La administración de Donald Trump ha enviado este lunes a 2.000 soldados más de la Guardia Nacional a Los Ángeles, elevando a cerca de 5.000 el número total de tropas destinadas a la ciudad. La medida ha generado una fuerte tensión con el gobernador de California, Gavin Newsom, y con entidades defensoras de los derechos civiles. Ha sido el mismo Newsom quien, a través de sus redes sociales, ha informado sobre este nuevo despliegue, después de recibir comunicación directa de la Casa Blanca. El sábado anterior, Trump ya había anunciado el primer envío de 2.000 efectivos sin contar con el aval del gobernador, aunque las tropas de la Guardia Nacional están bajo control estatal.
U.S. Marines serve a valuable purpose for this country -- defending democracy. They are not political pawns.
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2025
The Secretary of Defense is illegally deploying them onto American streets so Trump can have a talking point at his parade this weekend.
It's a blatant abuse of power.…
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha presentado una demanda contra el gobierno federal, denunciando que esta actuación vulnera la Décima Enmienda de la Constitución y representa un abuso de poder. Newsom también ha alertado sobre las condiciones precarias que viven los soldados ya desplegados: "Sin comida ni agua. Solo unos 300 están en activo; el resto, parados, recluidos en edificios federales sin órdenes claras," ha denunciado a través de la red X. Según él, esta acción "no tiene nada que ver con la seguridad pública" y solo responde a una voluntad de "fomentar el ego" de Trump. "Es una decisión irresponsable, inútil e irrespetuosa con nuestros militares", ha concluido.
700 marines se suman al dispositivo
Además de los efectivos de la Guardia Nacional, el Pentágono ha confirmado que unos 700 marines se añadirán al dispositivo con el objetivo declarado de proteger edificios federales ante las protestas por las redadas migratorias. Actualmente, solo unas decenas de soldados custodian el complejo federal del centro de Los Ángeles, que acoge un centro de detención de inmigrantes, oficinas del Servicio de Inmigración (USCIS) y tribunales de extranjería, los cuales han suspendido temporalmente la atención al público este lunes, en el cuarto día de movilizaciones. A pesar de todo, la jornada ha transcurrido con menos participación y sin incidentes destacables.
Un despliegue inédito
La decisión del presidente norteamericano de enviar la Guardia Nacional a Los Ángeles para controlar las protestas ha generado una fuerte polémica: no solo se trata de un movimiento poco habitual, sino que es la primera vez en 33 años que un presidente toma una medida así para contener disturbios sociales, y la primera en 60 años que lo hace sin la autorización previa del gobernador del estado afectado. La última ocasión en que un presidente ordenó desplegar la Guardia Nacional para reprimir disturbios civiles fue el 1992. Entonces, George H. W. Bush activó este recurso después de la ola de violencia en Los Ángeles a raíz de la absolución de los policías que habían apaleado a Rodney King, un caso grabado por un ciudadano y difundido masivamente por los medios. Los disturbios duraron cuatro días, con un balance trágico: 60 muertos, más de 2.000 heridos y graves daños materiales.
Aunque el uso de la Guardia Nacional para contener manifestaciones no es raro en Estados Unidos, suele ser una medida que piden los gobiernos estatales. Por ejemplo, en el año 2020, varios estados movilizaron esta fuerza para responder a las protestas por el asesinato de George Floyd.