A pesar de las sanciones impuestas por la comunidad internacional desde hace años, y especialmente después de la invasión de Ucrania, Rusia ha logrado mantener su actividad económica exterior mediante una serie de mecanismos discretos pero efectivos. Uno de los más sofisticados y opacos es la flota fantasma, una red de embarcaciones gestionadas desde el Kremlin bajo banderas de terceros países que permiten operar al margen de las sanciones internacionales. La operativa ha vuelto a quedar expuesta este miércoles después de que la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptara y abordara dos embarcaciones rusas: el Marinera y el M Sophie. Según las autoridades norteamericanas, estos buques participaban en actividades propias de la flota fantasma, que incluyen el transporte de petróleo sancionado, el tráfico de bienes vetados e, incluso, el contrabando de componentes militares destinados a reforzar el ejército ruso. Esta estructura paralela de comercio y logística opera en las aguas de prácticamente todos los continentes, generando ganancias millonarias para Moscú y poniendo en jaque la capacidad real de la comunidad internacional para aplicar sanciones efectivas contra el régimen de Vladímir Putin.
A finales de 2022, la flota fantasma rusa estaba formada por más de 600 buques, de los cuales alrededor de 400 eran petroleros. En solo un año, esta cifra experimentó un crecimiento exponencial hasta situarse, según diversas estimaciones, entre los 1.100 y los 1.400 buques operativos, en diciembre de 2023. Todos ellos operan protegidos por un entramado de empresas pantalla, en muchos casos en condiciones técnicas muy deficientes y sin controles mínimos de seguridad o sostenibilidad. La precariedad de la red opaca ha conllevado numerosos incidentes, especialmente en zonas donde las regulaciones son menos estrictas. Pese al aumento de su actividad y su exposición, solo 118 de estos buques han sido sancionados por parte de Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido, y solo tres han sido sancionados simultáneamente por los tres bloques, según datos de la Escuela de Economía de Kiev. En 2025, se calcula que la flota triplicó su tamaño respecto al inicio de la invasión de Ucrania, ya que, con la imposición de nuevas sanciones, Moscú intensificó su uso como respuesta creativa para continuar transportando petróleo y otras mercancías clave
Rusia y sus aliados han aprovechado petroleros viejos y próximos al final de su vida útil, adquiridos directamente por compañías rusas o por actores intermediarios que los ponen a disposición del Kremlin a cambio de tarifas elevadas. Esto permite mantener activo el flujo de exportaciones petroleras a pesar de las sanciones, pero incrementa notablemente los riesgos. Uno de los principales problemas es la ausencia de garantías mínimas de seguridad: dos tercios de los buques que transportan crudo ruso operan con seguros de procedencia desconocida o inexistente, en contradicción con las normativas occidentales, que exigen un mínimo de verificaciones técnicas y de estado general del buque. Todo ello comporta que muchos de estos buques presenten deficiencias graves y averías recurrentes. En enero de 2024, por ejemplo, el petrolero Peria quedó encallado en el Bósforo por una avería en el ancla, colapsando el tráfico marítimo durante horas. El uso de armadores pantalla, que impiden identificar a los propietarios reales, facilita esta precarización e incentiva la falta de mantenimiento. A todo esto se suma la práctica habitual de desconectar los sistemas de identificación automática y de realizar transvases de crudo entre buques en alta mar, acciones que no solo dificultan el rastreo, sino que aumentan el riesgo de colisiones, accidentes y vertidos.
En octubre de 2024, la Unión Europea hizo público un informe titulado La flota fantasma de Rusia: Sacando a la luz la amenaza, en el que alertaba de las tácticas que Moscú utiliza para esquivar las sanciones internacionales. Pero los riesgos asociados a esta red clandestina van mucho más allá del ámbito económico. En la última semana del mismo año, el cable submarino EstLink2 —que suministra electricidad entre Finlandia y Estonia— sufrió daños graves que Helsinki calificó de “sabotaje agravado”. Las autoridades abrieron una investigación contra el petrolero Eagle S, un buque de origen ruso, con bandera de las Islas Cook, que había navegado en aguas finlandesas cargado de combustible de procedencia rusa justo en las fechas del incidente. La entonces ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, alertó del peligro que suponía la flota fantasma, a la que calificó de “decrépita” y “amenaza grave” tanto para el medio ambiente como para la seguridad europea. La actual presidenta de la Asamblea General de la ONU subrayó el riesgo de infiltración en infraestructuras digitales críticas y recordó que los cables submarinos son “las arterias de comunicación que mantienen unido nuestro mundo”. Además de las implicaciones estratégicas y económicas, Baerbock puso el foco en un tercer factor a menudo menospreciado: el impacto medioambiental, cuyas consecuencias, advirtió, son difíciles de revertir.
Efectos medioambientales
En este sentido, en diciembre de 2024 dos buques presuntamente integrados en la flota encubierta de Rusia provocaron un vertido de petróleo en el mar Negro que desencadenó una grave crisis medioambiental. Las autoridades atribuyeron el incidente a la negligencia de los operadores rusos, y la magnitud de los daños intensificó las llamadas de la comunidad internacional para adoptar medidas contundentes que permitan disuadir la actividad de esta flota opaca. Una investigación conjunta de Politico y SourceMaterial reveló que, desde 2021, al menos nueve buques de la red encubierta rusa han estado implicados en vertidos de petróleo en aguas internacionales, desde Tailandia y Vietnam hasta Italia y México, incluyendo corredores marítimos estratégicos como el mar Rojo y el canal de Panamá. Estas fugas representan un grave peligro para la biodiversidad marina y degradan ecosistemas que a menudo no se pueden recuperar o que exigen esfuerzos monumentales por parte de los estados afectados, que, además, se encuentran con la imposibilidad de señalar a un responsable directo o exigir compensaciones a ningún gobierno.