La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este miércoles la suspensión de la polémica reforma de las pensiones, que había provocado una de las crisis sociales más fuertes del mandato de Emmanuel Macron. Con 255 votos a favor y 146 en contra, la medida supone una pausa hasta enero de 2028 en la aplicación del aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y en el incremento de los trimestres de cotización necesarios para obtener una pensión completa. El acuerdo, fruto de intensas negociaciones entre el primer ministro Sébastien Lecornu y el Partido Socialista, ha permitido al gobierno evitar una nueva moción de censura que podría haber hecho tambalear su frágil equilibrio parlamentario. La suspensión se ha incluido como un artículo dentro del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, que el gobierno debate estos días.

La votación ha dibujado alianzas inesperadas. El Partido Socialista, los Verdes y la ultraderecha de Marine Le Pen han votado conjuntamente a favor, mientras que el grupo presidencial de Renaissance —partido de Macron e impulsores de la reforma hace solo dos años— se ha abstenido para mantener la palabra dada al primer ministro. La derecha tradicional, representada por Los Republicanos, ha votado en contra, y La Francia Insumisa y el Partido Comunista han rechazado la propuesta, argumentando que solo una derogación total garantizaría justicia social.

El líder socialista, Olivier Faure, criticó duramente la postura de LFI y ha considerado la votación “una victoria para el mundo del trabajo: el tótem del macronismo ha sido sacudido”. Por otra parte, desde la derecha, el senador Bruno Retailleau considera lo sucedido como “una capitulación por parte de un gobierno cobarde” y acusa a Lecornu de “sacrificar el futuro de nuestras generaciones más jóvenes por supervivencia política”.

Congelar esta propuesta tendrá un coste muy elevado

Aunque la suspensión no implica todavía una derogación definitiva, la decisión marca un punto de inflexión simbólico. Es la primera vez desde 2023 que el Parlamento se pronuncia sobre una ley que generó meses de protestas y huelgas masivas en toda Francia. Fuentes del Ministerio de Trabajo estiman que la pausa tendrá un coste de unos 300 millones de euros el próximo año y de aproximadamente 1.900 millones en 2027, un gasto que el gobierno prevé compensar con un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas improductivas.

La reforma de las pensiones había sido presentada como una piedra angular de su proyecto de modernización económica, pero ahora queda congelada hasta después de las próximas elecciones presidenciales. Con esta maniobra, Lecornu gana tiempo y estabilidad, pero también confirma la fragilidad de un ejecutivo obligado a buscar alianzas cambiantes en un Parlamento fragmentado.