El gobierno francés ha decretado este miércoles la ilegalización y disolución del colectivo ecologista Les Soulèvements de la Terre (SdT), uno de los más activos en el país, acusándolos de "ecoterrorismo". El Ministerio del Interior francés, encabezado por Gérald Darmanin —del partido Renaissance del presidente Emmanuel Macron— alega que provocan "acciones violentas" y los acusa de "defender y justificar la práctica del ecosabotaje". Además de la disolución de la organización ecologista, la Gendarmería ha detenido a una quincena de miembros del grupo.

El ministro del Interior francés, que ya había anunciado anteriormente sus intenciones de ilegalizar esta organización, ha afirmado que algunos de sus activistas han mostrado "una violencia extrema contra las fuerzas policiales". La decisión coincide con un conjunto de protestas convocadas por Les Soulèvements de la Terre durante los últimos meses, entre las cuales, la que más alboroto generó fue una en marzo contra un proyecto de embalse en el oeste del país. El sábado pasado también organizaron una concentración contra una línea de tren en los Alpes, entre Lyon y Turín, que implicará construir un túnel de unos 50 kilómetros de largo.

"Con el pretexto de defender la conservación del medio ambiente, este colectivo fomenta el sabotaje y los daños materiales, incluso con la violencia", ha afirmado al ministro Darmanin. Por su parte, el portavoz del gobierno de Macron, Olivier Véran, ha justificado que la disolución del grupo ecologista "no censura la organización de protestas" por el medio ambiente, "sino la violencia". Según Véran, la policía requisó 350 "armas" a los manifestantes de la protesta contra el túnel de tren en los Alpes, que fueron cerca de 5.000 activistas, en una marcha que el gobierno había prohibido previamente para prevenir enfrentamientos con la policía. La jornada acabó con una docena de agentes de policía heridos.

Concentraciones de protesta por todo el país

Los activistas de Les Soulèvements de la Terre han respondido a la medida del gobierno francés haciendo un llamamiento a manifestarse en todos los pueblos y ciudades del país. El grupo ecologista considera que se les criminaliza y acusa a la industria agrícola de estar detrás e instar al gobierno a tomar la decisión. En un comunicado emitido esta semana, la organización ha reivindicado que a pesar de la prohibición, el movimiento está "vivo" y es "colectivamente imparable", ya que aseguran que cuentan con una "fuerte red" de 110.000 miembros,180 comités locales y simpatizantes a sindicatos y la vida pública. Los abogados de los Soulèvements también han anunciado su intención de presentar un recurso ante el Consejo de Estado contra la disolución del colectivo, porque la decisión "ataca las libertades fundamentales".

Partidos de izquierdas como La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, así como entidades, ONG y académicos se han posicionado en contra de la ilegalización y han mostrado su apoyo a la entidad ecologista. "Los activistas de Les Soulèvements de la Terre tienen que ser escuchados, no reprimidos como terroristas, porque no lo son. La emergencia ecológica tiene que ser entendida", ha expresado Mélenchon en un mensaje a las redes sociales.