Catalunya, el País Valencià y las Balears son tres de las cuatro comunidades que más han hecho crecer España en el último año en términos de PIB, según publicó la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) este lunes. Estos datos contrastan, y mucho, con lo que aportan al sistema de financiación autonómica, ya que son de las más maltratadas por el sistema, a pesar de ser los principales motores económicos del Estado. Si miramos los datos publicados por la AIReF, vemos como en el último trimestre, el cuarto del 2021, solo hay cuatro comunidades en las que el PIB crece por encima de la media española (5,2%). Estos territorios son Catalunya (6,5%), el País Valencià (6,4%), las Illes Balears (11,8%) y las Islas Canarias (8,8%), por detrás ya encontramos Madrid, con un crecimiento del 5,2%, más de un punto por debajo de estas cuatro comunidades. Por otra parte, si nos centramos en la tasa intertrimestral, es decir, el crecimiento con respecto al tercer trimestre de 2021, la economía catalana ha registrado un crecimiento del 2,4%, cuatro décimas por encima de la media estatal (2%). De nuevo, Catalunya se sitúa como la tercera comunidad que más crece en el Estado, superada por Balears (3,7%) y Canarias (3,7%).
Estos datos muestran como en el último año Catalunya, País Valencià y Balears han sido los motores económicos del Estado, ya que son las que han conseguido aumentar más su actividad y las que más han puesto al día su economía después de la afectación de la pandemia el año 2020. Curiosamente, o quizás no tanto, son tres de las comunidades más maltratadas por el Estado a la hora del reparto de la financiación autonómica, porque son de las comunidades que reciben menos de lo que aportan. Si miramos las últimas balanzas fiscales, vemos que las tres comunidades están por debajo de la media española a la hora de recibir financiación autonómica, Catalunya está en 98,2, el País Valencià en 97,33 y las Balears en 99,28, siendo la comunidad menos perjudicada de las tres. También hay que apuntar que dentro de este grupo de territorios perjudicados también encontramos Madrid, Andalucía y Murcia, estas tres comunidades, sin embargo, no han crecido tanto como las tres primeras en el último trimestre, según la AIReF.
Interpretar porcentajes siempre es difícil porque lo hace todo siempre más relativo, pero hay más datos que van más allá de porcentajes. Concretamente, tenemos acceso a lo que aportaron y recibieron por término medio todos los ciudadanos en materia de financiación estatal el año 2018 y, dado que el sistema de financiación todavía es el mismo, las cifras no varían excesivamente. Aquel año, cada catalán aportó 2.967 euros para alimentar la financiación estatal; a cambio, sin embargo, recibió 2.664 de vuelta. Esta cifra es todavía menor si aplicamos el filtro de la paridad de poder adquisitivo (PPA), ya que en la práctica, cada catalán recibió un total de 2.393 euros aquel año. Si lo ponemos en relación con las otras 14 comunidades dentro del régimen de financiación autonómica, vemos como los catalanes son los terceros que más aportan, pero, en cambio, son los quintos por la cola a la hora de recibir y si aplicamos el PPA, no encontramos Catalunya hasta la posición 14. En cifras similares se mueven los baleares, que aportaron 3.185 euros por habitante, todavía más que los catalanes, recibiendo a cambio un total de 2.691 euros cada uno. Teniendo en cuenta el PPA, esta cifra también baja, pero no tanto como Catalunya y se queda en 2.652 euros. El caso de los valencianos es ligeramente diferente, ya que en los dos primeros casos tanto las Balears como Catalunya aportan más de la media del resto de comunidades, pero no es el caso del País Valencià. En su caso, el año 2018 los valencianos aportaron 2.748 euros, por debajo de la media y recibieron 2.494 euros, que son más de los que aportaron, pero hay que apuntar que fue la comunidad que menos dinero recibió por habitante en el Estado.
Si nos centramos en el caso concreto de Catalunya, tenemos que recordar que el verano pasado, el conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, explicó en el Parlament el cálculo del déficit fiscal que había hecho el Govern. La cifra, la última que disponemos, es que Catalunya ha recibido entre 18.000 y 20.000 millones menos de los que le tocarían por culpa del sistema de financiación autonómica. "No es un sonsonete, es una injusticia. Y lo que hacen los pueblos que sufren injusticias es denunciarlas hasta el día que se resuelven", sentenció Giró. En aquella ocasión, el conseller cifró también el perjuicio personal para cada catalán, asegurando que el déficit supone entre 2.400 euros y 2.600 euros por cada persona y año que vive en Catalunya "en servicios de salud o educación y prestaciones que se evaporan".
¿Y la nueva financiación autonómica?
La financiación autonómica es un sistema complejo y poco transparente y estos son dos de los motivos por los cuales los diferentes gobiernos de la Generalitat hace años que reclaman un nuevo sistema de financiación junto con otras comunidades autónomas, como el País Valencià o Galicia, ya que consideran que es un modelo completamente caduco. Después de este tiempo, parece que la negociación para desbloquear este nuevo sistema de financiación autonómica empieza a ser una realidad, hasta tal punto que el Gobierno ya ha puesto una nueva propuesta sobre la mesa de las comunidades basada en el concepto de población ajustada, ahora bien, como ya pasa con el modelo actual, Catalunya seguiría siendo una de las comunidades más perjudicadas por el reparto, concretamente, la tercera por la cola, es por eso que el Govern ha rechazado frontalmente la propuesta.
De hecho, Economia considera que "el concepto de población ajustada no se ajusta a la realidad de Catalunya", recalcando y reclamando que hay que tener en cuenta el porcentaje real de población de Catalunya sobre el Estado, así como la paridad del poder adquisitivo y el coste de vida y de los servicios públicos, entre otros, a la hora de hacer el cálculo de la nueva financiación autonómica. El cálculo de la población ajustada reúne todos los factores que determinan el reparto de los más de 120.000 millones de euros que las comunidades de régimen común acaban destinando a sanidad, educación y servicios sociales.