Escala la tensión en las calles de Argentina. Un fiscal pidió este lunes que se condene a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, a 12 años de prisión porque la considera la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática en torno a la obra pública que causó un perjuicio millonario para el Estado". Según dijo el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio, que se alarga desde el mes de mayo de 2019 por la denominada 'causa Vialidad', "se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país".

Este procurador considera que la expresidenta argentina -gobernó el país entre el 2007 y el 2015- fue la "jefa" de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos "de alta jerarquía" y que actuó con los móviles del lucro y la codicia". Además de pedir que Cristina Fernández vaya a prisión por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite para siempre para ejercer cargos públicos. También pidió que se le retiren bienes de los acusados por valor de 5.231 millones de pesos (unos 36,4 millones de dólares).

Esta noticia ha provocado que esta última noche en Argentina hayan tenido lugar varios disturbios, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, la capital del país. Los defensores de Cristina Kirchner se dirigieron hasta su residencia a última hora de la tarde después de que antes fueran detractores de la actual vicepresidenta del país. La exmandataria de Argentina se ha quejado en Twitter de la respuesta policial, que depende de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

"Lo último que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad ha reprimido con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo ante los insultos de un grupo de energúmenos macristas", ha escrito Kirchner a su cuenta de Twitter. Nunca ningún militante ni simpatizando de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos; ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta, ni a la de Bullrich o Vidal", ha argumentado en las redes sociales.

El gobierno argentino sale en defensa de Kirchner

Por otra parte, el fiscal puso en cuestión al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, para decir, cuando testificó en este juicio, que la política pública en materia de contrataciones no puede ser revisada por la justicia. Después de estas palabras del fiscal, el gobierno argentino difundió un comunicado en el cual mostraba su apoyo a la vicepresidenta ante la "persecución judicial" en su contra y afirmó que ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta han sido probados.