El Parlament de Catalunya no es soberano más allá de las atribuciones que le confiere la legislación vigente: esto es, el Estatut de Autonomia de acuerdo con la Constitución española. Si el Parlament de Catalunya fuese plenamente soberano, no haría falta que hubiera independentistas en Catalunya. Es lo que sucede en el caso español. Así, no hay independentistas españoles porque el pueblo español es “soberano” y, como quiera que la “soberanía nacional” se deposita en las Cortes, éstas ―Congreso y Senado― sí que son plenamente soberanas en todo lo que atañe a la soberanía. Por eso, los españolistas más cínicos y exquisitos niegan que sea imposible la independencia de Catalunya en el marco de la actual Constitución española: bastaría ―dicen― con que los partidos independentistas llevasen su proyecto a las Cortes y que éstas expresaran su acuerdo por mayoría, y, tras un largo proceso, impulsaran una reforma de la Constitución para (ríanse o lloren o ambas cosas, si lo prefieren) permitir que los catalanes votaran en un referéndum vinculante su separación (o no) de España. De la misma manera, si el Parlament de Catalunya fuese soberano en una Catalunya soberana, los partidos unionistas podrían promover una reforma de la Constitución del Estado catalán para disolverlo y/o reunificarlo con el Estado español (o lo que hubiera quedado de él). Y si tuvieran la mayoría en la cámara legislativa catalana ―insisto, plenamente soberana―, no tendrían más problema para llevar a cabo su proyecto. Ahora no les hace falta, claro está, porque el pueblo español es soberano y el catalán paga el convite, como demuestra el crecimiento del PIB.

O sea: la pérdida de la condición de diputado del cupaire Pau Juvillà por decisión del TSJC y de la Junta Electoral Central, comunicada “por imperativo legal” por la secretaria general del Parlament, y después de que la Mesa no aceptara su delegación de voto a fin de no incurrir en desobediencia, ha vuelto a evidenciar los límites con los que topa la “soberanía” real del Parlament, cada vez más recortada. Lo evidencia el hecho de que las disposiciones de un simple órgano administrativo, la Junta Electoral Central, deban ejecutarse sí o sí ―la retirada de la condición de diputado de Juvillà― aunque no exista aún sentencia firme, puesto que el Tribunal Supremo no ha resuelto el recurso interpuesto. La pregunta pues, es inevitable: ¿para qué sirve el Parlament? Y la respuesta, obvia: en las circunstancias actuales, el Parlament sirve y es necesario para muchas cosas, pero ni es soberano para blindar a Juvillà en su escaño ni para proclamar la independencia y hacerla efectiva por el solo hecho de proclamarla.

El caso Juvillà ha escrito un nuevo capítulo de la extenuante lucha cainita entre ERC y Junts, ahora reconvertida en una patética competición para determinar si Laura Borràs, ciertamente prisionera de su propio discurso, ha cedido con Pau Juvillà antes que Roger Torrent con Quim Torra. A la vez, Junts ha acusado a la CUP de haber intentado arrastrar a la papelera del Código Penal a Borràs. El resultado para el independentismo es que ha salido aún más dividido y debilitado políticamente ante el dispositivo judicial-administrativo español. Pero lo que en el fondo ha evidenciado el caso Juvillà, aunque parezca una verdad de perogrullo, es que el Parlament de Catalunya no es soberano. Desde luego que puede litigar hasta donde desee y le sea posible ante los otros poderes en los tribunales superiores, de España y de la Unión Europea. Pero en situaciones de clara colisión con la legalidad estatal vigente ―incluso si esta, como es el caso, ha sido retorcida hasta el extremo―, a los responsables de la cámara no les queda otra salida que o bien acatar por activa o por pasiva, caso de Torrent y Borràs, o desobedecer asumiendo todas las consecuencias, como ya hicieran Forcadell y todas y todos los líderes del procés.

¿Se habría entendido que el Parlament hubiera plantado cara, por ejemplo, con un encierro de sus miembros cuando se aplicó el 155, la supresión de la autonomía, pasara lo que pasara? 

Yo no sé si las instituciones están o no están para desobedecer. ¿Se habría entendido que el Parlament hubiera plantado cara, por ejemplo, con un encierro de sus miembros cuando se aplicó el 155, la supresión de la autonomía, pasara lo que pasara? ¿Y que los independentistas movilizados en la calle lo hubieran defendido como defendieron las urnas en el referéndum del 1-O? ¿Hubiera sido legítima esa protesta ante lo que supuso un clarísimo abuso legal-constitucional por parte del Estado para aplastar al movimiento independentista catalán? En cualquier caso, a falta de esa rebelión institucional y del apoyo de la calle, desmovilizada o autodesmovilizada en el momento decisivo, parece claro que difícilmente se hará la independencia mediante las instituciones autonómicas. No es que tengamos un Parlament de “fireta”, es que un parlamento autonómico sirve para lo que sirve, como su propia naturaleza indica. El estado autonómico está concebido, precisamente, para que los parlamentos autonómicos como el catalán sean eso, parlamentos autonómicos, no parlamentos nacionales soberanos como pretenden hacer ver algunos no sé si por voluntarismo, impotencia o ganas de engañar y autoengañarse o todo a la vez.

El procés ha dejado muy claro que no habrá independencia “de la ley a la ley” ni por el simple hecho de que un parlamento autonómico la proclame, aunque se haya refrendado antes ―sin acuerdo con la otra parte― y por muy democrática y amplia que sea la mayoría que la promueva. Hace falta algo más. De lo que, si leemos bien las premisas, se deriva una pregunta que deberían hacerse por igual los partidarios y los contrarios a la independencia. Si con el actual marco legal estatal y estatuario, español y catalán, es imposible que una mayoría democrática lleve a Catalunya a la independencia, ¿qué caminos quedan para hacer realidad esta legítima aspiración? Esa voluntad general, si se me permite la expresión de Rousseau, no es una entelequia: se tradujo en el 52% de los votos de las últimas elecciones al Parlament, pronto hará un año. Y ¿entonces? ¿No será, que, al final, con Parlament, no hay ―ni habrá― independencia? El president Quim Torra dijo algo parecido en una ocasión ―la autonomía es un obstáculo para la independencia― y lo lapidaron. Y el líder del PSC, Salvador Illa, lo dice cada día a su manera ―no habrá referéndum, no habrá independencia― y nadie se altera, ni nada.