Etiopía es el Estado africano más antiguo y el segundo más poblado, con una población de más de 100 millones de habitantes. Históricamente ha sido un país que ha sido capaz de mantenerse independiente a pesar del reparto colonial surgido de la Conferencia de Berlín de 1884 y la conquista de la Italia fascista de Mussolini, aunque con la Segunda Guerra Mundial poco le duró el dominio colonial etíope al dictador. Sin embargo, este pasado como entidad política independiente no hace que sea un país socialmente homogéneo.
Como la mayoría de países africanos, Etiopía también está integrada por una grande cantidades de etnias. Actualmente, todas ellas conviven dentro de un sistema gubernamental federalista, el cual no ha podido evitar ni las tensiones internas entre las diferentes minorías ni los conflictos exteriores, especialmente con Eritrea. Así, este Estado tiene dos grandes grupos étnicos, los Oromo i Amhara, qué juntos representan casi el 60% de la población del país y que controlan el gobierno. Por otra parte, los ciudadanos de Tigre, una región autónoma del norte del país que hace frontera con Eritrea y el Sudán, suponen dentro del contexto estatal poco más del 7% de la población. Una cifra que los convierte en el tercer grupo étnico del país del Cuerno de África.
La democracia llegó a Etiopía en 1991, cuando las fuerzas de la coalición del Frente Democrático Revolucionario Popular de Etiopía, donde se incluían los partidos políticos de las diferentes etnias, hicieron caer el régimen comunista que desde 1974 gobernaba con mano de hierro el país. Desde entonces el país disfrutó de un cierto crecimiento económico, político y social.
Esta situación de calma se ha visto truncada en los últimos años. ¿Cuáles son las principales razones? Las pretensiones centralizadoras del presidente y Premio Nobel de Pau Abiy Ahmed de la etnia Oromo, la creación de un partido único al poder que puso fin a la coalición que desde los noventa gobernaba el país, y la apertura de relaciones institucionales con Eritrea (enemigo histórico de Tigre). Desde la región de Tigre, estas nuevas políticas fueron vistas como una amenaza y, además, muchos de sus líderes fueron perseguidos y alejados de los órganos de gobierno por parte de las autoridades estatales. Este escenario se ha convertido en la chispa que ha encendido las tensiones entre el Estado y Tigre.
Las elecciones regionales que convocó el gobierno de Tigre a finales de 2020 fueron por parte del gobierno federal la excusa para intervenir militarmente en la región. Por el gobierno central estas elecciones celebradas en tiempo de pandemia fueron vistas como una amenaza y, por este motivo (sumado también a un supuesto ataque a una base militar del gobierno), empezó una rápida intervención militar etíope que, paradójicamente, recibió la ayuda de su enemigo histórico: Eritrea.
Con la escalada bélica, Abiy Ahmed consideró el partido FPAT (Frente Popular de Liberación de Tigre) como una organización terrorista, prohibió la entrada de periodistas internacionales en la región, cortó las comunicaciones e internet y declaró, una vez capturada la capital (Mekele), la victoria militar en la región.
A pesar de los mensajes triunfalistas del gobierno, la situación todavía no ha finalizado, ni mucho menos. Las fuerzas de Tigre todavía controlan casi la mitad de su territorio y los combates siguen produciéndose en las zonas montañosas, donde resisten las milicias locales. Además, las condiciones de vida de los millones de desplazados y los millares de personas que han sufrido los abusos de las tropas gubernamentales y de Eritrea están lejos de mejorar. Se calcula que más de cinco millones de personas de Tigre necesitan ayuda humanitaria urgente. Por añadidura, alrededor de dos millones de personas han tenido que desplazarse y decenas de miles se han exiliado en el Sudán.
Imagen de exiliados en Sudan - Foto: Efe
En este contexto de guerra todavía no concluida, las Naciones Unidas han declarado que los acontecimientos protagonizados por las tropas gubernamentales, con acciones como la destrucción de poblados enteros y el asesinato o expulsión de sus habitantes, pueden llegar a ser considerados como una estrategia de limpieza étnica de la zona septentrional de Etiopía. Por su parte, la Unión Europea no ha actuado con la contundencia que se espera hacia las situaciones de injusticia y abuso de las fuerzas armadas dirigidas contra las minorías, y la nueva administración Biden tampoco ha sido capaz de detener la escalada bélica.
Cuando pensamos que el mundo evoluciona hacia una sociedad más justa e igualitaria y que los episodios genocidas forman parte del siglo XX afloran viejos y nuevos conflictos, entre ellos Israel y Palestina y el Sáhara Occidental y Marruecos. Todos ellos nos devuelven a la realidad dantesca en que se está convirtiendo el mundo actual y nos muestran, además, la incapacidad política actual para solucionar los problemas geopolíticos. A ver cómo evoluciona esta década del siglo XXI, porque de momento, pocas esperanzas hay.