Justo antes de escribir este artículo hago un ejercicio, que podéis hacer vosotros ahora mismo. Entro en un portal inmobiliario de referencia y busco un piso de alquiler en el Eixample. Este distrito es el más poblado de Barcelona; hay censadas 274.636 personas, y por lo tanto necesariamente debe haber mucha movilidad y mucha gente buscando un piso de alquiler. Es un distrito de clases medias y de familias, de toda la vida y de recién llegados. Probablemente es el distrito que más se parece al conjunto de nuestra capital. Pongamos por caso que tengo una familia de cuatro miembros y, por lo tanto, pongo, en el buscador, los siguientes parámetros: un mínimo de 80 metros cuadrados (nada del otro mundo), tres habitaciones (una para la pareja y una para cada hijo) y un precio máximo de 1.500 euros de alquiler al mes. Resultado: 6 viviendas. Si busco un piso como este pero mi presupuesto son 1.300 euros al mes, solo queda uno. Por debajo ya no queda ninguno. Esta es hoy la realidad del mercado de alquiler en la ciudad de Barcelona, más allá de la propaganda, la fantasía y el dogmatismo. El mercado no está devastado: el mercado está incinerado.

Lo he mirado porque esta semana se han hecho públicos nuevos datos del mercado de alquiler en el conjunto del Estado. Los datos hacen estremecer, pero no son ninguna sorpresa. La ciudad de Barcelona ya es la más cara para los inquilinos, con un precio medio (¡medio!) de 30,13 euros por metro cuadrado. Eso quiere decir que un piso de 100 metros cuadrados se alquila, por término medio, a 3.000 euros al mes. Increíble. No haremos mención detallada aquí de las razones de esta escalada, pero sí que podemos decir alguna de ellas: la regulación del mercado de alquiler habitual sin regular el alquiler de temporada; las dificultades y el coste que tiene sacar a alguien que no paga el alquiler; la amenaza de multas colosales si un arrendador supera los topes (aunque sea por error), y el riesgo de los cambios legislativos anunciados mediante los cuales los alquileres pasarán a ser indefinidos y, por lo tanto, los arrendadores no podrán recuperar su piso de manera ágil y sencilla. La Administración ha decidido que el problema lo tienen que resolver los arrendadores, y no la Administración, cosa que tendría que hacer construyendo vivienda de alquiler protegida y dando garantías suficientes y equitativas a ambas partes.

Personas que complementaban el sueldo con uno o dos alquileres, hoy podrían llegar a vivir de ello

Una consecuencia divertida de todo este desbarajuste es que la izquierda dogmática ha conseguido convertir en realidad aquello que hace años proclamaban; quien hoy tiene uno o dos pisos de propiedad en Barcelona es una persona rica, a efectos prácticos. Han conseguido que aquello que hasta ahora te situaba en la clase media te coloque en una situación de gran seguridad y bienestar. Personas que complementaban el sueldo con uno o dos alquileres, hoy podrían llegar a vivir de ello, convirtiéndose, ahora sí, en los famosos "rentistas" de los cuales tanto hablan. Es la profecía autocumplida por parte de los comunes y sus sindicatos instrumentales. Y no es porque estos pequeños propietarios hayan hecho nada. Al contrario, todo lo ha hecho la Administración con sus políticas no solo erróneas, sino absolutamente contraproducentes y nunca evaluadas, que se han traducido en una reducción del parque y, en consecuencia, en un incremento del precio (regla básica del mercado).

En este contexto, la propaganda de la izquierda dogmática sigue acusando los fondos buitre y los grandes tenedores del fracaso de sus políticas. Por eso hay que recordar, una vez más, que la mayoría de pisos alquilados no pertenecen a grandes tenedores. Según los datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, en esta demarcación los arrendadores que solo alquilan una vivienda son el 76,7% por ciento del total y representan el 39,8% de los pisos alquilados. Si miramos a los propietarios de hasta cuatro viviendas alquiladas, representan el 95,5% de los arrendadores y suponen el 63,3% del parque disponible. El resto son personas o empresas que tienen cinco o más viviendas alquiladas. ¿Hay grandes tenedores y fondos buitre? Claro que sí. ¿Son mayoría? Claro que no.

El resultado de todo ello es que, en mi entorno, detecto que todo el mundo que tiene un piso disponible para alquilar lo hace solo a familiares y amigos, aunque sea a un alquiler menor. La confianza es fundamental en el mercado de alquiler, y dado que la Administración no solo no genera, sino que genera desconfianza entre arrendadores e inquilinos, la gente se busca la vida por otra parte. Si tienen un vínculo de amistad o familiar con el inquilino, se aseguran no solo de que el piso estará bien cuidado, sino de que lo podrán recuperar fácilmente si lo necesitan en caso de necesidad económica, separación o emancipación de los hijos. Por no hablar de la garantía de cobro, que en el caso de un familiar o un amigo siempre es mayor. Como siempre, el mercado siempre se acaba regulando, en este caso al margen de las agencias inmobiliarias y los topes. ¿Los perjudicados? Las clases medias, las familias trabajadoras, los jóvenes que se quieren emancipar y las clases populares. Enhorabuena a los dogmáticos por este éxito; han conseguido que el ascensor social funcione a toda máquina, pero solo hacia abajo.