La eurodiputada Clara Ponsatí ha sacado los colores a España. En un debate sobre pobreza energética en el Parlamento Europeo, Ponsatí ha pedido medidas concretas para erradicar y combatir la situación en que viven miles de familias. Ponsatí ha recordado que en España existe el mayor barrio de chabolas de todo Europa, la Cañada Real. Allí viven miles de personas sin electricidad desde hace más de un año, ha explicado la eurodiputada. "Las administraciones de España, y de Madrid, son incapaces de abordarlo (el asunto de la Cañada Real)", ha afirmado Ponsatí en el hemiciclo. La compañía de luz y gas Naturgy decidió cortar el suministro de luz justificando conexiones ilegales en las líneas de luz y sobrecargas en las redes. Ponsatí ha preguntado a la Unión Europea de qué forma abordará el problema de la pobreza energética y de qué manera prevendrá que empresas energéticas como Naturgy corten el suministro a familias vulnerables.

Naturgy trabajó para desconectar de la red eléctrica una docena de viviendas señaladas como "de alto consumo" en el sector 5 de la Cañada Real Galiana. El procedimiento no restituyó la luz de las viviendas familiares y ha hecho crecer la indignación entre los vecinos por la posición defendida por la compañía y la Comunidad de Madrid con respecto al corte general del servicio de luz por sobrecargas y conexiones ilegales. Ya hace casi un año que este barrio de chabolas se ve afectado por constantes cortes de luz. De hecho, han pasado todo el invierno sin poder disfrutar de un suministro normal y han tenido que usar bombonas de butano.

La ONU advierte a España

La Organización de las Naciones Unidas no le sirven las explicaciones del Gobierno, creen que es una falta de irresponsabilidad el conflicto latente en el asentamiento madrileño de la Cañada Real. Allí, unas 4.000 personas viven sin luz desde hace meses y por eso, la ONU ha exigido a Pedro Sánchez que no incumpla las obligaciones internacionales y que no desatienda las quejas con justificaciones de asuntos internos. Por eso, la organización ha reclamado "medidas urgentes" del gobierno central a la vez que ha invocado el pacto firmado en el 2017 por las administraciones para ponerle fin al problema.

"Estos hechos podrían haberse evitado dejando al lado una pugna política y cumpliendo las obligaciones de España en materia de derecho internacional", ha asegurado. Un representante de la ONU, Olivier De Schutter, también demostró su malestar a través de twitter: "Lo irresponsable de forma verdadera es dejar a los niños sin electricidad en mitad del invierno".

Olivier De Schutter ha criticado que el Ejecutivo español no atienda sus peticiones, que él mismo envió a mediados de diciembre al lado de otros ocho relatores. "Es pues alarmando no haber recibido en este caso la información requerida en su debido tiempo, máximamente cuando corren peligro vidas humanas", ha alertado. "La información presentada en esta comunicación incluye alegaciones muy serias de las cuales esperamos obtener respuestas adicionales por parte del Gobierno de su Excelencia, si bien ya fuera de plazo". Aquel escrito se hizo llegar a Moncloa con fecha de 16 de diciembre y había dos meses para contestar. Aunque la carta de Gasco es del 25 de enero, Naciones Unidas entiende que no se ha atendido sus exigencias.