El ministro de Finanzas de Israel, el radical Bezalel Smotrich, ha indicado en una reunión del gabinete de seguridad israelí sobre el proyecto de ley de pena de muerte para terroristas que un judío que trabaje para Irán “para hacer daño al estado de Israel” podría ser ejecutado con la propuesta legal en mano. El pasado día 11 de noviembre, la Knéset, el parlamento israelí, aprobó con 39 votos a favor y 16 en contra el proyecto de ley que propone la pena de muerte obligatoria para aquellos que sean condenados como terroristas que actúen contra el estado de Israel, un requisito que algunas organizaciones apuntan que solo se utilizará contra palestinos acusados de matar israelíes. “Un judío que trabaje para Irán y cometa un asesinato contra el estado de Israel podría ser ejecutado”, ha afirmado el ministro ultraderechista en una sesión nocturna este jueves del gabinete de seguridad, según filtraciones de la reunión publicadas este viernes por el diario israelí Ynet.
Los medios israelíes apuntan que Eyal Zamir, el jefe del estado mayor del ejército, no ve “ningún obstáculo” para una ley de pena de muerte, si bien apoya la discrecionalidad judicial y se opone a que la pena de muerte sea obligatoria. Según el borrador del proyecto de ley, la pena de muerte se aplicaría contra quienes causen “la muerte de un ciudadano israelí, sea intencionadamente o imprudentemente, por motivo de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra”, razón por la cual grupos pro derechos humanos y ONG como Amnistía Internacional apuntan que es una medida dirigida contra los palestinos. “[La pena de muerte] no debería imponerse en ninguna circunstancia, y mucho menos utilizarse como un arma descaradamente discriminatoria de asesinato, dominación y opresión sancionados por el estado. Su imposición obligatoria y aplicación retroactiva violaría las prohibiciones claras establecidas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de este castigo”, apuntaba Erika Guevara Ross, de Amnistía Internacional, en un comunicado cuando se aprobó la primera lectura del proyecto de ley.
Los radicales no se fían del poder judicial
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el también radical y ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha argumentado que la sentencia debe ser obligatoria y ha afirmado que no confía en que el fiscal general ni los fiscales estatales soliciten la pena de muerte con suficiente recurrencia y ha calificado el proyecto como “una ley histórica que disuadirá, prevendrá nuevos secuestros y hará justicia”. Las filtraciones de los medios israelíes apuntan a un cambio de posición de la agencia de inteligencia interior israelí, el Shin Bet, respecto a este proyecto de ley. Mientras que anteriores jefes de la agencia se mostraron en contra de esta medida, el nuevo director del Shin Bet, David Zini, se ha mostrado favorable a la pena de muerte y ha dicho que representaría “una herramienta altamente disuasoria” contra los terroristas.
ONG creen que podría ser usado contra palestinos
La investigación al respecto indica que la pena de muerte no supone un elemento disuasorio importante para los criminales ordinarios, y apunta que sus efectos sobre los terroristas —que ya se están jugando la vida— podría ser incluso menor. Grupos pro derechos humanos palestinos han indicado que “el aspecto más alarmante” del proyecto de ley es que, si se convirtiera en ley, podría ser usada de forma retroactiva contra palestinos que están en prisiones israelíes acusadas de terrorismo, como es el caso de muchos de los palestinos capturados desde el 7 de octubre de 2023. El ministro de justicia israelí ha dicho que está buscando el apoyo de la Knéset para establecer un tribunal penal especial para juzgar a los habitantes de Gaza acusados de estar involucrados en los ataques del 7 de octubre de 2023, en un proceso que podría resultar en penas de muerte para los condenados.