El Estado español ha entrado en una fase política en la que la suma de factores estructurales y emocionales va a producir un cambio de ciclo de gran alcance. No se trata de un simple relevo en el gobierno, sino de una reordenación del campo político en el que la derecha, y sobre todo la extrema derecha, amenaza con convertirse en el eje que determine el marco mental de la vida pública. Ese desplazamiento no se explica por la destreza intrínseca de ese espacio, sino por la acumulación de errores, fatigas y autoengaños en el campo que se pretende progresista y, también, por la forma en que el sistema electoral transforma esos errores en escaños. En todo caso, en una democracia madura, la alternancia no es un accidente ni un drama moral: es un síntoma de salud y, cuando esa alternancia se convierte en tabú, el sistema se empobrece porque el poder aprende a sobrevivir sin rendir cuentas y la oposición asume que solo le queda la crispación. En ese vacío, quien prospera no es el reformismo, sino la pulsión autoritaria, sea de derechas o de izquierdas.
El punto de partida es un dato que se olvida con demasiada facilidad: en España no se elige el Parlamento desde una circunscripción estatal única, sino a través de 52 circunscripciones provinciales en las que se reparten escaños con el método D’Hondt. Esta regla, por sí misma, no es antidemocrática: convierte votos en representación. Su efecto decisivo aparece cuando se combina con circunscripciones pequeñas, donde la barrera real de entrada se eleva hasta el punto de que la pluralidad se vuelve un lujo. En esos territorios, fragmentar el voto equivale a regalar representación al bloque que lo concentra. Lo relevante no es solo cuánto apoyo obtiene una opción, sino cómo lo distribuye y si aparece dividido en papeletas que compiten entre sí. El resultado es conocido: el sistema favorece a los partidos grandes y castiga con severidad a quienes, compartiendo un mismo espacio ideológico, se fragmentan por diferencias a menudo más simbólicas y personales que materiales.
Esa misma lógica tiene implicaciones políticas en tiempos de desgaste. Los partidos centrales tienden a compensar pérdida de apoyos con acuerdos de suma rápida, pero el precio suele ser alto. Si la derecha democrática pretende un proyecto de largo recorrido, lo que menos le conviene es entregarse en brazos de la extrema derecha. Puede parecer útil para alcanzar el gobierno, pero implica aceptar que el marco del debate y la agenda pública se desplacen hacia posiciones que erosionan la moderación, degradan el pluralismo y terminan devorando al socio mayor. La derecha radical no vive de gestionar, vive de tensar.
Sobre ese suelo actúa una segunda fuerza: el deterioro del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya no es solo desgaste por tiempo en el poder, sino la cristalización de un rechazo afectivo. Cuando la desaprobación se convierte en emoción constante deja de responder a estímulos puntuales y pasa a ser clima. Un clima no se revierte con campaña, eslogan ni apelaciones rituales al miedo al adversario. El electorado, en esa fase, deja de evaluar medidas concretas y se instala en una pregunta más profunda: si cree al gobierno, si lo reconoce como propio, si percibe coherencia entre lo prometido y lo ejecutado, entre los principios invocados y las prácticas toleradas. Cuando la respuesta es negativa, la legitimidad se erosiona por debajo del debate de políticas públicas y el gobierno pierde no solo apoyos, sino el privilegio de ser escuchado.
En ese contexto, el frentismo, entendido como voluntad de convertir la política en un combate permanente de bloques irreconciliables, no es una estrategia defensiva, es gasolina para la extrema derecha. Excita a la minoría militante y expulsa a la mayoría moderada, que termina buscando refugio en quien promete orden o, directamente, en quien ofrece un enemigo y una identidad. A veces, además, ese frentismo funciona como mecanismo de autopreservación de quienes han convertido la política en modo de vida y necesitan un país crispado para justificar su permanencia, aunque el pulso no tenga nada que ver con el bienestar común.
La fragmentación a la izquierda del PSOE multiplica este escenario. Por un lado, el sistema penaliza la dispersión de manera brutal en muchos territorios; por otro, esa fragmentación se ha naturalizado como identidad: ya no se divide solo por estrategia, sino por diferenciación moral. Cada escisión reclama una forma de pureza y consume energía política que debería dirigirse a proponer soluciones. Cuando parte del electorado percibe que el campo progresista está más preocupado por delimitar fronteras simbólicas que por resolver problemas materiales, aparece la desafección. En España, esa desafección opera de dos maneras: abstención en un lado y concentración en el otro. Ambas benefician al bloque conservador y, especialmente, a la extrema derecha, que capitaliza con facilidad un clima de cansancio, irritación y agotamiento moral.
La derecha radical crece en muchas democracias porque ofrece una respuesta simplificadora a malestares reales
A esta dinámica interna se suma una corriente internacional que no conviene tratar como simple contagio. La derecha radical crece en muchas democracias porque ofrece una respuesta simplificadora a malestares reales: inseguridad económica, sensación de pérdida de control, deterioro institucional, desconfianza hacia élites políticas y mediáticas. El ciudadano no necesita leer teoría política para experimentar que su vida es más cara, que la vivienda se ha vuelto inaccesible, que los servicios públicos se degradan o que el lenguaje gubernamental parece desconectado de la experiencia cotidiana. En ese contexto, la extrema derecha triunfa cuando convierte esas vivencias en un relato de culpables claros y soluciones rápidas, aunque a menudo no sea más que una quimera discursiva. Donde la complejidad frustra, la simplificación seduce. Y en el Estado español, por su estructura territorial, su baja productividad, su tensión centro-periferia y la degradación del debate público, ese mecanismo encuentra un terreno fértil.
A veces, ese fenómeno adopta banderas distintas, territoriales o nacionales, pero conviene no confundir el envoltorio con la sustancia. No hay una diferencia esencial entre una extrema derecha nacional y una independentista porque ambas comparten el mismo núcleo autoritario, el mismo desprecio por el pluralismo y el mismo uso de identidades excluyentes como herramienta de poder. Son extrema derecha, aunque se presenten con símbolos distintos o apelen a comunidades diferentes.
Cuando todo el mundo es fascista, nadie lo es
En paralelo, la izquierda española ha contribuido a debilitar sus propias defensas intelectuales y políticas mediante la banalización del término facha y, por extensión, del diagnóstico del fascismo. Durante años, esa etiqueta se ha usado como arma automática contra cualquier crítica al Gobierno, convirtiendo disidencias en sospecha y discrepancias en amenaza. Pero el lenguaje político, cuando se usa como castigo y no como precisión, se rompe. Y en cuanto se rompe, deja de proteger. Cuando todo el mundo es fascista, nadie lo es. El concepto pierde densidad histórica, deja de operar como alerta y se convierte en ruido. En la práctica, esto implica que la acusación pierde coste social, que el fascista real ya no se siente señalado sino camuflado, y que lo autoritario puede hablar con menos vergüenza porque el término que debía marcar el límite ha sido gastado por sobreúso. Esa degradación del lenguaje, además, favorece a quienes desean vivir del conflicto: cuanto más se divide a la ciudadanía en bandos irreconciliables, más se desactiva la crítica racional y más se facilita que el debate quede secuestrado por los extremos.
A esa pérdida de precisión se añade otro desplazamiento, hoy identificable con el wokismo: el progresismo ha ido sustituyendo el eje social por un eje identitario, hasta el punto de que amplias capas populares perciben la política como una conversación entre minorías muy politizadas y élites culturales que hablan un idioma propio. No es ilegítimo defender derechos de colectivos vulnerables; el problema surge cuando, bajo una lógica de señalamiento moral, jerarquía de agravios y vigilancia del lenguaje, esa defensa se convierte en moralización permanente del espacio público y desplaza prioridades materiales de la mayoría. Cuando el discurso se llena de terminología sofisticada y, al mismo tiempo, la vivienda se vuelve imposible, los salarios no alcanzan, la precariedad se normaliza, el transporte se deteriora y la carga tributaria se percibe como desmesurada, el ciudadano concluye que se le habla de asuntos que no niega, pero que no le resuelven. La extrema derecha, entonces, no necesita convencerlo de que la diversidad es mala; le basta con insinuar que la izquierda se ocupa de “cosas raras” mientras su vida se hunde. El éxito reaccionario se construye menos por adhesión ideológica consciente que por resentimiento frente a una sensación de abandono.
También la corrupción y su sombra actúan como acelerador. No solo porque la corrupción sea delito o irregularidad, sino porque rompe el contrato moral. Un gobierno que se presenta como defensor de valores democráticos, regeneración y ética pública no puede convivir con una atmósfera persistente de sospecha sin pagar un precio altísimo. Entonces la ciudadanía no solo critica la gestión: concluye que la diferencia entre unos y otros era retórica. Y cuando se rompe esa diferencia, el miedo a la extrema derecha deja de funcionar como argumento movilizador. El electorado empieza a pensar que, si el poder es igual de opaco en manos distintas, al menos castigará a quien considera responsable del deterioro. Esa dinámica alimenta, además, el discurso del “que se vayan todos” que la extrema derecha convierte en palanca para colonizar instituciones desde dentro, presentándose como antisistema mientras aspira a capturar el sistema.
La mala gestión de lo público completa el cuadro porque convierte la política en experiencia directa. Infraestructuras que fallan, servicios saturados, administración lenta, proyectos que no llegan, inversiones que se prometen y se diluyen: todo ello no se debate, se padece. En sociedades complejas, la legitimidad no se sostiene solo en principios, sino en funcionamiento. Cuando el Estado no cumple adecuadamente sus funciones, el ciudadano no busca tratados constitucionales: busca culpables. Y la derecha radical los ofrece con facilidad. Si, además, el gobierno se aferra al relato y transforma cada crítica en un problema de comunicación en lugar de asumir errores de política o de ejecución, profundiza la distancia. El relato, usado como sustituto de la acción, es un síntoma de debilidad: la política convertida en puesta en escena. A corto plazo puede servir; a medio plazo crea cinismo; a largo plazo produce castigo.
En este marco, el discurso del miedo desde la izquierda ha agotado su capacidad. No porque la amenaza no exista, sino porque el miedo repetido sin credibilidad produce inmunidad. Si se advierte cada semana que viene el fascismo y, al mismo tiempo, se toleran prácticas opacas, se improvisa, se incumplen promesas y se gobierna a golpe de táctica, el ciudadano desconecta. La emoción dominante deja de ser temor y pasa a ser hastío. Y el hastío es más peligroso que el miedo porque desmoviliza y destruye: debilita al bloque democrático desde dentro.
En conclusión, si se quiere frenar a la extrema derecha en este punto del ciclo, no bastará con antifascismo declamatorio, demonización del votante o épica retórica sostenida por quienes han erosionado su propia autoridad moral. La contención real solo puede hacerse desde un centro político entendido no como tibieza, sino como articulación de mínimos democráticos compartidos. Un espacio capaz de hablar a la mayoría con lenguaje adulto, sin insulto, sin infantilización y sin chantaje emocional, y de proponer un programa de reconstrucción institucional, moral y material: limpieza en la administración, integridad pública, eficiencia de servicios, fiscalidad razonada, vivienda como prioridad, salarios y productividad, reformas que se expliquen y se cumplan, y respeto escrupuloso por el pluralismo y el Estado de derecho.
En ese proyecto, la derecha democrática tiene una responsabilidad particular. Si aspira a gobernar con estabilidad y futuro, su mejor activo no es mimetizarse con la extrema derecha, sino ofrecer una alternativa de orden, gestión y modernización que no dependa de la pulsión identitaria ni del resentimiento. Y, para sostener ese equilibrio, la alternancia debe ser asumida como normalidad democrática y no como catástrofe: permite corregir rumbos, penalizar abusos y evitar que el Estado se confunda con el gobierno de turno.
La extrema derecha se alimenta del deterioro material y de la degradación del sentido común democrático. Combatirla solo con miedo es entregarle el terreno en el que mejor se mueve, porque ella también opera con miedo, pero sin límites. La alternativa es un programa, no una emoción; una oferta de estabilidad democrática, no un grito; una política de reconstrucción, no una concatenación de relatos. Y en el Estado español, además, esa alternativa debe comprender la aritmética electoral: si el campo democrático no se reorganiza alrededor de mínimos compartidos, el hartazgo social, convertido en votos dispersos, terminará transformado en escaños concentrados al servicio de un proyecto reaccionario. Y entonces, como tantas veces en la historia, muchos descubrirán demasiado tarde que confundieron el ruido con la política y la propaganda con el gobierno.