En la columna "¿De qué ríen? ¿Por qué callan?" publicada el 14 de marzo en El País, Francesc de Carreras pide explicaciones, de manera perentoria, a los "autores políticos e intelectuales" que llevaron a los catalanes a hacer un proceso de independencia que ha empujado Catalunya “por una peligrosa pendiente hacia la decadencia a base de mentiras y engaños”. Que lo hicieron, nos dice, afirmando la existencia de un "derecho a decidir [que] no existe", proclamando a los catalanes que “España les robaba utilizando unas cuentas de las balanzas fiscales que después se han demostrado que eran cuentos, puros cuentos”, y prometiendo “un proceso hacia la independencia sencillo, rápido, beneficioso”. Unos autores intelectuales que, mencionando explícitamente mi nombre y el de algunos de los miembros del Col·lectiu Wilson, "ahora", añade, "se esconden y callan".
Prefiero dejar de lado la absurdidad de la teoría casi conspirativa que rezuma el artículo. Imaginar que un puñado de académicos hayan podido engatusar a todo un pueblo puede halagar mi (nuestra) vanidad. Pero es sencillamente un despropósito considerando que hemos escrito irregularmente (nuestra ocupación principal es enseñar y publicar en revistas científicas internacionales), pedaleando contra muchísimas opiniones contrarias, todas ellas bien amparadas por la potencia del Estado y la omnipresencia de los medios unionistas.
Centrémonos, pues, en las consideraciones sustantivas y, naturalmente, en las acusaciones de mentiras y engaños que hace el sr. Carreras. Profesor Carreras, me sabe mal decírtelo (y utilizo aquí el "tuteo" porque fue profesor mío de Derecho Político el año 1980-81 y después coincidimos puntualmente el año 1987-88 en la UAB), pero yo creo que no te has leído con atención ni los comunicados del Col·lectiu Wilson ni los artículos que conjuntamente o por separado hemos ido haciendo.
En primer lugar, no hay ninguna duda de que yo mismo (a título particular) y el Col·lectiu Wilson (como grupo) hemos defendido y justificado el "derecho a decidir" (que yo prefiero llamar "derecho de autodeterminación") que el sr. Carreras ahora considera inexistente. Se puede negar su "existencia" apelando a una interpretación restrictiva (y, a mi entender, equivocada) de la Constitución española y al uso de la fuerza del Estado. Pero existir, existe, como ha dejado bien patente el Tribunal Internacional de Justicia y como ha sido aplicado a los casos quebequés y escocés. Un derecho que, articulado en forma de referéndum, no sólo existe sino que, además, constituye la forma más razonable de resolver el conflicto entre Catalunya y España, como, curiosamente, el mismo profesor Carreras había llegado a defender de forma bien explícita. Por ejemplo, en el artículo "¿Un referéndum?" publicado en La Vanguardia el año 2012, donde escribía: “Acabemos con la ambigüedad y planteemos en forma de referéndum la alternativa que está en la calle: ¿desea usted que Catalunya se separe de España y se constituya como Estado propio o considera mejor que siga formando parte de la actual España constitucional?”.
Negar una realidad tan tozuda sólo desacredita a quien la niega
En segundo lugar, el sr. Carreras niega la existencia de desequilibrios en las balanzas fiscales interregionales (lo que denominamos "déficit fiscal"), tildándolos de "cuentos". La verdad, sin embargo, es que el flujo neto de recursos de Catalunya hacia el resto del Estado ha sido y continua siendo muy considerable. Sin entrar ahora en los métodos que hay que utilizar para calcularlo (los remito, entre muchas otras cosas, a este resumen), el déficit fiscal ha girado tradicionalmente en torno al 8 por ciento del PIB catalán. De hecho, en diciembre del 2017, cuando la Generalitat ya se encontraba bajo el control completo del estado español, el Departament d'Economia i Hisenda publicó un informe donde, basándose en los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del 2014 se cifraba en un 8,4 por ciento del PIB catalán. Negar una realidad tan tozuda sólo desacredita a quien la niega. Otra cosa, muy diferente, y sobre la cual todos tenemos el derecho a discutir y decidir, es si este déficit fiscal es razonable, tanto desde un punto de vista de la eficiencia económica como de la justicia distributiva. En mi humilde opinión, y por consideraciones que nos desviarían del propósito de este artículo, no lo es en ninguno de los dos sentidos. Pero, de entrada, nadie puede debatir racionalmente si no se separan los hechos de los juicios de valores. Y esta separación, lamentablemente, parece haber desaparecido del artículo del sr. Carreras.
En tercer lugar, el sr. Carreras nos acusa de haber prometido una independencia sencilla y baratita, es decir, de haber minusvalorado o escondido los potenciales costes de la transición política. Una vez más, esta afirmación no se ajusta a la realidad. En un artículo publicado conjuntamente en La Vanguardia ("La economía ante la independencia"), los miembros del Col·lectiu Wilson dejamos claro que, a la hora de evaluar la independencia, había que determinar los costes de transición detalladamente. Al fin y al cabo, esta fue una de las razones fundamentales que nos empujaron a participar en la arena pública en aquel momento.
Nuestra primera valoración fue muy clara. En un marco político definido por la buena voluntad de todas las partes en conflicto, los costes serían menores que los beneficios de una separación. Como decían en el artículo, "si hay voluntad política de todas las partes implicadas, no hay ninguna razón objetiva que impida la continuidad de facto de las relaciones económicas y financieras con el resto de Europa en todos los ámbitos" y, por lo tanto, el ajuste tenía que ser sencillo. Esta constatación, sin embargo, no nos impidió entender que se podía producir una situación de falta de cooperación y, por eso mismo, dedicamos varios informes y artículos, como colectivo y a título particular, a averiguar los posibles efectos de una situación de tensión política sobre las relaciones comerciales con España, sobre la integración europea y sobre la posible continuidad al euro. Los informes están disponibles en la web del Col·lectiu y muchos de mis artículos en mi blog. Esta forma de aproximarse al problema político existente, a mi entender propia de todo cálculo prudencial, rigió también la redacción de los informes del CATN del que tuve la oportunidad de formar parte. El informe sobre la Unión Europea, por ejemplo, discutía hasta cinco escenarios posibles —desde la exclusión permanente hasta la continuidad automática— de una forma sistemática y equilibrada. Nadie puede acusarnos de haber desinformado al Govern, el Parlament o la opinión pública cuando lo redactamos. O quizás sí: nos puede acusar quien no lo ha leído.
La posverdad es un enemigo mortal de la convivencia democrática
En todo caso, no sabemos qué habría pasado si se hubiera producido un proceso real de separación. Y no lo sabemos porque España decidió aplicar el peso de la fuerza sobre nuestras instituciones sin ningún miramiento y con un argumentario que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Superior del Estado de Schleswig-Holstein no han tardado mucho en desmontar. Lo único que hemos experimentado es un conflicto político de una cierta duración, que, según el sr. Carreras, nos ha llevado a la catástrofe y a la decadencia absolutamente irreversible de Catalunya.
Una vez más, los datos lo desmienten. El gráfico 1 adjunto a este artículo muestra la evolución del PIB interanual en cada trimestre de los años 2015 a 2017 en Catalunya y España. En primer lugar, la tasa de crecimiento interanual catalán ha sido sistemáticamente alta —por encima del 3 por ciento— y entre las máximas europeas. En segundo lugar, el PIB catalán ha crecido siempre más que el español. En tercer lugar, la tasa de crecimiento cayó ligeramente a finales del año 2016 pero volvió a acelerarse durante el año 2017 hasta el 3,5 por ciento en Catalunya (casi medio punto más que en el conjunto del Estado).
Como los datos trimestrales del PIB pueden esconder el efecto concreto de los meses de referéndum y la declaración de independencia, el gráfico 2 reproduce la tasa de variación del índice de producción industrial (corregido a efectos de calendario) en Catalunya y en el Estado cada mes del año 2017. Salvo dos meses en el primer semestre, la producción industrial catalana creció siempre. Y, de hecho, lo hizo de una manera acelerada a partir de agosto —claramente por encima de la española. En octubre la tasa de crecimiento cayó ligeramente con respecto a septiembre pero siguió expandiéndose a un ritmo del 4 por ciento —una cifra que contradice por completo el escenario dibujado por Francesc de Carreras—.
¿Fue el año 2017 un año excepcional? ¿Podría ser que la producción hubiera crecido por debajo de la norma habitual y, por lo tanto, que el procés hubiera dañado la economía catalana? Para averiguarlo, el gráfico 3 resta la tasa media de crecimiento durante los 5 años anteriores (2012-2016) de los datos del gráfico 2. Durante el primer semestre del 2017, la desviación no llegó al uno por ciento: es decir, la economía catalana se comportó de manera muy parecida a la de años anteriores. De hecho, en los meses de enero, marzo y junio, la tasa de crecimiento fue idéntica a la de los mismos meses del quinquenio precedente. Por el contrario, durante el segundo trimestre del 2017, la industria catalana no sólo no se encogió sino que, empezando en verano, creció unos 4 puntos por encima de la media histórica. España ha castigado la decisión de hacer un referéndum y la declaración del 27-O de manera intensa. Sin embargo, la economía catalana no ha caído en la hecatombe que parece exasperar al profesor Carreras.
Un orden democrático liberal no se basa únicamente en la aplicación "literal" de la Constitución (una exigencia de literalidad de imposible cumplimiento porque una Constitución, como todo el derecho, integra un conjunto de normas incompletas, a menudo polisémicas, muchas veces contradictorias en sí, que necesitan constantemente ser interpretadas y desarrolladas jurisprudencialmente). Una democracia sólo funciona cuando los actores que participan están dispuestos a tratarse entre ellos de acuerdo a los principios de la tolerancia, de la cordialidad, y de la negociación pragmática. Y estos principios sólo son posibles cuando se apoyan en el respeto a la verdad y en el análisis razonado (aunque siempre un poco incierto) de la realidad. Lamentablemente, eso no lo he visto en el artículo del profesor Carreras. Y, por eso, ni río ni estoy dispuesto a quedarme callado. La posverdad es un enemigo mortal de la convivencia democrática.