Nuevo episodio surrealista en Estados Unidos en relación con la política migratoria de la actual administración de Donald Trump. Dos bomberos que colaboraban en las tareas de extinción de un incendio forestal en el estado de Washington, en el noroeste del país, han sido detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza. Según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado, los agentes descubrieron que los dos trabajadores, que habían sido contratados por empresas privadas, se encontraban ilegalmente en el país, así que procedieron a su detención en medio del operativo para apagar el fuego. El inédito contexto de la operación migratoria, llevada a cabo en medio de un desastre natural, ha generado una gran polémica en el país. "Arriesgamos nuestras vidas aquí para salvar la población y así es como nos tratan", ha lamentado uno de los bomberos bajo condición de anonimato.

Los dos bomberos trabajaban para empresas privadas expresamente contratadas por las autoridades para ayudar a combatir el Bear Gulch Fire, un incendio forestal que quema desde principios de julio y ya ha devastado más de 3.600 hectáreas en la península Olímpica del estado de Washington. La detención se produjo en el marco de una batida migratoria que tenía como objetivo "identificar varias discrepancias en la lista de bomberos contratados", según han informado las autoridades federales. Después de examinar la documentación de 44 bomberos, "se descubrió que dos personas estaban presentes ilegalmente en Estados Unidos, una de ellas con orden de expulsión previa", lee el comunicado. En consecuencia, los dos bomberos indocumentados han sido detenidos y puestos bajo custodia judicial, acusados de entrada y reentrada ilegal en el país. Poco después, la Oficina de Gestión de Tierras ha rescindido los contratos con las dos empresas responsables de la contratación de los "bomberos ilegales".

"No hay palabras para describir esta crueldad"

La operación ha sido duramente criticada por los demócratas de la región, que han considerado la detención de los dos bomberos como una evidencia de los excesos derivados de la ofensiva antiinmigración de Donald Trump. Bob Ferguson, gobernador demócrata del estado de Washington, ha dicho en un comunicado en X que estaba "profundamente preocupado" y ha pedido en su oficina que recopile más información sobre lo que ha pasado. "He preguntado a mi equipo que contacte en los organismos federales para obtener más información, determinar dónde están estas dos personas y cuestionar por qué las políticas migratorias del gobierno de Trump ahora llegan a los que combaten incendios forestales", ha declarado Ferguson posteriormente en un comunicado a la CNN. En la misma línea, Patty Murray, senadora del estado de Washington, ha tildado de "repugnante" la política migratoria de la actual administración. "Nadie tendría que pensar que eso era necesario. Estos bomberos arriesgaron sus vidas por todos nosotros, y Trump los está encarcelando", ha lamentado. "No hay palabras para describir esta crueldad", ha añadido su compañera a la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal. "Es absurda y contraria a los intereses de Estados Unidos".

Según la Agencia de Protección Fronteriza, la operación "no dificultó las operaciones de extinción de incendios ni la respuesta a los fuegos activos en la región". En su lugar, "este esfuerzo conjunto resalta la coordinación entre organismos federales para garantizar la integridad de las operaciones gubernamentales y mantener la confianza pública". El comunicado concluye asegurando que "la Patrulla Fronteriza de EE.UU. hace cumplir firmemente las leyes del país y aborda sin titubeos las violaciones a la ley migratoria dondequiera que se presenten". El incendio forestal de Washington, que quema desde el 6 de julio, solo ha sido contenido en un 13%, y se prevé que las tormentas eléctricas y fuertes vientos de los próximos días compliquen todavía más las tareas de extinción.

Una campaña de deportaciones masivas que no hace excepciones

La desafortunada batida migratoria de la Patrulla Fronteriza se produce en un momento en que el presidente Donald Trump ha articulado una campaña de deportaciones masivas en todo el país. En los primeros siete meses de su segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a casi 200.000 personas, lo que sitúa a la agencia federal muy cerca de alcanzar el ritmo más alto de deportaciones en al menos una década. Sin embargo, esta cifra todavía se encuentra muy por debajo del millón de deportaciones anuales que Trump se ha propuesto conseguir. Bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) aseguró que no haría operativos migratorios "en lugares donde se brinde respuesta y ayuda ante desastres y emergencias". Trump, durante su primer mandato, siguió una línea similar: cuando varios incendios arrasaron el norte de California en el 2018, el DSN anunció que "suspendería las operaciones migratorias rutinarias en las zonas afectadas por los incendios". Parece, sin embargo, que la postura del polémico magnate ha cambiado durante su segundo capítulo en la Casa Blanca.

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