quiere conquistar. Existe un hilo negro que une la ampliación de los supuestos de la prisión permanente revisable (la cadena perpetua encubierta), la exclusión de la sedición y la rebelión del catálogo de delitos que pueden ser objeto de indulto, la propuesta de Cs para que las lenguas cooficiales dejen de ser requisito para acceder a un empleo público y los autos de Llarena sobre los presos políticos catalanes. Pero la pugna electoral entre el PP y Cs no es causa, sino consecuencia, del giro autoritario con el que se está reescribiendo la democracia española. Ese nuevo régimen proclamado a la voz de “¡a por ellos!” (con sanción real, como ya expusimos aquí).

La batalla desatada entre el PP y Cs por ver quién la tiene más rojigualda repercute en el futuro penitenciario y judicial de los líderes del procés

Y es evidente que la pugna entre ERC y JxCat, ahora centrada en la gestión de "la" o "las" investiduras, favorece las expectativas de ese marco general de cierre de todo el campo de juego. El marco en el que está (casi) atrapado el independentismo y que ya ha engullido a la izquierda española: el PSOE fantasmal de Pedro Sánchez y el Podemos de Pablo Iglesias, dimitido de todo en Catalunya desde el 21-D. Se constata estos días extraños que la larga batalla por la hegemonía del soberanismo entre republicanos y postconvergentes no remite ni siquiera en los peores momentos, en las circunstancias más crueles, lo cual, además de mostrar la peor cara del independentismo, constituye la mejor arma del autoritarismo espanyol. La ruptura de la unidad independentista, de ese eje Estremera/Soto del Real-Barcelona-Bruselas, es la esperanza última del españolismo neoautoritario para que a la decapitación del independentismo, a la muerte política y civil de los líderes de la república del 27 de octubre, le siga la deserción de la base social del movimiento soberanista. El inesperado catalán rebelde, ese que plantó cara a las porras en el referéndum del 1-O, tiene que volver a ser el catalán miedica, o sea "de seny". Por eso también los Jordis, Junqueras y Forn continúan en la cárcel. Y Puigdemont y los consellers en Bruselas.

Prisiones de Castilla. Es España entera que empieza a parecerse a una prisión en el páramo castellano.