La consellera de Interior, Núria Parlon, salió ayer en el Parlament, acompañada del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, para intentar apagar el incendio provocado por la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes que preparaban las movilizaciones de esta semana contra el Departament d'Educació. Parlon pidió disculpas a los sindicatos educativos, admitió que la actuación había sido una "maniobra operativa mal planteada" y anunció la apertura de una información reservada para analizar qué había pasado y, si es necesario, depurar responsabilidades. También avanzó que se revisarán los protocolos internos para que este tipo de decisiones tengan más "filtros" y "más control jerárquico" antes de ser ejecutadas, recordando que era una maniobra que se ajustaba a la legalidad vigente y que, como también han confirmado decenas de fuentes a ElNacional.cat, se ha hecho durante años.
La comparecencia, sin embargo, lejos de cerrar la crisis, ha abierto otra dentro del cuerpo. Las disculpas de Parlon y Trapero han sido recibidas con malestar en sectores de la policía catalana, especialmente entre los agentes y mandos de la unidad implicada, que se sienten señalados públicamente. Diversas fuentes consultadas por ElNacional.cat aseguran que la consellera y el director general de la Policía han hecho un cortafuegos político y han trasladado el foco del problema hacia los mandos operativos, dejando "a los agentes a los pies de los caballos" para protegerse de las derivadas políticas de una crisis que ha provocado peticiones de dimisión de Junts, ERC, los Comuns, la CUP y sindicatos de enseñanza. Los representantes de los docentes, incluso, han recomendado a Trapero que se busque un "buen abogado" para cuando se vean en los juzgados.
Parlon insistió en que ni ella, ni el president Salvador Illa, ni Trapero, ni el comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, conocían previamente el operativo, y aseguró que, si lo hubieran sabido, lo habrían "impedido". Parlon se enteró de la infiltración, asegura, en la comida de las Esquadres en las Terres de l'Ebre, y lo consultó con el comisario David Boneta, jefe de la comisaría superior Territorial —no es su competencia, pero es un comisario con sobrada experiencia—, y empezó a recoger información, para justificar que durante 24 horas la policía permaneció callada y finalmente hizo un comunicado avalando la actuación. La misma consellera enfrió la defensa de los Mossos el lunes y ayer, miércoles, acabó desmarcándose. La consellera atribuyó la actuación a "inercias del pasado" que, según dijo, hay que "romper", y remarcó que no había dado "ninguna orden" para enviar a ningún agente a "espiar una asamblea". "Mal planteada, mal calculada. Un error humano", resumió Parlon, que quiso separar la actuación policial de cualquier decisión política. En casi diez ocasiones, la titular de Interior marcó distancias con el operativo de enviar agentes a escuchar las asambleas de maestros. El objetivo, de cambiar el foco de la problemática, de Interior a Mossos, era el encargo que tenía por parte de Palau para intentar cerrar el problema y conseguir amainar, sobre todo, a los dos socios de Illa en los presupuestos, los republicanos y los poscomunistas. Las "disculpas" de la consellera en sede parlamentaria para rebajar el tono y evitar males mayores.
Un cortafuegos que ensucia a los Mossos
Este relato-cortafuegos, sin embargo, ha indignado a los Mossos y, concretamente, a los agentes de Información de Barcelona. Los responsables de la actuación defienden que la operación fue del todo legal, amparada por el decreto de estructura de los Mossos y por las funciones atribuidas a la Comissaria General d’Informació, que incluyen la recogida y el tratamiento de información operativa vinculada a riesgos, amenazas y episodios de conflictividad social. Fuentes policiales remarcan que no corresponde a los agentes valorar las consecuencias políticas de una actuación que, sostienen, la normativa no solo permite, sino que obliga a hacer cuando hay procesos de movilización o huelga que pueden tener afectaciones de orden público. El mismo Trapero admitió durante la comparecencia que estas prácticas forman parte de la operativa habitual de la Comissaria General d’Informació y que no se había introducido ningún cambio respecto de lo que se ha hecho en gobiernos anteriores. Sin embargo, el director general de la Policía calificó la presencia de las dos agentes en la asamblea de docentes de poco "oportuna" e "innecesaria", y reconoció que los antecedentes de protestas del sector no justificaban una actuación de este tipo.
Este doble mensaje —admitir que la operación estaba amparada por la normativa, pero, a la vez, criticarla y ordenar una investigación interna— es lo que ha acabado de encender los ánimos dentro del cuerpo. Sindicatos policiales y fuentes internas consultadas aseguran que se ha roto la confianza con Trapero, a quien reprochan haber avalado públicamente el relato político de la consellera y haber abierto la puerta a depurar responsabilidades sobre una actuación que, según los mandos implicados, se hizo siguiendo los canales habituales y dentro del marco legal. La investigación interna abierta por orden de la dirección política del cuerpo deberá aclarar quién autorizó el operativo, con qué criterios y si se siguieron los protocolos internos. Los agentes lo ven como una caza de brujas para plegarse a las presiones de la extrema izquierda. Interior también quiere introducir más control jerárquico en las actuaciones de Informació que puedan entrar en conflicto con derechos fundamentales o con la actividad de movimientos sociales y sindicales, y reforzar la mediación para conseguir información sin tener que entrar en asambleas abiertas. Habrá que ver cómo se introducen estos cambios que, según Trapero, también son voluntad de la Jefatura —una dirección policial del cuerpo que está de salida; tal como avanzó ElNacional.cat, el mes de agosto el comisario jefe, Miquel Esquius, se jubila, y habrá que encontrarle relevo.
Crisis política y crisis policial
La consellera Parlon y el director Trapero pidieron disculpas para intentar salvar los presupuestos, pero la oposición, al menos públicamente, no tuvo suficiente. Los portavoces de Esquerra y los Comuns —los dos partidos que deben votar las cuentas de Salvador Illa—, Laia Cañigueral y Andrés Garcia Berrio, volvieron a pedir la dimisión o el cese de Trapero. Junts y la CUP, con Josep Rius y Xavier Pellicer, también continuaron presionando para conseguir la dimisión de la consellera y del director general de la Policía. Los sindicatos de maestros, una vez escuchada la explicación de 22 minutos que hicieron los dos políticos, aseguraron que no tenían suficiente y que reclamaban "responsabilidades".
Y, por si no fuera poco, el intento de detener la crisis política no tuvo éxito y, a la vez, inició una nueva: la policial. Las consecuencias no serán a corto plazo. Trapero controla con mano de hierro la Prefectura y todo lo que de ella depende —explica también cómo se ha gestionado esta crisis los últimos días—, pero fuentes policiales han asegurado que la confianza con el actual director, que fue también jefe del cuerpo cuando ejercía de policía, se ha debilitado después de este retroceso público por intereses políticos del partido que lo nombró director general. La crisis por la infiltración de dos agentes de Información en una asamblea de docentes se ha cerrado en falso, pero no parece que, por ahora, Illa, que sigue de viaje oficial en California, haga caer ni a Trapero ni, mucho menos, a la consellera Parlon, una de las mujeres con más proyección del Govern.
Los problemas de Trapero
Aun así, los partidos de la oposición, si bien no han ligado la cabeza del director general a los presupuestos, sí que mantienen esta petición y habrá que ver a medio plazo cómo desde el Palau de la Generalitat lo compensan. Fuentes socialistas aseguran a ElNacional.cat que las "disculpas" de Parlon y del propio Trapero les han dado un tiempo de oro para evitar movimientos bruscos —y evitar el ruido que tanto temen—, pero que la posición de fuerza que tiene el director general sobre el departamento de Interior les obligará a mover ficha, a pesar de que el de Santa Coloma fuera, en su momento, una apuesta personal del propio presidente. Con el efecto electoral superado, las crisis que ha provocado el director general, que, aseguran, todavía no entiende que ya no es policía y que ahora viste uniforme de político, ya no salen a cuenta. Una eventual destitución de Trapero, que volvería al cuerpo con rango de mayor, y con el escenario que se prevé en agosto, cuando cese Esquius, todavía genera más temor a los socialistas. Los socialistas transitan ahora por un valle peligroso: cuanto más caminan, más costará después volver a subir.