Una jueza federal de los Estados Unidos revocó este el miércoles la congelación de fondos ordenada por el gobierno de Donald Trump a la Universidad Harvard, una victoria para esta institución, la más antigua de Estados Unidos, convertida en el símbolo de la cruzada del presidente contra algunos centros de educación superior. La jueza Allison D. Burroughs, del tribunal federal de Boston, ha declarado ilegal la congelación de más de 2.000 millones de dólares en subvenciones provenientes de los fondos federales a Harvard por parte del Gobierno de Trump por supuesto antisemitismo y su política de diversidad que afectaban programas de investigación médica, entre otros.

Violación de la Primera Enmienda de la Constitución

Burroughs, del Tribunal de Distrito de Boston, que ya cuestionó anteriormente el bloqueo de los fondos, ha emitido un dictamen que obliga al Gobierno de Trump a revertir esta medida y que supone una victoria para la prestigiosa universidad, aunque se espera una apelación, según medios locales. La jueza considera que la medida violó la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Según Burroughs, la conexión entre la investigación financiada por los fondos federales y el problema del antisemitismo en el campus de Harvard es mínima, y el uso de este argumento por parte del Gobierno fue considerado "una cortina de humo para un ataque ideológico selectivo contra las principales universidades del país".

Mensaje dirigido a los jueces

La jueza, en un auto de 84 páginas, consideró necesaria la lucha contra el antisemitismo, pero también el derecho a la libre expresión, y sentenció que no se tiene que "sacrificar a uno en el altar del otro", animando, además, a otros jueces en situación similar a "actuar para salvaguardar la libertad académica". En este sentido, instó a otros jueces a velar para que "no se someta inadecuadamente a investigaciones importantes a cancelaciones de fondo arbitrarias y procesalmente débiles, incluso si se arriesgan a (desatar) la ira de un gobierno comprometido con su agenda a cualquier coste", según recopila The New York Times.

Los argumentos de Trump

El bloqueo fue parte de una serie de acciones de la administración Trump, que desde su retorno a la Casa Blanca, intensificó sus ataques a Harvard, acusándola de ser un "bastión de la ideología woke" y de no actuar con suficiente decisión enfrente de incidentes de antisemitismo, especialmente después de protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. Como represalia, el Gobierno federal retiró subvenciones clave y revocó certificaciones ligadas a la admisión de estudiantes internacionales. Harvard es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por los informes del Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo creado por Trump, organismo que lo acusa de "discriminación positiva" y de no dar cabida a lo que el Gobierno describe como "diversidad de ideas".

La defensa de Harvard

La universidad denunció que el castigo financiero era un intento ilegal de influenciar y controlar sus decisiones académicas y que amenazaba la investigación fundamental en medicina, ciencia y tecnología. Harvard defendió que las exigencias de Trump de eliminar programas de diversidad y de reformar la política de admisión violaban su independencia universitaria y la libertad académica. Harvard interpuso una demanda en la que argumentó que el recorte de fondos afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica, y Trump redobló su presión intentando prohibir al centro la matriculación de estudiantes extranjeros, medida que Burroughs bloqueó de manera indefinida.

Una victoria significativa

Las dos partes habían reclamado una decisión sumaria sin juicio y la jueza realizó una audiencia clave en julio en la cual ya avanzó que se inclinaba para dar la razón a Harvard y no al Gobierno, pero no emitió una decisión. El veredicto marca una victoria significativa para Harvard y para al principio de autonomía universitaria, aunque la administración Trump ha prometido apelar la decisión. La sentencia impide que el Gobierno utilice el recorte de fondos federales como represalia ideológica, poniendo límites a los intentos de condicionar la política y el contenido académico de los centros educativos por motivos políticos.