La Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por saltarse la exigencia de proteger a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afectan a los intereses de la Unión Europea. El ejecutivo europeo ha decidido llevar a la justicia europea a 8 estados miembros, que incluyen a España, Alemania, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia, por no haber trasladado a su legislación nacional una directiva que garantiza la protección de quienes denuncien infracciones del derecho de la UE.
La Directiva, que entró en vigor en diciembre del 2019, exige a los estados miembros que proporcionen a los denunciantes, tanto del sector público como del sector privado, "canales eficaces" para denunciar infracciones de las normas de la UE de forma "confidencial", y estableciendo un sólido sistema de protección ante represalias. Esta protección se aplica tanto a nivel interno, dentro de una organización, como a nivel externo, informando a una autoridad pública competente, según explica el ejecutivo de la UE en un comunicado.
La UE considera imprescindible para el Derecho de la Unión de que se trasponga esta Directiva. Según explica en un comunicado la Comisión, garantizar esta protección a las personas denunciantes es importante en ámbitos en los cuales las infracciones del derecho de la UE pueden provocar "perjuicios al interés público". En este sentido, pone de ejemplo cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, la contratación pública, los servicios financieros, la seguridad nuclear, la seguridad de los productos y la protección de los intereses financieros de la UE.
El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, se ha hecho eco de la decisión de la Comisión y ha insistido en la importancia del nuevo marco normativo.
Today, the Commission refers 8 MS to the EU Court over the protection of whistleblowers.They have not yet transposed the 🇪🇺 rules that provide whistleblowers w/ channels to report breaches of EU rules confidentially, establishing a robust system of protection against retaliation.
— Didier Reynders (@dreynders) February 15, 2023
Tres años de incumplimiento
Una vez se ha aprobado una directiva, los estados miembros tienen un plazo de dos años para incorporarla a su ordenamiento jurídico. En este caso, como entró en vigor en diciembre de 2019, el plazo caducó en diciembre de 2021. Como respuesta, en enero de 2022, la Comisión Europea expedientó a 24 países, España incluida, por no haber informado sobre cómo incorporarían la normativa comunitaria a la legislación y qué medidas tomarían para hacerla efectiva. Seis meses después, en julio de 2022, la Comisión envió dictámenes motivados a quince estados miembros que todavía no habían dado cumplimiento a la directiva. En septiembre del 2022 envió dictámenes a cuatro estados más. Finalmente, cuando ya han pasado más de 3 años desde la entrada en vigor de la directiva, y ante la falta de una "respuesta satisfactoria" por parte de ocho países, el ejecutivo europeo ha decidido llevarlos ante el TJUE para resolver la cuestión.