El uso de aplicaciones de mensajería para compartir la ubicación de controles de tráfico se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en los últimos años. Lo que comenzó como una dinámica puntual ha terminado por consolidarse en determinados entornos digitales, especialmente a través de grupos organizados en plataformas como WhatsApp o Telegram. Esta tendencia ha llamado la atención de las autoridades, que ya han comenzado a actuar.

El conocido como “método gallego” tiene su origen en Galicia, donde durante la pandemia se popularizó el uso de estos grupos para avisar de la presencia de controles policiales. El objetivo era evitar sanciones, lo que provocó un fenómeno llamativo: pocos minutos después de instalar un control, el volumen de tráfico en la zona descendía de forma notable. Este patrón evidenció la eficacia de estos canales de comunicación y, al mismo tiempo, alertó a la Guardia Civil.

Grupos organizados para esquivar controles

El funcionamiento de este sistema es sencillo. Los usuarios comparten en tiempo real la ubicación de controles de alcoholemia, drogas o documentación, permitiendo a otros conductores modificar su ruta para evitarlos. Esta práctica, aparentemente inofensiva para algunos, supone un problema desde el punto de vista de la seguridad vial.

En este sentido, las autoridades consideran que estos avisos no solo dificultan la labor de control, sino que además pueden favorecer comportamientos de riesgo. Los dispositivos policiales tienen como objetivo detectar infracciones graves y prevenir accidentes, por lo que su eficacia depende en gran medida del factor sorpresa.

La rápida difusión de la información en estos grupos reduce ese efecto, permitiendo que conductores que podrían estar cometiendo infracciones eviten el control. Esto debilita el sistema de vigilancia y compromete su función preventiva.

Sanciones y mayor vigilancia digital

Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico ha intensificado sus esfuerzos para identificar y sancionar este tipo de prácticas. Aunque informar de la presencia de controles no siempre constituye un delito en sí mismo, la organización y difusión sistemática de estos avisos puede derivar en sanciones, especialmente cuando se considera que existe una intención clara de eludir la acción policial.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad han comenzado a analizar el comportamiento del tráfico en determinadas zonas para detectar posibles patrones asociados a estos grupos. La reducción repentina de vehículos en un punto concreto sigue siendo una señal clara de que la información se ha difundido con rapidez.

Cabe destacar que el uso de la tecnología para esquivar controles se enfrenta ahora a una respuesta igualmente tecnológica por parte de las autoridades. El seguimiento digital y la monitorización de estas prácticas forman parte de una estrategia más amplia para garantizar la efectividad de los controles.

Lo destacable en este caso es que una herramienta concebida para facilitar la comunicación entre usuarios se ha transformado en un instrumento que puede poner en riesgo la seguridad vial. La DGT refuerza así su mensaje de tolerancia cero frente a cualquier intento de evitar los controles, subrayando la importancia de estos dispositivos en la prevención de accidentes.

En definitiva, el llamado “método gallego” ha pasado de ser una práctica extendida en determinados contextos a convertirse en un foco de vigilancia para las autoridades. La respuesta institucional busca frenar su expansión y preservar la eficacia de unos controles que resultan clave para la seguridad en carretera.