Europa atraviesa en estos momentos una de las temporadas de incendios más devastadoras de las últimas décadas. Desde la Península Ibérica hasta los Balcanes, focos activos arrasan miles de hectáreas con una ola de calor persistente, sequía y vientos intensos como factores decisivos.
Según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS), hasta mediados de agosto de 2025 se han quemado más de 409,000 hectáreas solo en la Unión Europea, mucho más que el promedio anual y casi el doble respecto a la misma fecha de 2024. En Europa se quema actualmente, de media, medio millón de hectáreas al año, lo que equivaldría a casi el doble del tamaño de Luxemburgo.
Estos incendios se han cobrado ya decenas de vidas y miles de desplazamientos, especialmente en Grecia, Albania, España, Portugal e Italia. Las emisiones de CO₂ por incendios forestales ya superan las 13.47 millones de toneladas en lo que va del año.
A nivel europeo se ha activado el Mecanismo de Solidaridad que proporciona ayuda rápida entre países, incluyendo el envío de aviones, bomberos y fondos europeos. Este año, a mediados de agosto dichas solicitudes ya igualan el total de activaciones del verano pasado. Además, se han aprobado planes de protección civil, así como el uso de los fondos FEADER y NEX GENERATION para acciones de prevención y restauración. También se ha desarrollado la iniciativa paneuropea FIRE-RES, que trabaja para integrar conocimientos y desarrollar medidas de colaboración ante Fuegos extremos.
Sin embargo, un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo, ha advertido que la financiación en prevención no se emplea de manera sistemática donde el riesgo es más alto, ni con una visión a largo plazo.
En otro informe, elaborado por el Consejo Asesor de Ciencias de las Acedmias Europeas (EASAC), se hace un llamamiento urgente para que la política europea sobre incendios forestales cambie, pasando de establecerse como estrategia reactiva basada en la extinción, a una gestión proactiva del territorio basada en el riesgo. Y es que, según este informe, “en Europa, más del doble de las áreas urbanas están en riesgo de incendios en comparación con América del Norte y Asia”. El informe apunta a que los factores que impulsan el aumento del riesgo de incendios forestales son el cambio climático, la despoblación rural y los cambios en el uso del suelo.
En este sentido, se están preparando nuevas leyes a nivel europeo como la de Restauración de la Naturaleza, que buscan mejorar la gestión sostenible de bosques y turberas.
Todos los expertos coinciden en que las políticas se enfocan de manera excesiva en la extinción y en la reacción inmediata en lugar de apostar por la planificación preventiva y la gestión inteligente del paisaje. Señalan de manera unánime que los europeos estamos condenados a convivir con el fuego durante los próximos años y que, por ello, hay que anticiparse para evitar que sus daños sean devastadores.
El abandono rural y la pérdida de actividad agrícola y ganadera en Europa está siendo otro factor determinante: la tierra no se cuida, la maleza aumenta y hay menos vigilancia y limpieza en ´terminos generales. Se señala que los recortes de ayudas en el fondo de la Política Agraria Común agravan el problema.
Otro de los elementos problemáticos se encuentra en que los fondos de ayudas europeas y programas no están bien dirigidos ni coordinados, según los expertos.
A todo esto se suma la falta de sensibilización y educación pública, y a la de una participación social más activa. La mayor parte de la ciudadanía no tiene una “alfabetización de fuego” que se adecúe a la nueva realidad que nos toca vivir.
En términos europeos, el gran reto es invertir en territorios resilientes, revalorizar la vida rural, educar sobre el riesgo y coordinar esfuerzos entre países y regiones para que la prevención sea estructural.
Una situación que España comparte, pues el drama que estamos viviendo en estos momentos, desgraciadamente no es nuevo. Como se ha señalado a nivel europeo, en España sufrimos esta situación por décadas de políticas erráticas, abandono rural y una gestión ambiental reactiva y no preventiva.
Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), desde 1968 España ha registrado más de 300,000 incendios, afectando cerca de 5,900km² de superficie forestal.
El decenio de los años 90 fue el más devastador, pero el presente no nos da tregua: en lo que va de 2025, ardieron 157,501 hectáreas en el Estado español, cifra solo superada por 2012 y el apocalíptico 2022. De momento, en este duro mes de agosto, ya tenemos una cifra que la convierte 2025 en el tercer peor año de las últimas dos décadas.
Y detrás de estas cifras, nombres, vidas, pueblos y historias arrasadas por el fuego.
Según el último informe de WWF sobre los incendios en España durante los últimos 20 años, “a pesar del incremento de la sensibilización pública y la eficiencia de los dispositivos de extinción, hemos sido testigos de la extrema intensificación y peligrosidad de los incendios forestales a escala global. Expertos en incendios advertían hace unos años que habíamos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar, porque son extremadamente rápidos y explosivos. Hoy, el problema se ha agravado y estamos entrando en la era del colapso, donde la simultaneidad de incendios extremos desborda la capacidad de extinción y amenaza la vida de las personas. Esta peligrosidad extrema se debe en gran medida a la crisis climática, pero también a la intensa transformación del paisaje sufrida desde la segunda mitad del siglo pasado como consecuencia del abandono de usos y aprovechamientos tradicionales. Además, la despoblación rural, el incremento de la interfaz urbano-forestal y una sociedad cada vez más alejada del medio natural han supuesto el colofón en el nuevo paradigma de incendios extremos al que apuntan todas las proyecciones”.
El informe nos presenta datos que deberían servir para reflexionar y conocer una realidad que, a menudo, no se expone con claridad por parte de los políticos, que se empeñan en culpar de todo al cambio climático o en negarlo rotundamente.
¿Qué podemos aprender de este informe tan exhaustivo sobre los incendios españoles de los últimos 20 años?
La evidencia científica y estadística es abrumadora: el 90-96% de los incendios tienen origen humano. De estos, el 41% son negligencias, un 25% intencionados, el 11% accidentales y un 12% desconocidos. El abandono del campo ha convertido viejos cortafuegos en pasto para las llamas, mientras que la falta de inversión en gestión forestal —solo el 20% de los bosques tiene plan de gestión— nos empuja turbiamente al abismo. La despoblación rural y la devastadora tormenta perfecta de calor y viento completan el cuadro.
España, a golpe de tragedia, implementa cada año órdenes de peligro alto, más dispositivos de vigilancia y nuevas tecnologías como drones para la detección temprana.
Pero la inversión sigue siendo insuficiente y la cultura del fuego permanece.
Otro de los elementos al que los expertos señalan es el uso del suelo. ¿Qué regulación existe al respecto del uso en las zonas afectadas por grandes incendios? La ley prohíbe durante 30 años el cambio de uso forestal en terrenos quemados, salvo casos excepcionales previamente aprobados. Sin embargo, la Ley 21/2015 ha flexibilizado este marco, permitiendo recalificaciones bajo “razones imperiosas de interés público”, lo que hoy genera inquietud: ¿recalificamos para restaurar o para especular?. La sombra de la especulación planea cuando se facilitan proyectos urbanizadores, aunque existen barreras para proteger áreas de alto valor ecológico. Más concretamente, están saltando alarmas por la instalación de grandes macroplantas de energías renovables, que no requieren de recalificación urbanística y están consideradas como de “interés público”.
Después de décadas de evidente fracaso, es necesario que nos asomemos a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos ¿Cómo lo hace el que mejor lo hace?
Los datos señalan a Finlandia como el país que mejor gestiona su política en materia de incendios. Salvando las distancias, podemos abordar algunos datos para poder comparar: España y Finlandia ofrecen un contraste revelador en la gestión de los incendios forestales y la protección de sus bosques. España cuenta con cerca de 18,6 millones de hectáreas de masa forestal, mientras que Finlandia suma 15,2 millones, aunque este último supone el 45% de toda la superficie del país, frente al 36,8% español.
En lo que va de 2025, España ha registrado más de 4.700 incendios forestales y ha visto arrasadas unas 157.501 hectáreas, una cifra que la convierte en el tercer peor año de las últimas dos décadas. En cambio, Finlandia apenas llega a 6.445 hectáreas quemadas y sus focos severos son excepcionales.
¿A qué se debe esta diferencia en las cifras? ¿Cómo lo hace Finlandia?
La diferencia esencial está en la inversión preventiva: Finlandia dedica cerca del 70% de su presupuesto forestal a acciones de prevención y mantenimiento del monte, mientras España invierte menos de la mitad de su presupuesto en prevención, y de hecho ha reducido esta partida un 51% en trece años.
El resultado se refleja en los datos: menos incendios, menos hectáreas calcinadas y una mayor resiliencia del bosque finlandés.
Analizando esta realidad, Greenpeace ha presentado esta semana una serie de propuestas. Y es que, España invierte la mayor parte de su presupuesto forestal en la extinción, con partidas que rozan los 417 millones anuales desde 2009, mientras la prevención se ha reducido drásticamente —en torno al 50% en los últimos trece años, como acabamos de señalar. Una tendencia, que según los expertos es ineficaz y peligrosa.
Greenpeace ha lanzado una propuesta clara tras analizar el gasto público y los daños invertir 1.000 millones de euros cada año en prevención para evitar así el gasto extremo en la extinción de fuegos, que puede alcanzar 99.000 millones de euros en las próximas décadas. De esta forma, se salvarían 9,9 millones de hectáreas, lo equivalentes a casi una quinta parte del territorio nacional.
El coste de apagar un incendio puede superar los 20.000 euros por hectárea, especialmente cuando se emplean medios aéreos, mientras que la prevención apenas llega a 2.000-3.000 euros por hectárea. Por cada euro invertido en prevención, se ahorran cien en extinción, según estudios del Colegio de Ingenieros Forestales y el Ministerio para la Transición Ecológica
Greenpeace le recomienda al gobierno que apueste por actuaciones como gestión forestal, quemas controladas, desbroces, y vigilancia constante. Además, se propone una mayor transparencia en las inversiones de este campo, aprobar criterios comunes para desarrollar planes de prevención de manera coordinada entre las comunidades autónomas y coordinar recursos para desarrollar la estrategia a nivel estatal, abaratando costes (por su duplicidad) y compartiendo buenas prácticas. Los portugueses pueden aportar buenos ejemplos en este sentido.
En conclusión, España arde de manera alarmante. Y es preocupante porque, lejos de dominar mejor los peligros y utilizar los avances técnicos y científicos que se supone hemos desarrollado, la verdad es que estamos destrozando el ecosistema. Los campos están más abandonados que nunca, se privatiza su supuesto cuidado para generar unos costes absurdos por un servicio que no resulta eficaz. Las dificultades burocráticas para que los habitantes de las zonas puedan coordinarse, como se ha hecho históricamente, y cuidar de nuestros montes han terminado con esta práctica. Como la de los pastos de animales, que ya no se facilita.
Se dificulta la vida en el campo, en el entorno rural, haciéndola poco apetecible para que puedan ser habitadas. Lejos de promover iniciativas que equilibren un trabajo desde casa con la actividad agro pecuaria, estamos quedándonos sin agricultura ni ganadería. Llenar estas tierras de placas solares y aerogeneradores no ha sido buena idea.
Y si nadie cuida del campo, cuando el fuego llega, arrasa con todo. Y si desaparecen las zonas verdes, los pulmones de nuestro planeta, el clima cada vez será más insoportable. Porque sí, el clima se ve afectado por este tipo de barbaridades que estamos viviendo. Y algunas de ellas, nos las han colado como soluciones para salvar el planeta, cuando en realidad, lo están destrozando.
Habrá más incendios. No cabe duda. Y nubes tóxicas. Y fuegos que no se apagan y que se extienden por garajes y avenidas. Y facturas de la luz insoportables.
España arde y seguirá haciéndolo mientras los conflictos de interés gobiernen este país. Mientras no haya nadie dispuesto a poner en valor la vida rural, dotando de escuelas, hospitales e infraestructuras para poder allí crear una familia. Mientras no haya un gobierno que apueste de verdad por ayudar e impulsar al sector agropecuario, cuidando a nuestros productores y a sus productos. Para eso sería necesario poder comprar en el supermercado productos de nuestra tierra, cuando los producimos de excelente calidad, en lugar de otras opciones mucho peores y mucho más lejanas.
Educar y concienciar de manera honesta a la ciudadanía, y no engañarle con el juego de los espejitos. Invertir en la prevención de los problemas es la mejor de las inversiones: en salud, en medio ambiente, en lo que sea. Pero el negocio está precisamente en lo contrario: en ofrecer soluciones cuando el problema ya está creado.
España arde y seguirá ardiendo y enfermando mientras el conflicto de interés dirija la batuta de nuestros gobernantes.