El excomisario europeo de Justicia y ex vice primer ministro belga, Didier Reynders, ha sido formalmente acusado de blanqueo de capitales y de otros posibles delitos, según han publicado los diarios Le Soir, De Standaard y otros. Según los medios belgas, las explicaciones sobre el dinero en efectivo que se gastaba en compra de billetes de lotería, hasta 3.000 euros al día, no han convencido al juez instructor, que formalizó los cargos en el mes de octubre. El excomisario, del partido liberal Movimiento Reformista, fue un gran aliado de Ciudadanos en las instituciones europeas y se vio involucrado en las negociaciones para la ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial dentro de la política española y catalana. 

Investigan 1.000.000 de euros

El político belga, que también ocupó el cargo de ministro de Finanzas (1999-2011) y ministro de Asuntos Exteriores (2011-2019), fue comisario hasta el 30 de noviembre de 2024. Empezó a ser investigado tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica, que detectaron transacciones sospechosas en las que había implicadas grandes sumas utilizadas para la compra de lotería electrónica. El pasado agosto salió a la luz, por otra parte, que la Fiscalía belga había abierto una investigación al banco ING en Bélgica por posible tráfico de influencias en el marco del caso de supuesto blanqueo de capitales. Las autoridades están examinando la adquisición de lotería por valor de 200.000 euros por parte de Reynders y buscan clarificar la procedencia de cerca de 800.000 euros depositados en cuentas corrientes a su nombre en un lapso de diez años.

Reynders y Catalunya

Durante su época como comisario de Justicia, Reynders era el encargado de vigilar la aplicación del derecho europeo y hacer cumplir los principios del Estado de derecho a los Estados miembros. Por ello, se vio involucrado en la negociación de la ley de amnistía, como el momento en el que pidió los contenidos de la misma al gobierno español cuando el texto del proyecto de ley aún no había sido acordado ni finalizado. En su papel de comisario, también hizo de mediador entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Más allá de eso, también fue polémico su encuentro con Societat Civil Catalana en el marco del conflicto por la aplicación del 25% de castellano en las aulas, ya que los comisarios, según el código de conducta, no pueden reunirse con organizaciones no registradas, como era el caso de SCC. En cambio, rechazó reunirse con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, quien denunció que no era “apto para elaborar informes sobre el cumplimiento del Estado de derecho”.