La semana pasada acabó el plazo del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, y a pesar de que el Gobierno había previsto que se acogerían a este medio millón de personas, las estimaciones policiales sitúan la cifra por encima de los 1,25 millones. En el acto para presentar los resultados, Pedro Sánchez afirmó que sin la inmigración "más de 90.000 bares tendrían que bajar la persiana y una de cada tres explotaciones agrícolas desaparecería". También explicó que, según FUNCAS, el aumento demográfico explicó el 47 % del aumento del PIB español entre 2022 y 2025.
Cuando observamos todo lo que ha pasado en Catalunya durante el siglo XXI, lo más importante es, sin duda, el paso de 6,1 a 8,2 millones de habitantes por la vía de la inmigración extranjera. Si durante los años noventa Catalunya creció en 112.000 habitantes, en la década siguiente añadió 1,29 millones. Los nacidos fuera ya son un 26,1 % del total de la población, de largo una de las cifras más altas de toda la Unión Europea (solo nos superan Luxemburgo, Malta y Chipre).
Esta explosión demográfica no ha sido una construcción de la izquierda, sino de la derecha neoliberal durante los años de la globalización. En España empezó alrededor del 2000, es decir, al final de la primera legislatura de José María Aznar. El objetivo del PP era montar una reforma laboral encubierta para hundir los salarios: España había entrado en el euro, y ya no se podía devaluar la moneda para empobrecer a la población. La apuesta por el turismo, la construcción y las cárnicas, en lugar de favorecer la industria y la investigación, hizo el resto.
Como indica el economista Miquel Puig, en Catalunya todo salario por debajo de los 30.000 euros es un salario subvencionado. Los empresarios de los sectores de bajo valor añadido se pueden permitir ofrecer sueldos de miseria porque saben que nunca les faltarán trabajadores extranjeros, y además estos recibirán todo tipo de ayudas públicas (desde becas comedor a bonificaciones para el transporte). Un ejemplo: el año pasado la gran patronal de empresas de distribución solicitó a las autoridades un plan para importar 16.000 trabajadores forasteros; en aquellos momentos en España había 2,4 millones de parados, de los cuales 1,76 millones estaban en el sector servicios.
El resultado es un empobrecimiento colectivo: entre 1994 y 2024, los salarios reales en España crecieron un minúsculo 2,76 %, mientras que en Alemania aumentaron un 24 %, en Francia un 28 %, un 63 % en Irlanda o más del 200 % en los países bálticos. Es verdad que el PSOE ha subido mucho el salario mínimo, pero la tendencia es que sea lo más frecuente, mientras que ha explotado la presión fiscal a los que están por encima. Dicho de otra manera, se busca un modelo latinoamericano: una gran mayoría que cobre solo para subsistir, una clase media pequeña y empobrecida, y unas élites con privilegios blindados.
El modelo migratorio nunca se ha discutido en las campañas electorales ni ha formado parte del debate público
La llegada de cientos de miles de trabajadores cada año no se explica por la proximidad con el Mediterráneo (menos de un 5 % de los inmigrantes pueden haber llegado en barca), ni por los lazos culturales con Latinoamérica, sino por dos anomalías legislativas que provocan un efecto llamada, y que no se encuentran en ningún otro lugar de Europa. Primero, la capacidad de empadronarse a pesar de no tener permiso de residencia, que permite a todos los recién llegados acceder a nuestro estado del bienestar aunque no hayan aportado ni un euro al sistema. Segundo, la regularización por arraigo y las regularizaciones masivas, desaconsejadas por la Unión Europea y que premian a aquellos que han cruzado la frontera de manera ilegal.
Este modelo migratorio nunca se ha discutido en las campañas electorales, ni ha formado parte del debate público. Cuando el PSC y los Comuns hablan de la Catalunya de los 10 millones, no lo hacen como una propuesta que llevarán a las elecciones, sino que lo presentan como un hecho inevitable. También se quiere imponer al margen de la voluntad popular, porque el CEO indica que dos terceras partes de la población catalana y europea desea limitar la entrada de recién llegados. En nuestra casa, además, ha habido una omertà total en los medios de comunicación, sobre todo los públicos. Durante veinticinco años, poner en duda el modelo de fronteras abiertas implicaba ser etiquetado de xenófobo y fascista, y vivir expuesto a una cancelación pública.
A los intereses de la patronal debemos añadir el papelón que ha hecho nuestra izquierda, imbuida de un moralismo que ha traicionado los intereses de los trabajadores autóctonos. También se ha beneficiado, claro. La entrada masiva de nuevos pobres ha provocado la emergencia de un gigantesco tercer sector, un lugar de colocación ideal para todos esos activistas que aspiran a vivir del dinero público.
Últimamente, unas cuantas voces hemos intentado romper este silencio ensordecedor y nos hemos centrado en las consecuencias económicas y sociales del modelo migratorio. Cabe citar el Informe Fénix, liderado por Miquel Puig; un documento reciente del Grupo de Economistas para el Bienestar; o pequeños grupos de izquierdas que se han apartado del discurso oficialista, como Impuls Nacional y una parte de la CUP de Girona. Creo que nuestras opiniones son compartidas por una inmensa mayoría de la población, pero hoy enfrentarse a los intereses de la patronal y de los activistas subvencionados todavía puede tener un coste personal y laboral.
Aun así, las palabras de Pedro Sánchez han confirmado plenamente nuestro discurso: la entrada de inmigrantes favorece a los sectores más improductivos como la hostelería y las cárnicas, y provoca un aumento falso del PIB. Mientras tanto, el PIB per cápita se aleja de la media europea. Nos dijeron que la inmigración traería riqueza, pero ¿creéis que tenemos mejores escuelas, trenes y hospitales que en el año 2000, y que en general hay una mayor prosperidad? Los grandes partidos nos han impuesto un modelo de miseria, y de momento no están dispuestos a cambiar el rumbo.