Los presos políticos soberanistas no pueden ser moneda de cambio de nada. No están a subasta en una negociación presupuestaria que tiene como único objetivo salvar a Pedro Sánchez y un gobierno que, de momento, en relación al conflicto de España con Catalunya no ha aportado nada de nuevo. Ni siquiera ha rebajado la tensión. El gobierno del PSOE sigue instalado en la lógica represiva del PP y del anterior fiscal general del Estado, el conservador Julián Sánchez Melgar. La nueva fiscal general, María José Segarra, podía haber tomado otra actitud sobre los presos si el PSOE la hubiera instado a hacerlo, que por eso la nombraron, porque es una magistrada afín al gobierno actual y de la total confianza de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Estas son las normas españolas. A gobierno nuevo, fiscal general nuevo. Por lo tanto, el gobierno que nombra al fiscal general, en este caso una magistrada progresista, es el último responsable de la orientación que la fiscalía tome sobre un asunto que es eminentemente político.

Los presos políticos —y no los "políticos presos" como dicen los cómplices del unionismo— forman parte de la confrontación que estamos viviendo. El soberanismo catalán, que es intrínsecamente un movimiento pacífico por decisión propia, creyó, quizás ingenuamente, que el Estado respetaría las mayorías parlamentarias, que en Catalunya se decantaban por el soberanismo. La falta de perspectiva histórica de algunos de los grupos soberanistas nos instaló en una dicotomía perversa al vincular el proceso soberanista a la aprobación de los presupuestos del 2016. Entonces fue la CUP quien cayó en la trampa que puede atrapar ahora a ERC y PDeCAT. Tomar decisiones apresuradamente y condicionados por la aprobación de un presupuesto, que además no es el nuestro, no tiene sentido. La moción de censura que encaramó a Pedro Sánchez a la Moncloa no incluía, que yo sepa, ningún acuerdo en este sentido. De hecho, ERC y PDeCAT no le impusieron ninguna condición. Yo mismo critiqué esta actitud, según mi opinión, tan poco política. Repetir esta ingenuidad sería imprudente.

No se ha llegado hasta aquí, con exiliados, presos e imputados en todo Catalunya, para que ahora unas migajas nos hagan retroceder hasta 1980

El independentismo no puede actuar a la desesperada permanentemente. La política de la "puta y la Ramoneta", que es puro tacticismo, siempre se ha girado en contra de quien la ha practicado. No ha dado ningún rédito, más allá del espejismo momentáneo por el traspaso de una competencia (normalmente mal financiada) o de arañar la promesa de unas cuantas inversiones que no llegan nunca. Esta semana hemos tenido una prueba emblemática de hasta qué punto la intención del PSOE es tomar el pelo al soberanismo. La primera Comisión Bilateral de Infraestructuras entre el Estado y la Generalitat desde el 2007, que es una mesa de negociación prevista en la disposición adicional tercera del Estatut para asegurar que el dinero que el Estado destina a infraestructuras es proporcional a lo que Catalunya aporta al PIB, acabó anteayer sin ningún acuerdo. Los partidarios de pasar página para olvidarnos del derecho a la autodeterminación celebraron, sobre todo, que la reunión hubiera tenido lugar para ponerla como un ejemplo de "normalización institucional". El problema es exactamente este: que "normalizar" —tal como lo entiende esta gente— quiere decir volver a la época en la cual se hacían cumbres que aprobaban cosas —que después incluso se recogían en el presupuesto del Estado— sin garantizar cómo finalmente se materializaría esta deuda. En la reunión del miércoles, el conseller Damià Calvet y el secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo sobre los 200 millones ya aprobados para el año que viene del total de 759 millones retrasados desde el 2008.

La presión sobre los grupos independentistas para que aprueben los presupuestos del gobierno Sánchez sólo responde a la lógica del régimen del 78. No se ha llegado hasta aquí, con exiliados, presos e imputados en todo Catalunya, para que ahora unas migajas, que ni siquiera sabemos si nos darán, nos hagan retroceder hasta 1980. Al autonomismo puro y duro. Eso sí que sería volver a la rueda del hámster. De momento, pues, no se dan las condiciones para "normalizar" nada. Si el PSOE y Unidos Podemos quieren ofrecer alguna solución al conflicto político catalán (incluyendo la situación de los presos y exiliados), ahora tienen la oportunidad de actuar contra la barbarie extremista y nacionalista que representan en el Congreso español el PP y Ciudadanos y Vox en las salas de los tribunales. ¿Cómo era aquello que atribuyen al hugonote Enrique IV, el primer Borbón coronado rey de Francia en 1594? "Paris vaut bien une messe (París bien vale una misa"), dicen que dijo el pretendiente olvidándose de su confesión protestante. Quien tiene un interés tiene que saber defenderlo. ¿Verdad que nos entendemos?

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