El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto que amplía la prisión permanente revisable. Lo ha presentado el ministro de Justicia Rafael Catalá en rueda de prensa en la Moncloa, quien ha avivado los recelos cuando ha citado casos de países europeos donde "alta traición y ataques a los intereses del Estado" también son gravados con tal pena. Si bien, Catalá ha dicho que sólo eran ejemplos y ha descartado extrapolarlo la rebelión y sedición –precisamente la misma semana en que el Partido Popular anunció la voluntad de prohibir los indultos para esos supuestos.

"Son delitos que nunca podrían eludir de indulto. No pretendemos subir las penas, pero si son muy graves, nunca tendrían que ser objeto de un indulto concedido por el gobierno. No pretendemos abrir debates y generar más polémica sobre esta cuestión", ha dicho el ministro para justificar la diferencia de consideración con la prisión permanente. La cuestión se que el PP tiene números que la prohibición de los indultos prospere, ya que Ciudadanos se ha adherido, mientras el PSOE se encuentra "estudiando" una polémica medida que afecta a los dirigentes encausados del proceso soberanista.

Al margen de ello, el ministro ha anunciado que el proyecto de prisión permanente revisable se haría extensible a cinco nuevos supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor después privar de libertad o torturar y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos. Según Catalá, la decisión llega porque existe "una demanda social" –de al menos un 80% de la población que le da apoyo– y niega que se legisle "en caliente".

Por ese motivo, el titular de Justicia ha instado a los grupos del Congreso a darle apoyo. "Es una pena que existe en toda Europa. No ha sido el gobierno quien ha puesto el tema encima de la mesa, sino de los grupos que directamente quieren derogar la ley para que volvamos a ser una isla", ha denunciado sobre un proyecto inicialmente aprobado el año 2015 y que aglutinó toda la oposición en su contra –con recurso al Tribunal Constitucional. Precisamente, Cs se ha apuntado últimamente a la medida, en su lucha con el PP por el voto de la derecha española.