Polémica por una nueva ley en Uganda. El presidente del país, Yoweri Museveni, ha aprobado una polémica ley contra la homosexualidad que incluye largos castigos de prisión y la pena de muerte para algunos delitos y que ha sido condenada por países occidentales, según ha informado este lunes la presidenta del Parlamento ugandés, Anita Annet Among.

Museveni "ha ejecutado su mandato constitucional. Ha dado su consentimiento a la Ley Antihomosexualidad", ha afirmado Among en su cuenta de la red social Twitter sobre una de las leyes contra la comunidad LGBTIQ más estrictas del mundo.

Objetivo: "proteger a la familia"

"Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo", ha subrayado la presidenta del Legislativo ugandés.

Among ha agradecido a Museveni su "firme acción en interés de Uganda" y a los parlamentarios que aprobaron la norma "para resistir toda la presión de los intimidadores y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país". "El pueblo de Uganda ha hablado y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, inalterable y firme," ha concluido.

El recorrido de esta nueva ley antihomosexualidad

Museveni promulgó el nuevo proyecto de ley que el Parlamento aprobó el día 2 pasado y que todavía incluye largos castigos de prisión y la pena de muerte para algunos delitos, a pesar del deseo del mandatario que se suavizara el texto original después de una dura condena de Occidente.

El jefe de Estado se había negado a ratificar el polémico proyecto aprobado el 21 de marzo pasado por el Parlamento, y pidió que se modificara para que no condene la identidad de las personas LGBTIQ, sino sus actos. La Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios secundó la petición del presidente y anuló las cláusulas que aludían a la identidad.

Según la presidenta de la comisión, Robina Rwakoojo, esta enmienda procedió porque "la intención del proyecto es criminalizar los actos sexuales cometidos por personas del mismo sexo y no castigar a una persona con base a su sexualidad percibida o apariencia física".

Pena de muerte y prisión

Sin embargo, el delito de la "homosexualidad agravada" (término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables) se mantiene castigado con la pena de muerte. La versión anterior también requería que los ugandeses informaran a la Policía de cualquier actividad homosexual sospechosa o, en caso contrario, se podían enfrentar a seis meses de prisión.

Los legisladores acordaron enmendar esta disposición después de que Museveni advirtiera el mes pasado que se corre el riesgo de provocar "conflictos a la sociedad". Ahora, el requisito de informar solo se aplica a los presuntos delitos sexuales contra niños y personas vulnerables, con una pena aumentada a cinco años de prisión.

De acuerdo con la ley recién promulgada, cualquier persona que "promueva la homosexualidad sabiendo" puede ser condenada hasta veinte años de prisión, una disposición que no se modificó con respecto al proyecto de ley original.

La comunidad internacional critica la nueva ley antihomosexualidad

El texto legislativo ha estado duramente criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos, así como por organizaciones de derechos humanos. "Es abominable que el parlamento haya retenido el proyecto de ley contra la homosexualidad que fue aprobado por el Parlamento de Uganda en marzo. Esta ley despectiva viola descaradamente los derechos humanos de las personas LGBTI en Uganda", denunció el pasado día 2 Amnistía Internacional (AY).

En el 2014, Museveni ya aprobó una ley que pedía la cadena perpetua para los "homosexuales reincidentes", pero el Tribunal Constitucional ugandés acabó anulándola después de argumentar que no hubo bastante cuórum durante su votación en el Parlamento.

Actualmente, en Uganda prevalece una ley de 1950 –el país se independizó del Reino Unido en 1962– que penaliza incluso con cadena perpetua las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, si bien no suele aplicarse.