La Eurocámara ha aprobado este miércoles una reforma que endurece la política migratoria comunitaria y consolida la externalización de los centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea. El nuevo reglamento de retornos, que todavía necesita el aval formal del Consejo Europeo antes de entrar en vigor, ha recibido el apoyo de 418 eurodiputados, mientras que 218 han votado en contra y 30 se han abstenido. La norma sustituirá una directiva vigente desde hace casi veinte años y establecerá el marco legal para que los estados miembros puedan pactar con países terceros la instalación de centros destinados a acoger migrantes a los que se ha denegado la solicitud de asilo en la UE, siguiendo modelos como el que Italia ha impulsado con Albania. Estos centros estarían destinados a retener a las personas pendientes de ser devueltas a su país de origen o de tránsito.
La reforma modifica un escenario que hasta ahora no tenía encaje, por el Derecho de la Unión, pero con el nuevo reglamento un estado miembro, un grupo de países o incluso el bloque entero podrán negociar con terceros estados la creación de estos centros bajo jurisdicción extracomunitaria. Ahora bien, para que los acuerdos sean válidos, los países que los acojan deberán garantizar el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y al principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver personas a territorios donde puedan ver comprometida su seguridad o sus derechos fundamentales. Una vez la norma entre en vigor, las disposiciones relativas a los centros de deportación fuera de la UE y a los procedimientos de evaluación de la edad de los menores se aplicarán de manera inmediata, mientras que el resto de medidas dispondrán de un período de adaptación de doce meses para que los estados miembros las incorporen a sus ordenamientos jurídicos.
La aprobación del reglamento llega, además, al día siguiente de que los estados miembros dieran otro paso en la misma dirección. En una reunión celebrada en Bruselas, los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete acordaron establecer las bases para que los futuros centros de deportación fuera de la UE puedan recibir financiación comunitaria a través del presupuesto plurianual correspondiente al periodo 2028-2034, siempre que esta arquitectura presupuestaria acabe siendo validada. El acuerdo, que contó con la oposición de España, prevé que el fondo de acción exterior Global Europe pueda destinar recursos a las llamadas “soluciones innovadoras” para afrontar la migración irregular, una expresión que la propia Comisión Europea ya había utilizado anteriormente para referirse a la posibilidad de externalizar los centros de migrantes.
Hasta dos años y medio detenidos
La reforma también endurece las condiciones de detención de los migrantes en situación irregular pendientes de resolución de su expediente. El nuevo reglamento permitirá mantenerlos retenidos hasta un máximo de 24 meses, con la posibilidad de alargar este periodo con una prórroga de seis meses más en casos en que la persona afectada no colabore con el proceso de retorno o cuando las autoridades consideren que existe riesgo de fuga. Estos plazos podrán aplicarse igualmente a menores no acompañados y a familias con niños, aunque el texto insiste en que la detención de estos colectivos debe ser una medida de “último recurso”.
La aprobación del reglamento ha provocado una fuerte contestación entre varios grupos políticos de la Eurocámara. El eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha reprochado al PP que haya apoyado el texto junto a los grupos de la extrema derecha, entre ellos los Patriotas por Europa —donde se integra Vox— y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Según López Aguilar, la norma “ignora derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad, el derecho de asilo y la tutela judicial efectiva”. En la misma línea, la eurodiputada del PNB, Oihane Agirregoitia, ha asegurado que el reglamento traspasa “algunas líneas rojas” y ha añadido que “no es digno”. También se ha opuesto con contundencia la eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara, que ha calificado la reforma de “error histórico”, la ha acusado de promover planteamientos xenófobos y ha expresado la esperanza de que acabe siendo recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.