El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su cacería contra la inmigración irregular con redadas a lo largo y ancho del país para detener y deportar de manera sumaria a quienes estén en el país sin los permisos pertinentes, que en algunos casos han sido enviados a la megaprisión de Nayib Bukele en El Salvador. Las zonas progresistas del país se resisten: si en California ha habido disturbios y enfrentamientos entre manifestantes con la policía durante meses, Nueva York ha reafirmado sus llamadas leyes de "ciudad santuario" para inmigrantes. Ahora, la administración Trump va al choque y demanda a la ciudad Nuevo York, gobernada por el demócrata Eric Adams, por proteger a los inmigrantes.
El Gobierno americano ha demandado este jueves a la ciudad de Nueva York, acusando a las autoridades locales de estar "obstruyendo" que se aplique la ley federal para perseguir a los inmigrantes. Con la demanda, presentada por el Departamento de Justicia, se opone a las llamadas "leyes de ciudad santuario", unas normativas que limitan la colaboración de policía local con las autoridades migratorias, lo que de facto dificulta las cacerías y deportaciones de Trump.
La administración Trump sostiene que Nueva York "ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país" y que recientemente estos esfuerzos "solo se han intensificado". El Departamento de Justicia asegura que las políticas "santuario" de Nueva York "dificultan" el trabajo de los agentes de migración y crean problemas de seguridad pública en la ciudad. No es la única demanda que ha presentado el Departamento de Justicia bajo el mando de Trump contra grandes ciudades americanas o estados en los que gobierna el Partido Demócrata. Nueva York se suma a la lista que conforman ya Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey e incluso el conjunto del estado de Nueva York.
Ciudades "santuario"
Esas políticas han sido promovidas por diferentes alcaldías desde 1989 y más recientemente expandidas en 2014, cuando el alcalde de Nueva York Bill de Blasio (2014-2021) las amplió para limitar la comunicación entre los agentes migratorios y las cárceles locales y cerró una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Rikers, la prisión más grande de la ciudad. Los defensores de este tipo de normativas "santuario" señalan que son necesarias para mejorar la seguridad en las calles, ya que permiten a los migrantes reportar delitos o abusos sin miedo a ser deportados, así como colaborar con las autoridades. De media, se cometen 35,5 delitos menos por cada 10.000 personas en los condados con políticas de santuario en comparación con aquellos que no las tienen, según datos de la organización New York Immigration Coalition.
Redadas masivas y deportaciones sumarias de inmigrantes
Trump llegó a la Casa Blanca a principios de año con la promesa bajo el brazo de deportar a un millón de personas durante el primer curso de su mandato. Para ello, se ha valido de una ley promulgada en 1798 y que hasta ahora solo se había usado para tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros. Si bien ha desplegado batidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la caza del inmigrante irregular, y ha deportado a miles de venezolanos acusados de estar vinculados a grupos delincuenciales como Tren de Aragua, el presidente republicano se ha topado con la oposición de los tribunales. La cacería de Trump ha pasado por diversas instancias judiciales, incluso el Tribunal Supremo, que aun con su mayoría conservadora llegó a bloquear temporalmente las deportaciones al considerar que no se estaba dando derecho a los afectados a impugnar su situación.