El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado este viernes los aranceles que Donald Trump aplicó a una larga lista de países en virtud de Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). La justicia ha asestado un duro golpe al presidente estadounidense al declarar como ilegal uno de los pilares de la agresiva política económica que había adoptado desde su regreso a la Casa Blanca. La sentencia de la corte, con importantes implicaciones para la economía global, llega después de un período de 10 meses en que los aranceles “recíprocos” se han convertido en el arma principal de Trump en su guerra comercial, la cual ha erosionado relaciones comerciales históricas, ha afectado a los mercados financieros y ha causado incertidumbre mundial.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", asegura la corte suprema, que por una mayoría de 6 a 3 ha dictaminado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del republicano excede su autoridad. Así pues, y según ha revelado The Associated Press en primicia, el Alto Tribunal ha concluido que la Constitución otorga "de forma clara" al Congreso —poder legislativo— la capacidad de imponer aranceles. El presidente del Supremo, John Roberts, ha declarado que "los redactores de la Carta magna" nunca dieron la facultad a la Casa Blanca —poder ejecutivo— de aplicar los gravámenes de la forma en que lo hizo Trump en abril de 2025.

"No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el artículo III de la Constitución. En cumplimiento de este papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye Roberts en una sentencia que ha supuesto la mayor derrota de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente advirtió a mediados de enero de que si el Tribunal Supremo se pronunciaba en contra de los aranceles, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares.

Batalla legal por los reembolsos

Los aranceles globales de Trump fueron impugnados por una docena de estados de Estados Unidos y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó. Además, a finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el republicano se había excedido en su autoridad al invocar a la IEEPA. Ahora, la sentencia del Supremo abre la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de compañías afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.

De hecho, justo después de conocerse la sentencia, la asociación de pequeñas empresas de Estados Unidos "Pagamos los aranceles" ('We Pay the Tariffs') ha dicho que la Casa Blanca debe indemnizar a las compañías afectadas por los aranceles. Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, ha declarado que "una victoria legal no tiene sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron". Asimismo, Scott Lincicome, uno de los expertos de la oposición conservadora estadounidense a los gravámenes de Trump, ha asegurado que "el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros". "Este proceso de reembolso podría ser sencillo, pero parece más probable que se requieran mayores litigios y trámites", concluyó el también vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato.

Europa reacciona con la boca pequeña

Al otro lado del Atlántico, la Comisión Europea analiza con cautela la sentencia del Supremo. El portavoz del ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha explicado que Bruselas está en contacto "estrecho" con Washington mientras busca "claridad" en los pasos que el equipo de Trump dará a partir de ahora. Gill ha añadido que el comercio transoceánico "depende de la estabilidad y la predictibilidad en la relación comercial", y en este sentido ha subrayado que la Comisión "sigue abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos".