Las calles de Barcelona están en plena ebullición. Desde que el pasado miércoles el gobierno de Mariano Rajoy decidió el registro de algunas de las dependencias del Ejecutivo catalán y la detención de 14 altos cargos, la movilización popular es permanente. Las calles adyacentes a sede de la vicepresidencia del gobierno catalán fueron el escenario donde se agolpó la multitud al grito de “libertad” y “queremos votar”. Y es que este desbarajuste institucional, al que a la mañana siguiente se añadió la orden del ministro español de Hacienda i Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, bloqueando las cuentas del gobierno catalán, ha puesto en pie a la ciudadanía. La gente se enfrentó a la policía española pacíficamente, cantando canciones y gritando consignas. La multitud que cortó las calles el miércoles, volvió a salir a la calle a la mañana siguiente para manifestarse ante el Tribunal Superior de Justicia y solidarizarse con los detenidos del día anterior. Los consideran presos políticos, ya que su único delito es facilitar la celebración de un referéndum. Son sus héroes. Es por eso que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes una denuncia ante ese tribunal para investigar por sedición las protestas en Catalunya.

El gobierno español y su policía intentan dar la imagen de que estos desproporcionados actos policiales son fruto de su defensa de la legalidad vigente. Lo repiten ministros y lo vocean los medios de comunicación que subsisten con las ayudas públicas, que son casi todos. Pero el PP, con la ayuda del pequeño partido ultranacionalista español Ciudadanos, que se está demostrando que no es en absoluto una alternativa moderada al PP sino todo lo contrario, y del PSOE, ha traspasado los límites de toda legalidad. El asalto a la Generalitat es un golpe del Estado contra el autogobierno catalán. Si la receta del PP para parar el independentismo es esa, el incendio se propagará en vez de sofocarse. Es evidente que el gobierno Rajoy disimula y dice que no está aplicando el artículo 155 de la Constitución tirando mano del Fiscal General del Estado para reprimir lo que no está tipificado como delito en el Código Penal, que es organizar un referéndum, pero en realidad se está cargando la poca autonomía que le quedaba a Catalunya. Además, el PP ha convertido el Tribunal Constitucional en una extensión de sus políticas. El PP ya colocó a uno de sus militantes como presidente del Alto Tribunal, un individuo que había escrito artículos auténticamente xenófobos sobre los catalanes, pero es que ahora lo utiliza como infantería para multar e intentar suspender a cargos públicos. La catalanofobia es un deporte que en España practican políticos, escritores, jueces y deportistas. No solo en Birmania se persigue a los que son diferentes.

La catalanofobia es un deporte que en España practican políticos, escritores, jueces y deportistas. No solo en Birmania se persigue a los que son diferentes

La corrupción y degradación del poder en España y la promiscuidad entre poderes que teóricamente deberían estar separados está rompiendo las normas de convivencia. Eso lo ven incluso muchos ciudadanos españoles que no son independentistas. Por eso el mismo miércoles que la Guardia Civil asaltó las dependencias de la Generalitat se convocaron multitudinarias manifestaciones en Madrid, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela y Palma de Mallorca. Sólo  faltó Sevilla, pero en la capital andaluza gobierna una socialista que es más nacionalista española que el PP. Al fin y al cabo, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Rodríguez de la Borbolla, biznieto de Pedro Rodríguez de la Borbolla Amozcótegui de Saavedra, un cacique andaluz que fue ministro de Alfonso XIII, publicó hace unos pocos días un artículo en el que pedía a conservadores y socialistas que hicieran “lo que hizo Mao Zedong en 1937, ante la invasión japonesa de China: impulsó el Frente Único Antijaponés, aliándose con Chiang Kai-shek, y dejó para más adelante su guerra civil contra el Kuomintang. Primero el atacante de la Nación, y luego el adversario de clase”. Frente a la coalición nacionalista española que propugnan los socialistas más derechistas, solo cabe defender la democracia en Catalunya. Defender las instituciones catalanas y que los catalanes puedan votar, es hoy defender la democracia en España en contra de los del Frente Antijaponés, especialmente para los no independentistas. Considerar a los catalanes soberanistas extranjeros, que es lo que está haciendo el expresidente andaluz, es el mayor reconocimiento de que Catalunya fue ocupada por los españoles en algún momento. La llamada “revuelta de las sonrisas” no pierde el ánimo y está preparada para resistir este y otros embates gubernamentales, incluido el asalto a los medios de comunicación de la CCMA. Todos los regímenes autoritarios cierran la boca a la prensa, la radio y la televisión. Puede ser que los soberanistas pierdan este primer combate porque el Estado consiga detener los preparativos del referéndum por la fuerza. Da igual. La independencia de Catalunya será realidad más temprano que tarde, como la represión en los antiguos países del bloque comunista contribuyó a su caída definitiva.

La independencia de Catalunya será realidad más temprano que tarde, como la represión en los antiguos países del bloque comunista contribuyó a su caída definitiva

Leo que algunos analistas comparan la cerrazón de Mariano Rajoy con la falta de garantías del referéndum convocado por Carles Puigdemont, a quien acusan de ignorar a la mitad de los catalanes que no quieren la independencia. ¡Pero si votar en un referéndum es todo lo contrario! Es, precisamente, dar voz a todo el mundo, a los del y a los del no. A estas alturas, este argumento contra Puigdemont no tiene sentido, como tampoco lo tiene el que arguyen los que acusan a los independentistas de crear una “gran fractura social” en  la sociedad catalana. Todas las sociedades están divididas, ya sea por el futbol, ya sea porque los ricos y los pobres no disfrutan del bienestar social de la misma forma. Eso lo deberían saber Joan Manuel Serrat y los neocomunistas de Catalunya en Comú que utilizan este argumento con el mismo entusiasmo que los del PP. Si alguien les pidiera que dejasen de crear divisiones con su ideología lo considerarían una memez, cuando no un atentando a las libertades más básicas.

Lo que deberían preguntarse estos señores es, por el contrario, si es normal que la Fiscalía presente una denuncia de sedición simplemente por manifestarse Los campeones de la equidistancia también podrían interrogarse sobre quién no quiere sentarse a negociar la solución de este conflicto por la vía democrática. ¿Serrat y los intelectuales socialistas (son sabía que hubiese tantas lumbreras en Catalunya) se mantendrán impasibles cuando la Audiencia Nacional asalte los locales de la ANC y Òmnium y detenga a sus dos máximos dirigentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart? ¿Quién opone la unidad de la nación al derecho de los ciudadanos a decidir? Pues está bastante claro, me parece a mí. La solución a este conflicto no va a ser fácil porque los políticos españoles creen que están ante un problema judicial que se resolverá con el aislamiento de los independentistas y con más policía en las calles y plazas de Catalunya. Eso mismo pensó Saddam Hussein respecto del Kurdistán iraquí y ya lo ven ustedes: el próximo lunes, 25 de septiembre, los kurdos celebraran un referéndum “ilegal” de autodeterminación y le ganarán la partida al dictador. Post mortem, eso sí. La única salida que le queda a Mariano Rajoy, si es que quiere atajar de verdad el desastre, es seguir el ejemplo de David Cameron, como le pedían en sus respectivos comentarios editoriales Le Monde, The Times, The Guardian, y The New York Times. Autorizó a Edimburgo a organizar un referéndum que a la postre los independentistas perdieron. Si Rajoy dejase atrás su fundamentalismo nacionalista demostraría tener un poco de esa grandeza que no tiene.