Soy de los que aposté que Pedro Sánchez no iba a cesar a la ministra Margarita Robles por el espionaje al independentismo catalán, escándalo que sigue creciendo, y no creo que lo haga por más que se lo pida el president Pere Aragonès. Aragonès no es el Jordi Pujol de 1995 que se cobró la cabeza de Narcís Serra por el escándalo de las escuchas del Cesid, sobre todo porque la dependencia de Pedro Sánchez de ERC no es la misma que tenía Felipe González de CiU. La juez Robles, como el también juez Fernando Grande-Marlaska, el titular de Interior, son ministros de Estado, algo así como (casi) intocables. Los que entienden dicen, incluso, que son ministros del Rey; y que se sepa, su majestad, Felipe VI, no ha rectificado aún ―iba a escribir "abdicado de"― aquel discurso del 3 de octubre del 2017 donde llamó a “los legítimos poderes del Estado” a “asegurar el orden constitucional” dos días después del referéndum del 1-O. Y en la misma jornada que incluso una parte de la Catalunya no independentista se echó a la calle en múltiples y masivas movilizaciones, espoleada por la violencia policial desatada dos días antes.

Una vez más, y como puso de manifiesto el encendido discurso de Robles en el Congreso, donde, lejos de poner el cargo a disposición, justificó el espionaje, la Jefatura del Estado actúa como dique de contención. Incluso como elemento disuasorio ante las dudas del resultadista Sánchez, de quien se puede esperar todo ―echar a Robles, pactar la abstención de Feijóo o, si hiciera falta, el sí de Vox― con tal de no perder la votación de turno, en este caso la de las ayudas para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. La suma del veto real ante las consecuencias del retorno del procés, o sea, del nuevo episodio que ha dejado al aire las vergüenzas democráticas del Estado, y el virtuosismo de Sánchez en el arte de manejar las geometrías variables me llevan a pensar que tampoco se va acabar la legislatura española así como así por mucho que amenace Gabriel Rufián. Añádase como tercer factor para descartar el descarrilamiento el pétreo sostén que tiene Sánchez, aunque parezca lo contrario, en las ministras y ministros de Podemos y En Comú Podem. A Yolanda Díaz y demás parece importarles un rábano el hecho de que ellos también pueden haber sido espiados por Pegasus con tal de seguir calentando los asientos en el Consejo de Ministros.

Lo que preocupa a Pedro Sánchez es que el CatalanGate pueda romper el pacto no escrito que acompañó a los indultos del 1-O: la congelación del 'procés' ad infinitum y la 'rehabilitación' de ERC como partido autonomista

Otra cosa es que Sánchez esté cabreado con sus socios catalanes de ERC, que le votaron en contra el plan de ayudas aunque con el salvavidas de Bildu, y puede que nervioso ante la eventualidad que el espionaje ampliado a abogados de la defensa de los independentistas tuviera efectos jurídicos en los tribunales europeos donde se libra la segunda vuelta de la batalla legal del procés. En el fondo, lo que preocupa al presidente es que el CatalanGate pueda romper el pacto no escrito que acompañó a los indultos de los líderes del 1-O: la congelación del procés ad infinitum y la rehabilitación de ERC como partido autonomista o equivalente. O sea, que el “ho tornarem a fer” de Jordi Cuixart no pase de lema un tanto pillo pero sin fecha en el calendario, que el momentum del president Torra no llegue nunca. En el día a día parlamentario, claro está, ese pacto no escrito ―que en Catalunya es algo así como un secreto a voces― obliga en la práctica a ERC a mantenerse en la disciplina de la mayoría de apoyo al Gobierno de España, como se mantuvieron el jueves los diputados del PDeCAT y Bildu pese a que también habrían sido espiados por Pegasus. No por casualidad el editorial de El País acusaba ayer a ERC de pretender que el debate sobre el caso Pegasus “permita obviar los hechos del otoño de 2017”. Hechos resumidos y travestidos de “ruptura del estado de derecho” ―de nuevo el discurso del Rey marcando la pauta― en el marco de la cual “no parece ilógico que los servicios secretos activasen ―bajo el control jurídico correspondiente― (acota el editorialista, al parecer más informado que el propio Sánchez) sus mecanismos de espionaje”. Es decir: hubo espionaje, que lo hubo, pero había motivos para ello, entre los cuales, “la revuelta callejera, dirigida por un misterioso Tsunami organizativo, que contestó a la sentencia del Supremo en octubre del 2019”. Calcadito del alegato de Robles ―"¿qué debe hacerse cuando se declara la independencia?"―, y por ello plenamente acorde con la partitura de la Zarzuela, aunque el citado diario progresista reconozca que la ministra empleó un tono inoportuno en las vísperas de la relevante votación en la cámara baja.

Blanquear el espionaje al independentismo atendiendo a supuestas amenazas para el Estado es reproducir la lógica perversa que justifica la Guerra Civil y el golpe de Franco y la dictadura como respuesta a la “amenaza rojo-separatista” 

O sea que el Pegasus tocó con sus alas por los menos unos 65 móviles estratégicos, propiedad de líderes del procés y su entorno, porque estos estaban haciendo la independencia. Para el Estado y los partidos del 155, entre los cuales el PSOE, la pregunta es obvia: ¿qué habría de tener ello de extraño? Pero para cualquier demócrata debería ser una vergüenza agarrarse a semejante argumento. Sorprende que no se hayan dado cuenta. Blanquear el espionaje al independentismo atendiendo a supuestas amenazas para el Estado es reproducir la lógica perversa que justifica la Guerra Civil y el golpe de Franco y la dictadura como respuesta a la “amenaza rojo-separatista” y en el contexto de los convulsos años de la II República. En el 78, en la llamada Transición, ese mecanismo, que prescribía el perdón constitucional a los fascistas que nunca lo concedieron a sus víctimas, sirvió para cubrir con un tupido velo los crímenes del régimen franquista a cambio de la paz civil en la nueva situación. La violencia de ultraderecha, con el golpe del 23-F como clímax, recordaba de cuando en cuando cuál era la naturaleza del pacto. Por eso mismo, el oscarizado Pedro Almodóvar, paradigma de la modernidad posfranquista, ha tardado 40 años en exhumar una fosa de la Guerra Civil en sus películas. “Olvido” era la palabra clave. Curiosamente, como ahora pero a la inversa: para los gestores de la España actual, que lo de Pegasus sea feo, muy feo, no puede suponer “olvidar” el procés. ¿Cómo se sostendría, si no, una sentencia tan de Consejo de Guerra sumarísimo como la que emitió el Tribunal Supremo? El Rey no puede quedarse del todo en pelotas. Traumas duraderos, traumas de España.