La nómina de dirigentes del independentismo en el punto de mira del gobierno del PP, de la justicia española y sus terminales mediáticas, no para de crecer. Los últimos dos candidatos a la lista negra son dos actores del escenario catalán llamados desde ya a cobrar un alto protagonismo en los próximos tiempos: la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi y el flamante presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent.
El nombre de Elsa Artadi, mano derecha de Carles Puigdemont, está sobre la mesa desde la noche electoral del 21-D como posible relevo si la investidura del presidente exiliado se hace definitivamente impracticable. Artadi no es la única opción de JxCat y menos aún del PDeCAT, pero a diferencia de otros nombres como los de Jordi Sànchez o Jordi Turull, no tiene la condición de investigada por las causas del 1-O y la república. Por lo menos, hasta el momento.
En cuanto a Torrent, su papel cobra cada día más relieve tanto por la posición institucional que ocupa en un momento de extrema complejidad -en la práctica es el único "presidente efectivo"- como por el hecho de que el liderazgo operativo de Esquerra Republicana (ERC) ha quedado muy tocado a raíz del encarcelamiento de Oriol Junqueras, el segundo plano al cual parece haber regresado la secretaria general, Marta Rovira o el paso a la "vida civil" del exconseller Carles Mundó.
En las últimos horas, el foco politico-mediático se ha situado directamente sobre Artadi y Torrent. La jefa de campaña de Puigdemont ha sido la foto de portada en diarios de Madrid y Barcelona, que la presentan como la opción más pragmática para suceder en la Generalitat al president exiliado en Bruselas. Pero también se intenta criminalizarla a raíz de unos correos que habría enviado como directora general de coordinación interdepartamental de la Generalitat al secretario general de la Vicepresidència y de Economia i Finances, el republicano Lluís Salvadó, uno de los altos cargos detenidos por el 1-O.
El digital Vozpópuli señalaba este viernes a Artadi con un titular de impacto: "La Guardia Civil revisó correos de Elsa Artadi con informes económicos enviados al cerebro del procés". El 'cerebro' es Salvadó, mano derecha del vicepresidente Junqueras, detenido y actualmente en libertad provisional en la causa abierta por el titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez. Los "informes económicos" son, por una parte, el estudio "L'economia de Catalunya" -al que se puede acceder on line-, un texto del Col·legi d'Economistes de Catalunya elaborado por prestigiosos académicos; y, de la otra, un estudio del Governo, "Crònica d'una ofensiva premeditada: les conseqüències sobre les persones a Catalunya", sobre la asfixia económica y competencial de la Generalitat aplicada por los gobiernos de Madrid en la última década. El informe lo analizó el Consell Executiu el 30 de junio del 2015, en la etapa de la presidencia de Artur Mas, y se puede consultar íntegramente en la web de la Generalitat.
Se trata, pues, de dos documentos públicos que la Guardia Civil y el citado periódico digital esgrimen a la manera de pruebas incriminatorias contra la diputada de JxCat. Presuntamente, Artadi envió un correo a Salvadó el 19 de septiembre del 2017, un día antes de la Operación Anubis de la Guàrdia Civil contra la sede de Economia y otros departamentos de la Generalitat, que se saldó con 15 detenciones y con protestas populares masivas y pacíficas que han llevado a la prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de la ANC y Òmnium.
El correo de Artadi era un reenvío de otro remitido por el diputado de Junts pel Sí y catedrático de Economía de la UPF Oriol Amat, uno de los autores del informe económico, con la indicación "petición urgente". Durante el registro en la sede de Economia, la Guardia Civil confiscó los correos electrónicos de Salvadó, lo cual le ha servido para elaborar un listado de 32 personas "de interés para la investigación" entre las cuales está Artadi.
Economista por la UOF y doctorada en Harvard, exmilitante del PDeCAT, Artadi mantuvo el cargo de directora general después de la aplicación del 155, y estaba hasta cierto punto bien vista en sectores de la Moncloa. Pero también fue la jefa de la exitosa campaña de Puigdemont que ha apuntalado la mayoría absoluta del independentismo y ahora puede suceder al president, por lo menos en la presidencia "efectiva" de la Generalitat.
La declaración de Forcadell
Roger Torrent, el presidente del Parlament, ha aparecido señalado en las últimas horas en el marco de la filtración de la declaración que efectuó ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la anterior titular de la presidencia de la Cámara catalana, Carme Forcadell. Las crónicas han presentado la declaración de Forcadell, la enésima filtración selectiva y dirigida de los interrogatorios a líderes independentistas, como un intento de Forcadell de rehuir responsabilidades. O, directamente, de cargarle el mochuelo a su sucesor en relación con la declaración de independencia del 27 de octubre.
Forcadell responde afirmativamente cuando la fiscal le pregunta si leyó la declaración a petición de Torrent, que entonces era portavoz adjunto del grupo de JxSí. ¿"Se lo pidió el señor Torrent, Roger Torrent?", le pregunta la fiscal. "Sí, señoría", responde. Lo que ya no se destaca con tanta fuerza en el relato de los hechos es que cuando la representante del Ministerio Público le pregunta si la leyó por su trascendencia, Forcadell responde que "es una petición como muchas otras veces ha habido". Es decir, que la leyó con independencia de quien la solicitó y cumpliendo con su deber institucional.
Torrent no ha sido encausado, lo que lo convierte a ojos de la Moncloa, como es también el caso de Artadi, en un independentista "limpio" para ocupar los máximos cargos institucionales en el escenario de la Catalunya "normalizada", post-155 que busca el PP. Eso no quita, sin embargo, que cuelgue sobre él la espada de Damocles judicial. La prueba es su decisión de suspender el pleno de investidura de Puigdemont el 30 de enero pasado después de la resolución "preventiva" del Tribunal Constitucional que prohibía la (re)elección a distancia del president, o, presencialmente, sin permiso judicial. Desde entonces, la segunda autoridad de Catalunya -y, hoy por hoy, la primera "efectiva" - ha evitado en todo momento dar cualquier mal paso legal que lo pueda llevar por el camino de su antecesora, incluso al precio de mantener la investidura sine die en punto muerto.