Las autoridades iraníes han intensificado durante los últimos meses el uso de la pena de muerte contra personas acusadas de delitos políticos o de seguridad, en un contexto marcado por la represión interna y el aumento de la tensión regional. Organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas alertan de que Teherán utiliza las ejecuciones como herramienta para silenciar la disidencia después de las protestas antigubernamentales y del deterioro de la situación geopolítica en Oriente Próximo.
Según datos verificados por la ONU, al menos 32 presos políticos han sido ejecutados desde el 28 de febrero, coincidiendo con la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos. Amnistía Internacional calcula que, en total, este año ya se han registrado 45 ejecuciones vinculadas a motivaciones políticas, una cifra que evidencia un fuerte aumento respecto a los últimos años.
Varios de los condenados habían sido acusados de espionaje para Israel o la CIA, mientras que otros mantenían presuntos vínculos con grupos opositores en el exilio. Una parte importante de los detenidos había participado en las protestas que sacudieron el país este año y que fueron reprimidas con contundencia por las fuerzas de seguridad iraníes.
Varios casos con nombre y apellido
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos de los procesos judiciales se han desarrollado sin garantías y con acusaciones basadas en confesiones obtenidas bajo coacción. El caso de Mehrab Abdollahzadeh, un hombre kurdo ejecutado recientemente después de pasar más de tres años en el corredor de la muerte, se ha convertido en símbolo de las denuncias contra el sistema judicial iraní.
Abdollahzadeh había sido arrestado durante las protestas desencadenadas en 2022 por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, la joven detenida por presuntamente llevar mal colocado el velo islámico. Las autoridades lo acusaban de estar implicado en la muerte de un miembro de la milicia Basij, vinculada al régimen.
Antes de su ejecución, el preso envió un mensaje de voz desde la prisión central de Oromiyeh, en el oeste del país, en el que aseguraba que había sido obligado a confesar bajo tortura. "Ninguno de los cargos es cierto. Soy inocente", afirmaba en el audio difundido por la Red de Derechos Humanos del Kurdistán. Según esta organización, Abdollahzadeh fue ejecutado sin que la familia ni sus abogados recibieran notificación previa, y el cuerpo aún no ha sido devuelto a los familiares.
Falta de transparencia en juicios
La preocupación internacional también se ha intensificado por la rapidez de los juicios y por la falta de transparencia de los procedimientos. Varias ONG aseguran que las autoridades iraníes utilizan de manera recurrente acusaciones de espionaje o de "guerra contra Dios" para justificar condenas a muerte contra activistas, estudiantes o miembros de minorías étnicas.
Otro caso reciente es el de Erfan Shakourzadeh, estudiante de ingeniería aeroespacial de 29 años ejecutado en mayo después de ser acusado de compartir información con servicios de inteligencia extranjeros. Según la organización Hengaw, el joven también denunció haber sido torturado y sometido a aislamiento antes de confesar.
Las ejecuciones en Irán se llevan a cabo habitualmente al amanecer mediante ahorcamiento. Amnesty International asegura que muchas se comunican públicamente con el objetivo de intimidar a la población y reforzar el control social. La organización calcula que el año pasado el régimen iraní ejecutó a más de 2.100 personas, la cifra más elevada registrada en el país desde finales de los años ochenta.
En busca de la autoridad (de nuevo)
Varios analistas consideran que el régimen intenta recuperar autoridad después de las protestas internas y del impacto político de la guerra regional. "El mensaje que quiere transmitir el gobierno es que continúa manteniendo el control", explican activistas kurdos y observadores independientes.
A pesar de las críticas internacionales, el poder judicial iraní ha defendido públicamente las condenas. El jefe de la judicatura, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó recientemente que los tribunales no cederían ante las presiones externas sobre las sentencias relacionadas con las protestas. La combinación de represión interna, tensión militar y deterioro de las libertades civiles ha incrementado la preocupación de las organizaciones internacionales, que alertan de que el número de ejecuciones podría continuar aumentando en los próximos meses.