Las fuerzas de seguridad de Nepal han informado de que al menos trece personas han muerto y más de 350 han sido heridas este lunes en Katmandú, la capital del país asiático, durante los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiales a raíz de la prohibición del acceso en las principales redes sociales por incumplir la legislación nepalí. Las manifestaciones, lideradas por la generación Z y que también protestaban contra la corrupción del ejecutivo de Nepal, se han extendido en varias ciudades más del país. La generación Z son aquellas personas nacidas aproximamente entre 1997 y 2012, es decir, jóvenes de entre 13 y 28 años.

Veto a las principales redes sociales

El jueves pasado, las autoridades del país asiático anunciaron la prohibición del acceso a 26 redes sociales y plataformas de mensajería móvil, como WhatsApp, Facebook, X, Instagram y YouTube, entre otros, después de que estas evitaran registrarse en el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica, tal como obligaba al gobierno nepalí y que expiró el miércoles pasado. Estas aplicaciones estarán bloqueadas hasta que cumplan esta normativa.

La generación Z, los más consumidores de estas aplicaciones, salieron a la calle e intentaron ir hacia el Parlamento y se acabaron propagando por todo el mapa nacional, de este a oeste, destacando las grandes ciudades como Pokhara, Biratnagar, Nepalgunj o Ithari.

La magnitud y la extensión geográfica de las protestas plantean un reto destacado al gobierno nepalí, mientras crece la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil para que el Ejecutivo revise la prohibición de las 26 redes sociales bloqueadas y busque una salida pacífica a la crisis. La oposición ya criticó duramente la medida y advirtieron que eso podría suscitar un "desorden público" a las calles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su "grave preocupación" por la escalada y reclamó moderación tanto a manifestantes como a fuerzas de seguridad, después de denunciar que incluso sus equipos de observación fueron atacados. "La Constitución y el derecho internacional garantizan el derecho a la disidencia pacífica", ha recordado en un comunicado, calificando "lamentable" la violencia y el uso excesivo de la fuerza.